La madre de un enfermo de esquizofrenia paranoide tutelado por el Principado solicita ayuda al defensor del Pueblo
La asturiana María Pilar Martínez Castañón ha recurrido al Defensor del Pueblo y a la Casa del Rey para pedir ayuda para su hijo. Jesús Manuel Rodríguez Martínez cumplirá 55 años el próximo 2 de octubre. Diagnosticado desde los 17 años de esquizofrenia paranoide y con un grado uno de dependencia reconocido, está incluido en la lista de espera de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
María Pilar asegura que ella no puede atender a su hijo porque está incapacitado y la curatela le corresponde a la administración autonómica asturiana. Pero él continuamente regresa al domicilio familiar.
Jesús Manuel se niega a ir a las pensiones que le asigna la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD), encargada de la gestión de su alojamiento, porque sostiene que “están en condiciones infrahumanas e insalubres”. Una opinión que comparte su madre.
“Me decía cosas rarísimas”
María Pilar percibió los primeros síntomas de la enfermedad de su hijo cuando éste tenía 16 años porque empezó a decirle “cosas rarísimas”.
“Mi hijo había ido a la antigua Galerías Preciados en Oviedo a suplir unas vacaciones para clasificar el cartón de la tienda. Ese día había marchado de casa a las siete de la mañana y habíamos quedado en vernos más tarde. Cuando fui a buscarle ya me llamó la atención porque le vi salir del establecimiento con una mirada diferente”, relata su madre.
Lo primero que le dijo es que había salido en los periódicos porque había robado. Ella, preocupada, entró con él al centro comercial para preguntar a la encargada qué había pasado y ésta se quedó muy sorprendida ante su comentario. Le contestó que no había habido incidente alguno y que Jesús Manuel había trabajado con normalidad en un cuarto seleccionando el cartón.
A partir de ahí, los episodios delirantes fueron a más. Empezó a decir que le perseguían y no quería salir de casa. Tampoco se mostraba colaborador. En esa época murió su abuela y, según cuenta María Pilar, su hijo Jesús Manuel que estaba muy unido a ella intentó suicidarse.
De la unidad de Psiquiatría al domicilio familiar
“Tuvo multitud de ingresos psiquiátricos a la fuerza por orden judicial. Yo iba al psiquiatra y él me daba informes para que yo los entregara en el juzgado. Cuando los llevaba, avisaban a la Guardia Civil y los agentes venían a mi casa para llevar a mi hijo para ingresarlo. Fue horroroso”, comenta.
Cada vez que se producía un ingreso, ella ya sabía qué iba a suceder cuando obtuviera el alta hospitalaria porque siempre regresaba al domicilio familiar. Y de forma reiterada se negaba a seguir los tratamientos que le prescribían argumentando que él no estaba mal y que ella era la que estaba enferma.
“Mi hijo tiene una vida desbarajustada del todo. No sabe si duerme, si come, si cena, si entra o si sale. Se pasa el tiempo caminando. Llevo toda la vida pendiente de él y así no puedo seguir”, lamenta.
No quiero que quede tirado en la calle. Hay una falta absoluta de control sobre lo que hace mi hijo y él necesita un apoyo
María Pilar acudió al asesoramiento profesional del abogado Luis Fernández del Viso. Jesús Manuel fue incapacitado judicialmente para la gobernanza de su persona, así como para la disposición y administración de sus bienes.
El Principado de Asturias tiene la curatela por la anterior Ley de Jurisdicción Voluntaria y le abona el alojamiento que es gestionado por la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD), una entidad de carácter público.
La madre explica que en uno de los ingresos, el médico psiquiatra adscrito al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que le dio el alta le dijo que iban a llevar a su hijo en una ambulancia a una pensión en Oviedo que, según describe, no reúne condiciones.
“¡Vaya dónde me lo metieron. Por eso yo entiendo que mi hijo quiera ir a un alojamiento digno!”, explota ya en llanto María Pilar.
En varias ocasiones, Jesús Manuel acaba durmiendo en casa de su madre, porque ella no tiene fuerzas para decirle que ya no está bajo su responsabilidad.
“No quiero que quede tirado en la calle. ¿Qué hago?, ¿No le abro la puerta?. ¡Soy su madre!. Hay una falta absoluta de control sobre lo que hace mi hijo y él necesita un apoyo”, reitera.
En la fundación dicen que ellos son los tutores y que yo no tengo nada que decir. Pero para tenerlo yo en casa, para eso sí parece que soy necesaria
María Pilar sostiene que la tutora de FASAD ya no la atiende cuando intenta contactar con ella para trasladarle la preocupación que siente por su hijo. “Dicen que ellos son los tutores y que yo no tengo nada que decir. Pero para tenerlo yo en casa, para eso sí parece que soy necesaria”, expone.
Según su abogado, la fundación tampoco da facilidades a la madre cuando les quiere transmitir su preocupación por el bienestar de su hijo. Afirma que una de las pensiones en las que se alojó Jesús Manuel carecía de calefacción y cuando él se quejó del frío ella intentó llevarle una estufa, pero le dijeron que si la llevaba les tenía que abonar 60 euros por el consumo de electricidad que pudiera ocasionar.
“No es admisible que le den alojamientos con carencias. Son sitios infrahumanos”, censura el letrado.
Antes, las incapacidades se tramitaban por el código civil a través de un procedimiento ordinario de incapacidad porque, según comenta su representante legal, la ley anterior estaba más pensada para abordar la problemática de demencia senil y se intentaba proteger mucho el patrimonio.
“Realmente lo que no contemplaba la ley anterior son situaciones que ahora son más habituales como las esquizofrenias, los síndromes de Down o parálisis cerebrales y ahora es mucho más fácil, sin coste alguno porque es todo de oficio por parte de la administración y de la Fiscalía”, matiza el letrado.
Los discursos obsesivos
Según su versión, el problema es que desde FASAD le han comunicado a la madre que el problema es que su hijo no quiere utilizar los medios que ponen a su disposición.
“La entidad tiene que darle la ayuda que precisa porque es una persona que está mal”, incide Luis Fernández del Viso.
La madre es natural de Moreda, en el concejo asturiano de Aller. Explica que se trasladó a vivir a Oviedo cuando su hijo debido a su enfermedad empezó a decir que escuchaba voces de los vecinos, que hablaban de él, que le controlaban o que le iban a matar y tras un periodo de tranquilidad en la capital asturiana ahora ha vuelto a empezar con el mismo discurso obsesivo de que le persiguen y oye que hablan de él y le critican.
“Nosotros queremos que el Principado controle que los sitios a los que envían a estas personas tuteladas estén en buenas condiciones porque además hay que tener en cuenta que el dinero que se aporta para esa gestión si no se utiliza no recae en él como beneficiario. El Principado paga a través de FASAD, pero ¿Quién controla que ese dinero se esté gastando en lo que se debe gastar?”, inquiere el abogado.
La declaración de incapacidad total y absoluta
El 1 de julio de 2020, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Lena declaraba la incapacidad total y absoluta de Jesús Manuel, tanto para el gobierno de su persona como para la administración y disposición de sus bienes. Se nombraba tutor a la comunidad autónoma del Principado, representada por el Letrado del Anciano.
El 11 de noviembre de 2021, el magistrado de Lena se declaró incompetente para conocer el expediente de tutela de Jesús Manuel y se nombró tutora a la administración del Principado de Asturias, prestándole apoyo la fundación FASAD.
Su expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Oviedo y su titular emitía un auto el 21 de marzo de 2022 con la revisión de las medidas de apoyo.
En el juzgado, Jesús Manuel reconoció la necesidad de apoyo, mientras que el médico forense, en sus conclusiones, convino en la necesidad de someterse a un control diario en un hospital de día o centro similar, dada la ausencia de voluntad y constancia.
La administración autonómica está aplicando la normativa vigente que establece que se respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona. En este caso, FASAD realiza una labor de acompañamiento en el tratamiento y en el control de las citas médicas
En este auto, la magistrada acordaba dejar sin efecto la incapacidad total y revisar la medida de apoyo acordada en la sentencia del juzgado de Lena de forma que la administración autonómica del Principado sea curadora representativa entre otros actos para otorgar consentimiento válido informado para cualquier tratamiento médico, psiquiátrico o quirúrgico.
La versión oficial de la administración del Principado
Por su parte, fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado han confirmado a elDiario.es Asturias que este tipo de casos los tutela este departamento, si bien han resaltado que se está aplicando la normativa vigente que establece que “se respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona”.
Asimismo, han indicado que en el caso de que se considere necesario, Salud Mental es quien tiene que derivar a esa persona a un recurso.
En este caso concreto, según el Principado, la función principal de la Fundación FASAD es el acompañamiento de la persona para que siga correctamente el tratamiento que tenga prescrito, así como estar pendiente de sus citas médicas.
Un SOS al Defensor del Pueblo y a la Casa del Rey
En su desesperación, María Pilar recurrió los pasados meses de marzo y abril a la Casa del Rey y al Defensor del Pueblo, respectivamente, para exponer su situación y pedirles su mediación para obtener la ayuda necesaria para la atención de su hijo.
La primera carta fue remitida el pasado 3 de abril al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Tras registrarla ese mismo mes, el pasado 4 de julio recibió la respuesta de esta institución donde le comunicaba que se pondría en contacto con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado para obtener información sobre el asunto que motiva su queja.
Por su parte, el jefe de la Secretaría de la Reina Letizia, José Manuel Zuleta, le confirmaba el acuse de recibo de su carta del 27 de marzo, pero le transmitía que el tema que le planteaba estaba fuera de su ámbito de actuación.
“Hemos dado traslado de su petición de ayuda para su hijo a la Consejería de Salud desde donde recibirá la respuesta oportuna”, expresaba.
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