Los dos tabúes que impiden combatir a Vox

Elección tras elección, Vox no solo se consolida sino que crece. Nada parece indicar que el neofascismo vaya a desinflarse sin más si no se actúa con este objetivo desde el Estado y el Derecho. Ahora bien, difícilmente el llamado Gobierno progresista adoptará medidas en este sentido si no es capaz, previamente, de romper dos tabúes incrustados en la cultura política española por la manera como se hizo la transición y la herencia jurídico-cultural de la tradición liberal: 1. El del reconocimiento de que el franquismo pervive en parte del aparato de Estado y la sociedad. Y 2. El de reconocer que el Derecho es violencia institucionalizada. Pero vayamos por partes.

El neofascismo no va a debilitarse por sí solo

Vox no puede analizarse aisladamente al margen de la coyuntura histórica en que opera. La normalización de Vox y difusión de su mensaje en los medios de comunicación propiedad de los grandes capitales no tendría lugar si no fuera funcional a sus intereses. Pero ¿por qué el neofascismo es útil al gran capital?

Estamos inmersos en una transformación del capitalismo que se canaliza, entre otros, a través del binomio financiación-digitalización. Este binomio está poniendo en práctica, en las sociedades del Norte, un nuevo modelo de acumulación con maneras de organizar la producción y el consumo en el interior de los cuales es cada vez más prescindible el trabajo salario y, en consecuencia, también los derechos de libertad, derechos sociales e instancias de mediación interclase.

La desaparición del contrato como figura central de organización del proceso productivo hace que el capitalismo ya no requiera para su funcionamiento del reconocimiento de individuos libres y jurídicamente iguales, indispensables para poder firmar contratos. Asimismo, a diferencia del capital productivo, al que le interesaba propiciar el consumo a través del salario (consumo efectivo), al capitalismo financiero le interesa propiciarlo no por vía salarial sino a través del crédito (consumo endeudado), que es donde el capital a interés se multiplica. Ello hace desaparecer la utilidad de los derechos sociales como mecanismo para organizar el consumo, en tanto que estos no son más que salario diferido organizado por el Estado con el objetivo de liberar salario directo para realizar el consumo intensivo efectivo. Y, finalmente, la precarización, fidelización por endeudamiento e individualización por vía del teletrabajo ha desactivado cualquier capacidad organizativa y de conflicto del trabajo que hace que ya no se requiera de instancias de mediación interclase.

En este escenario, la presencia del neofascismo en el campo político se convierte en un instrumento funcional para el sistema con un triple objetivo: llevar a cabo un desmontaje acelerado de las tres patas de la Constitución democrática (derechos de libertad, derechos sociales e instituciones de mediación); construir en el marco de sociedades infra-institucionalizadas y sin estructuras colectivas de solidaridad nuevas formas de cohesión y unidad social a partir del discurso del odio contra un enemigo común externo (la inmigración) e interno (el independentismo); y conformar un Estado policial penal que reprima las resistencias surgidas fruto del malestar social ocasionado por el desmontaje de derechos y genere miedo para evitar que se reproduzcan.

Nada parece indicar, entonces, que los grandes medios de comunicación al servicio de los poderosos vayan a dejar de normalizar a Vox ni que este vaya a dejar de contar con los apoyos suficientes para crecer, con lo cual difícilmente sea un fenómeno que se desinfle por sí solo. La única manera de conseguirlo es adoptando, desde el Estado y el Derecho, medidas legislativas valientes que persigan a los franquistas de hoy, expulsándolos de nuestra cotidianidad. No obstante, ello no se hará si no somos capaces de romper con dos tabúes fuertemente incrustados en la cultura política española:

El tabú de reconocer la persistencia del franquismo

Por un lado, hay una tendencia a analizar a Vox como si fuera un intruso que se ha colado en una realidad española plenamente democrática. En este sentido, la solución que se propone es la del “cordón sanitario”, ignorarlos, con el fin de que no contaminen la democracia. Parece como si se identificara a Vox con el neofascismo y el resto de la sociedad y Estado con la democracia. Este es el primer error. Los fenómenos que ocurren en toda sociedad deben ser comprendidos como parte de ella y por tanto Vox no es otra cosa que una expresión de algo que existe también en la sociedad y en el Estado. El neofascismo es parte de la sociedad y del Estado mismo. La sociedad y el Estado español contienen en su historia reciente actos progresistas y reaccionarios. Nuestro presente social y político contiene aspectos procedentes de una tradición democrática pero también de una tradición reaccionaria franquista que se encarna en aquello que denominamos con el nombre de Régimen del 78 y que engloba hoy parte de la estructura administrativa, judicial, militar, eclesiástica y policial, así como formas de organización ciudadana (grupos, fundaciones y partidos de extrema derecha, asociaciones, ultras de equipos de fútbol, etc.) de ideología conservadora y/o ultranacionalista. No se puede hablar de Vox como un intruso anómalo y separado de la realidad, sino como portadores de este aspecto reaccionario de la historia española todavía presente tanto en el aparato de Estado como en la sociedad.

Entender esto es fundamental para comprender que acabar con Vox sin reconocer la existencia de ese bloque social y de Estado que llamamos Régimen del 78 ni hacer nada para depurarlo es una ilusión. Reconocer que el franquismo sigue presente en nuestro aparato de Estado y sociedad es tabú en la política española cuyo gobierno mira hacia otro lado cuando grupos de militares que quieren fusilar a millones de personas firman manifiestos franquistas. Cuando en manifestaciones se exhiben banderas pre-constitucionales y hay policías que se fotografían con los manifestantes. Cuando el TEDH condena a jueces por vulneración de derechos y algunos de estos cantan en sus cenas navideñas el “a por ellos”. Etc. No se puede desfascistizar la política sin previamente desfascistizar la sociedad y los poderes del Estado. Y ello exige superar el tabú de reconocer la persistencia del franquismo. El reconocimiento de su existencia es el paso previo para poder actuar contra él.

El tabú de reconocer que el Derecho es violencia institucionalizada

Por otro lado, la teoría liberal desarrolló un relato sobre el origen del Estado y el Derecho como opuesto a la violencia. Estos surgirían fruto de un contrato social que permite la transición de un supuesto momento violento a uno no violento: la sociedad de naturaleza y el Estado civil. El punto de partida es el estado de naturaleza, un estado de guerra en el que las personas no tienen sus derechos protegidos y del que hay que salir. El  punto de llegada es el Estado civil con un poder soberano al frente que pone fin a la violencia y garantiza la paz. El Derecho se presenta como creación de una convivencia sin violencia donde todos debemos respetar unos derechos fundamentales que, como señalaba el preámbulo de la Declaración francesa de 1789, son “sagrados”. Ello hace que sea tabú afirmar que hay que ilegalizar a Vox y al resto de grupos franquistas, así como impedirles llevar a cabo ningún tipo de manifestación pública. “Todo el mundo tiene derecho a pensar, opinar y expresarse como quiera. ¡Eres un déspota!”, te contestan inmediatamente.

Este es un tabú construido sobre un relato falso. Ni el Derecho es ausencia de violencia ni los derechos fundamentales son absolutos. El Derecho no es más que una forma de enfrentar una violencia con otra violencia. Creer que puede existir una sociedad sin poder, dominación ni violencia es una ilusión. El Derecho es, inevitablemente, violencia institucionalizada que deviene democrática cuando se usa para garantizar los derechos humanos y el bienestar de la mayoría. A la vez, los derechos fundamentales tampoco son ilimitados sino susceptibles de ser restringidos con el fin de garantizar la dignidad y derechos de todas las personas. Normalizar esto, junto con el reconocimiento de que el franquismo sigue parcialmente presente, son condiciones necesarias para poder adoptar reformas legislativas valientes capaces de perseguir y desalojar a la ultraderecha de la escena política y social del país.