El consejero de IU de Asturias no se someterá al control parlamentario hasta que la derecha no levante el veto a la ley de Vivienda

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes que dejará de acudir a las sesiones de control parlamentario que planteen PP, Vox y Foro por su actitud de bloqueo con la tramitación de la ley de Vivienda dada su negativa a asistir a las reuniones de la ponencia encargada de elaborar el dictamen lo que impide alcanzar el quórum necesario para constituirla, y por tanto, aprobarla.

Antes de abandonar la sesión para dar cumplimiento a su anuncio, Zapico así lo ha avanzado durante su respuesta ante el pleno de la Cámara a una interpelación sobre vivienda de Vox a la vez que entregaba una solicitud de amparo al presidente de la Junta General del Principado, Juan Manuel Cofiño, que ha protagonizado un enfrentamiento con el grupo popular al negarse a dar el uso de la palabra a su diputado José Agustín Cuervas-Mons en medio de reiteradas peticiones de silencio al grupo popular.

Cofiño ha llamado al orden por dos veces a Cuervas-Mons por insistir en tomar la palabra -a la tercera habría sido expulsado- y la discusión ha seguido cuando el también parlamentario del PP Rafael Alonso ha tomado la palabra y, tras pedirle que se ciñera a la cuestión, el presidente de la Junta ha lamentado que fuera “recurrente con chistecitos de mal gusto” y le ha advertido de que “para ser gracioso, hay que tener gracia”, momento en el que han abandonado la sesión los diputados populares junto a los de Vox y al de Foro.

La sesión ha continuado en ausencia de los grupos de oposición, lo que ha impedido que se sustanciaran cuatro preguntas de esas formaciones que han regresado al hemiciclo para el debate del resto del orden del día, lo que ha llevado a Cuervas-Mons a criticar, al inicio de su defensa de una proposición no de ley sobre vivienda, la “antidemocrática, irracional e impresentable” actitud del presidente de la Cámara.

Al margen de la polémica con los grupos de oposición, Cofiño ha advertido al consejero de Ordenación del Territorio tras recibir su petición de amparo que el sometimiento del Gobierno al control parlamentario “es una piedra angular del sistema democrático” tras anunciar que ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobra las “anomalías” en el proceso de tramitación de la ley de Vivienda.

A la luz de ese informe “sosegado y detallado” y del artículo 20 del reglamento de la Cámara que establece la obligación de los diputados de asistir a los órganos parlamentarios, la Mesa de la Junta General tomará “las decisiones que correspondan” una vez esclarecidos los hechos que han rodeado a la tramitación del proyecto de ley de Vivienda.

En su petición de amparo, el consejero señala que la ausencia de los diputados del PP, Vox y Foro para impedir que haya quórum en la ponencia constituye “un hecho de extraordinaria gravedad” que constituye “un auténtico golpe institucional” al utilizar de forma deliberada la ausencia como instrumento para impedir que el parlamento pueda ejercer sus funciones.

Para Zapico, en caso de normalizar esta situación y si se mantiene intacta la normalidad de la actividad parlamentaria, se estará contribuyendo “a un deterioro institucional que puede llegar a ser irreversible” por lo que anuncia que suspenderá “de manera indefinida” su relación con la Junta General en lo que a iniciativas de control de la oposición se refiere mientras persistan las circunstancias actuales.

“Ustedes son los tontos útiles de esta operación porque detrás están los poderes económicos de nuestra comunidad autónoma que situaron el foco en el proyecto de ley de Vivienda”, ha advertido.

El Gobierno pretendía incorporar el dictamen de la ley al orden del día del pleno del próximo viernes, que habría aprobado así la primera normativa autonómica de vivienda del Principado coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre.

La aprobación del dictamen en la ponencia, paso previo a su remisión al pleno, se vio retrasada por un recurso del PP al advertir visos de inconstitucionalidad en las enmiendas incorporadas por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, una posibilidad que fue descartada por los servicios jurídicos de la Cámara.

A esta circunstancia se unió la inasistencia de los diputados de la derecha a las reuniones de la ponencia alegando cuestiones como el incumplimiento del plazo de 48 horas reglamentario para su convocatoria o la coincidencia con otras actividades parlamentarias incluida la presentación de un libro que se celebró ayer en la Junta General del Principado.