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Albert Noguera

Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Antes lo ha sido en la Universidad de Extremadura y en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del grupo Ruptura. Autor de numerosos textos de carácter científico. Su último libro publicado es El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo (Trotta, 2017).

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La Corona y la libertad de expresión

El pasado martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sancionó al Estado español por haber condenado, en 2007 por “injurias contra la corona”, a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos de Juan Carlos I y Sofía. El TEDH ha señalado que la condena atentó contra la libertad de expresión. Las condenas por injurias a la Corona, vulnerándose la libertad de expresión son habituales en España (Valtonyc, Pablo Hasel, condena al ayuntamiento de Bunyol por colgar una bandera republicana y un largo etc.). Pero ¿Por qué pasa esto?

La explicación la encontramos: 1. En la relación de subordinación de la Constitución a la Corona que existe en España fruto de cómo se produjo el proceso constituyente del 78; y, 2. En la manera en que la Corona fue insertada en la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico, esto es no como monarquía moderna sino como monarquía pre-moderna autoritaria. Ambos aspectos permiten explicar por qué son usuales las condenas por injurias a la Corona en España.

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La acción coordinada de Gobierno y TC para la reforma regresiva de la Constitución

La represión puede operar como hecho puntual o como estrategia política. El Gobierno la ha adoptado como estrategia política para intentar desactivar el conflicto catalán. En cualquier conflicto social, para que la represión como estrategia política sea eficaz tácticamente debe adoptar la forma de amenaza de escalada.

La amenaza de escalada consiste en aplicar, de manera progresiva, cada vez mayores grados de represión para generar en su destinatario la percepción de que si no desiste de su comportamiento, la represión que se viene será más y más dura sin que ésta tenga fin. Crear en el otro una perspectiva de escalada permanente, persigue llegar a un momento en que la amenaza ya no sea asumible para éste y desista de su actitud. Sin la perspectiva de una escalada, la represión como estrategia pierde su eficacia táctica.

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Catalunya después del 155, ¿qué va a pasar?

Tres meses después de que empezaran los encarcelamientos, la represión del 1-O y la aplicación del art. 155 de la Constitución sobre el independentismo y las instituciones catalanas, el Gobierno del Estado valora muy positivamente su actuación argumentando que ha servido para descabezar, poner fin o, al menos, apaciguar el conflicto catalán. Se trata de una visión absolutamente incapaz de entender los procesos históricos.

La tesis que sostengo es la contraria, después del 155, el conflicto catalán recomienza con mayores potencialidades de ruptura que antes, por dos razones: 1. La erosión del sentido común dominante; y, 2. La aparición de una nueva estructura de conflicto con un cambio de clivaje político central.

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¿Es posible una justicia progresista en el régimen del 78?

Andrés Bódalo, Alfon, los Jordis, los titiriteros, el Gobierno legítimo catalán, las activistas por el derecho al aborto de Mallorca, profesores, alcaldes, bomberos y concejales imputados por rebelión, etc. En todos estos casos, a pesar de la imputación de la fiscalía dependiente del Gobierno del PP, el componente político de los mismos permitiría a los jueces interpretarlos como una expresión política legítima, mereciendo un tratamiento más holístico que los diferencie de los actos penales y considerando que el sujeto, en el contexto de la resistencia social, no tiene como finalidad delinquir para beneficiarse, sino por el contrario, la intención de mejorar una situación de injusticia. Sin embargo, nada de ello ocurre. Los jueces tratan y resuelven todos estos, en el mejor de los casos, como si se tratara de un mero acto criminal más, y en muchos de ellos incluso, forzando la argumentación para poderlos encarcelar y/o condenar.

Más de un año ya de prisión preventiva para los jóvenes de Alsasua y solicitud de penas desproporcionadas. Leyes autonómicas antidesahucio en Andalucía, de acceso universal a la sanidad en el País Valencià, contra la pobreza energética o antifracking en Catalunya, etc. que, a pesar de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno del PP, el Tribunal Constitucional (TC) podría rechazar fundamentándose en el principio de aseguramiento del contenido esencial de los derechos, entre muchos otros. Sin embargo, tampoco nada de ello ocurre y el TC las anula ¿Qué le pasa a la justicia española?

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La República Catalana después del 21-D: de la constitución política a la constitución social

Se habla mucho de las elecciones del 21-D pero poco del día después ¿Cuál debe ser la estrategia del movimiento republicano catalán en caso de que vuelva a revalidar la mayoría absoluta en el Parlament?

El actual escenario caracterizado, por un lado, por la activación de un Derecho de guerra y de una segunda transición de blindaje del régimen por parte del Estado y, por el otro, por la ausencia de estructuras de Estado por parte de la República catalana; obliga al movimiento republicano catalán a redefinir el marco jurídico-conceptual desde el que hasta ahora había pensado construir República y Proceso constituyente. Veámoslo.

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El 1-O, la oportunidad para la Transición que nunca fue

Durante estos últimos días, el Gobierno del Estado repite, constantemente, que el referéndum catalán vulnera los derechos de los españoles y la democracia. Creo, más bien, que es todo lo contrario. Al margen de lo que ocurra el 1-O, lo único cierto es que este día constituye una oportunidad, sin precedentes en lo últimos cuarenta años, para garantizar más derechos y construir más democracia en todo el Estado. Y explico por qué.

La Constitución de 1978 incorpora una lista de derechos. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de situaciones en las que éstos son total o parcialmente ineficaces. A grandes rasgos, podemos diferenciar, en España, dos factores de desactivación de la eficacia de los derechos constitucionales: un factor extraconstitucional y uno intraconstitucional. Entender el elemento de desactivación intraconstitucional de los derechos permite ver, claramente, porqué el 1-O abre una oportunidad democratizadora.

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Sobre las garantías del referéndum catalán

Desde la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, venimos escuchando a una parte de la izquierda estatal y catalana posicionarse en contra del mismo porque, según se afirma, se trata de un proceso que no tiene garantías suficientes.

En concreto, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual.

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La relación entre corrupción y régimen del 78, ¿cómo acabar con el saqueo de lo público?

Cada vez que estalla un nuevo caso de corrupción asistimos a la misma secuencia de hechos: por un lado, los dirigentes del partido afectado, en el mejor de los casos, apartan al culpable del cargo, se desvinculan públicamente de él y lo critican por actuar de espaldas al partido. Por otro lado, sus oponentes políticos reclaman la dimisión inmediata del corrupto y exigen asumir responsabilidades al líder del partido afectado o a quienes pusieron al corrupto en su cargo.

El caso se soluciona, en unos supuestos, con el enjuiciamiento y encarcelamiento del sujeto, y en otros, para mejor suerte del individuo, con su recolocación a otro cargo donde pase desapercibido.

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Corrupción, derecho penal del amigo y desmontaje del Estado democrático

La historia del Estado Constitucional, desde las revoluciones liberales hasta la segunda mitad del siglo XX, fue una historia de progreso político-social plasmado en lo que Bobbio llamó la superposición acumulativa de tres dimensiones: primero, el Estado como fuerza; segundo, como Estado de derecho; y, tercero, como Estado democrático y social.

Vivimos, sin embargo, desde hace algunas décadas, un proceso histórico regresivo de desmontaje que invierte el orden de las tres dimensiones señaladas.

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El 15M y la mutación constitucional

Todo proceso de transformación social es la relación dialéctica entre, por un lado, un Poder instituyente, es decir, un poder implícito capaz de instituir en los ciudadanos nuevos imaginarios y representaciones colectivas que confrontan con el orden económico, político y social oficial, y, por otro lado, un Poder constituyente explícito que adapte la realidad jurídico-política material a la nueva voluntad social, operando cambios en la Constitución política entendida como ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas.

El 15-M de 2011 fue una explosión participativa que instituyó en amplías masas de la población, hasta aquel momento no ideologizadas, nuevos imaginarios y representaciones colectivas de los que brotaron sospechas ideológicas respecto al régimen del 78 y sus actores políticos y económicos, exigiendo cambios. Se trató, sin embargo, de un Poder instituyente parcial, sin la fuerza suficiente para activar un Poder constituyente, sino tan sólo una mutación constitucional.

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