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Albert Noguera

Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València. Antes lo ha sido en la Universidad de Extremadura y en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del grupo Ruptura. Autor de numerosos textos de carácter científico. Su último libro publicado es El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo (Trotta, 2017).

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El Gobierno y el juez Llarena: la vulneración de la legalidad como práctica de Estado

El mismo día 11 de septiembre, mientras un millón (según la guardia urbana) de catalanas y catalanes se manifestaban en Barcelona en favor de la república, la ministra de Justicia, Dolores Delgado hacía en las Cortes una defensa sin fisuras del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, afirmando que el Gobierno español iba a defenderlo ante Bélgica hasta donde hiciera falta.

Tal posición del Gobierno español implica una negación de su propio discurso. Éste pone como línea roja para el diálogo con el gobierno catalán el respeto al Estado de derecho y la legalidad, a la vez que cierra filas, de manera incondicional, al lado de un juez que los incumple abiertamente.

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La indignación por la sentencia de la manada y las presiones sobre los jueces

La sentencia de la Manada dictada por la Audiencia de Navarra ha puesto sobre la mesa deficiencias importantes en el seno del Poder Judicial (PJ) español. Nadie se atreve a negar que éstas existen. Sin embargo y a pesar de ello, algunas asociaciones de jueces han pedido detener la ola de manifestaciones en ciudades y pueblos del Estado por atacar su “independencia judicial”. La base de su argumento es que el problema del PJ, por ser una cuestión técnica, debe afrontarse de manera detenida y sin presiones por parte de los expertos, al margen de la irracionalidad de una masa movida por “pasiones y sed de venganza”.

Esta es una posición que se construye sobre tres falacias: 1. El carácter técnico-jurídico del debate sobre los derechos; 2. La reforma del PJ como cuestión de cultura legal interna; y, 3. El PJ como poder independiente. Frente a estas falacias, defenderé dos conclusiones que van en sentido contrario: la primera, es que no deben detenerse las movilizaciones sino intensificarse. Y, la segunda, es que las manifestaciones no deben quedarse en una crítica parcializada a una sentencia o un juez, sino en la crítica integral al régimen, causa primera de que existan este tipo de sentencias. Detengámonos en las tres falacias citadas, para pasar, a continuación, a las conclusiones.

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El PSOE en el gobierno ¿de qué cambio estamos hablando?

La salida del PP y la entrada del PSOE en el Gobierno ha generado, en ciertos sectores sociales, la esperanza de que se ponga fin al autoritarismo de los últimos años y se encuentren soluciones democráticas a los dos grandes problemas que vive España. En lo nacional, la cuestión catalana y en lo social, la precariedad vital de muchos derivada el modelo neoliberal salvaje inspirado en las orientaciones que vienen de la UE. Sin embargo, ninguno de estos dos problemas va a encontrar una salida democrática con el PSOE, puesto que ambas cuestiones forman parte de lo que llamaremos el campo de acción política cerrado.

España es un sistema político mixto con espacios de autoritarismo y de democracia liberal solapados, o dicho de otra manera, un sistema donde hay dos campos de acción política superpuestos. Un campo de acción cerrado donde el Estado opera como estructura autoritaria sin división de poderes y uno abierto donde opera como democracia liberal con división de poderes. Veamos primero que entendemos por división de poderes para detenernos, luego, en cada uno de estos dos campos.

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La Corona y la libertad de expresión

El pasado martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sancionó al Estado español por haber condenado, en 2007 por “injurias contra la corona”, a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos de Juan Carlos I y Sofía. El TEDH ha señalado que la condena atentó contra la libertad de expresión. Las condenas por injurias a la Corona, vulnerándose la libertad de expresión son habituales en España (Valtonyc, Pablo Hasel, condena al ayuntamiento de Bunyol por colgar una bandera republicana y un largo etc.). Pero ¿Por qué pasa esto?

La explicación la encontramos: 1. En la relación de subordinación de la Constitución a la Corona que existe en España fruto de cómo se produjo el proceso constituyente del 78; y, 2. En la manera en que la Corona fue insertada en la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico, esto es no como monarquía moderna sino como monarquía pre-moderna autoritaria. Ambos aspectos permiten explicar por qué son usuales las condenas por injurias a la Corona en España.

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La acción coordinada de Gobierno y TC para la reforma regresiva de la Constitución

La represión puede operar como hecho puntual o como estrategia política. El Gobierno la ha adoptado como estrategia política para intentar desactivar el conflicto catalán. En cualquier conflicto social, para que la represión como estrategia política sea eficaz tácticamente debe adoptar la forma de amenaza de escalada.

La amenaza de escalada consiste en aplicar, de manera progresiva, cada vez mayores grados de represión para generar en su destinatario la percepción de que si no desiste de su comportamiento, la represión que se viene será más y más dura sin que ésta tenga fin. Crear en el otro una perspectiva de escalada permanente, persigue llegar a un momento en que la amenaza ya no sea asumible para éste y desista de su actitud. Sin la perspectiva de una escalada, la represión como estrategia pierde su eficacia táctica.

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Catalunya después del 155, ¿qué va a pasar?

Tres meses después de que empezaran los encarcelamientos, la represión del 1-O y la aplicación del art. 155 de la Constitución sobre el independentismo y las instituciones catalanas, el Gobierno del Estado valora muy positivamente su actuación argumentando que ha servido para descabezar, poner fin o, al menos, apaciguar el conflicto catalán. Se trata de una visión absolutamente incapaz de entender los procesos históricos.

La tesis que sostengo es la contraria, después del 155, el conflicto catalán recomienza con mayores potencialidades de ruptura que antes, por dos razones: 1. La erosión del sentido común dominante; y, 2. La aparición de una nueva estructura de conflicto con un cambio de clivaje político central.

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¿Es posible una justicia progresista en el régimen del 78?

Andrés Bódalo, Alfon, los Jordis, los titiriteros, el Gobierno legítimo catalán, las activistas por el derecho al aborto de Mallorca, profesores, alcaldes, bomberos y concejales imputados por rebelión, etc. En todos estos casos, a pesar de la imputación de la fiscalía dependiente del Gobierno del PP, el componente político de los mismos permitiría a los jueces interpretarlos como una expresión política legítima, mereciendo un tratamiento más holístico que los diferencie de los actos penales y considerando que el sujeto, en el contexto de la resistencia social, no tiene como finalidad delinquir para beneficiarse, sino por el contrario, la intención de mejorar una situación de injusticia. Sin embargo, nada de ello ocurre. Los jueces tratan y resuelven todos estos, en el mejor de los casos, como si se tratara de un mero acto criminal más, y en muchos de ellos incluso, forzando la argumentación para poderlos encarcelar y/o condenar.

Más de un año ya de prisión preventiva para los jóvenes de Alsasua y solicitud de penas desproporcionadas. Leyes autonómicas antidesahucio en Andalucía, de acceso universal a la sanidad en el País Valencià, contra la pobreza energética o antifracking en Catalunya, etc. que, a pesar de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno del PP, el Tribunal Constitucional (TC) podría rechazar fundamentándose en el principio de aseguramiento del contenido esencial de los derechos, entre muchos otros. Sin embargo, tampoco nada de ello ocurre y el TC las anula ¿Qué le pasa a la justicia española?

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La República Catalana después del 21-D: de la constitución política a la constitución social

Se habla mucho de las elecciones del 21-D pero poco del día después ¿Cuál debe ser la estrategia del movimiento republicano catalán en caso de que vuelva a revalidar la mayoría absoluta en el Parlament?

El actual escenario caracterizado, por un lado, por la activación de un Derecho de guerra y de una segunda transición de blindaje del régimen por parte del Estado y, por el otro, por la ausencia de estructuras de Estado por parte de la República catalana; obliga al movimiento republicano catalán a redefinir el marco jurídico-conceptual desde el que hasta ahora había pensado construir República y Proceso constituyente. Veámoslo.

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El 1-O, la oportunidad para la Transición que nunca fue

Durante estos últimos días, el Gobierno del Estado repite, constantemente, que el referéndum catalán vulnera los derechos de los españoles y la democracia. Creo, más bien, que es todo lo contrario. Al margen de lo que ocurra el 1-O, lo único cierto es que este día constituye una oportunidad, sin precedentes en lo últimos cuarenta años, para garantizar más derechos y construir más democracia en todo el Estado. Y explico por qué.

La Constitución de 1978 incorpora una lista de derechos. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de situaciones en las que éstos son total o parcialmente ineficaces. A grandes rasgos, podemos diferenciar, en España, dos factores de desactivación de la eficacia de los derechos constitucionales: un factor extraconstitucional y uno intraconstitucional. Entender el elemento de desactivación intraconstitucional de los derechos permite ver, claramente, porqué el 1-O abre una oportunidad democratizadora.

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Sobre las garantías del referéndum catalán

Desde la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, venimos escuchando a una parte de la izquierda estatal y catalana posicionarse en contra del mismo porque, según se afirma, se trata de un proceso que no tiene garantías suficientes.

En concreto, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual.

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