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Bruno Pérez Vázquez

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. No me atraía mucho pero tuve que empezar a escribir de convenios colectivos, pensiones, datos de empleo (o paro) y reformas laborales. Tampoco me hacía especial ilusión pero luego tuve que hacerlo de Presupuestos, reformas fiscales y actualidad tributaria en general. Acepté mi destino y ahora hasta disfruto rastreando noticias en estadísticas e informes. Un dato es más importante que una opinión, pero los datos deben ser interpretados.

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Guía básica para entender los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado son un territorio árido, plagado de cifras millonarias difíciles de ponderar y términos contables de complicado entendimiento.

Sin embargo, bajo su abrumadora acumulación de números se ocultan las claves que determinarán la vida cotidiana de los españoles durante el próximo año, desde el precio que pagaremos por el recibo de la luz al mantenimiento o no en la parrilla de TVE de nuestra serie favorita; desde la posibilidad de presentar la declaración de la renta desde nuestra casa a las exposiciones temporales que podrá traer el Museo del Prado durante 2017.

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Las elecciones autonómicas aceleran la carrera de las rebajas fiscales en las CCAA

Esperanza Aguirre fue la primera que se atrevió. Las comunidades autónomas disfrutaban de una cierta capacidad normativa sobre el IRPF desde la reforma de la financiación autonómica del año 2002, pero no fue hasta 2007 cuando se realizó el primer movimiento. Lo hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fue para establecer una bonificación de un punto en los tipos aplicables a los distintos tramos de la escala autonómica del impuesto.

El vértigo se impuso y nadie siguió el movimiento de Aguirre. Los 16 Gobiernos autonómicos restantes continuaron parapetados bajo la seguridad que les ofrecía la tabla estatal de toda la vida y se limitaron a incorporar deducciones por aquí o por allá para dar la sensación de que sí hacían uso de su corresponsabilidad fiscal.

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La Justicia pone freno a la voracidad fiscal de las autonomías sobre los chollos inmobiliarios

Conseguir uno de esos chollos que se encuentran con cierta frecuencia en el mercado inmobiliario posterior a la crisis puede tener también su reverso oscuro. Muchos compradores se están encontrando con que después de negociar con éxito la hipoteca con el banco y haber cumplido con las gravosas obligaciones fiscales asociadas a este tipo de operaciones –que han sido puestas en cuestión hasta por el FMI– reciben una carta de la Consejería de Hacienda de su comunidad autónoma exigiéndoles un pago extra por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en concepto de liquidación complementaria por comprobación de valores.

El asunto no es cosa de broma. Según los expertos consultados, estas liquidaciones paralelas que están cursando las Haciendas autonómicas fluctúan entre los 3.000 y los 6.000 euros para las operaciones más comunes del mercado, es decir, adquisiciones de inmuebles de entre 150.000 y 300.000 euros de precio.

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Hacienda espolea a la desesperada a los equipos antifraude para tapar la sangría de ingresos

Una minipaga extra de 100 euros. Este es el inesperado regalo que han recibido hace unas semanas en sus cuentas los inspectores de Hacienda. No han sido los únicos. A los técnicos de Hacienda les han ingresado unos 75 euros y el resto de la plantilla de la Agencia Tributaria también ha recibido un premio proporcional a su rango salarial.

Según la explicación oficial de la Agencia Tributaria, se trata de una entrega a cuenta del Plan Especial de Productividad para este año, que por primera vez prevé la entrega secuenciada de una bolsa total de hasta 12 millones de euros al personal de la Agencia en función del cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento personal y de resultados recaudatorios.

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La Administración creará listas negras de usuarios violentos con los funcionarios

Perder los nervios y la educación ante el funcionario de turno puede dejar de ser en breve ese “desahogo” con el que muchos tratan de justificar su actitud para convertirse en una marca de la vergüenza.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está planteando muy seriamente la idea de crear listas negras en todas las oficinas de atención al público de la Administración con el doble objetivo de tener fichados a los usuarios que se comporten reiteradamente de forma amenazante o directamente violenta, y de prevenir posibles agresiones a los funcionarios públicos.

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Guía básica para entender los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado son un territorio árido, plagado de cifras millonarias difíciles de ponderar y términos contables de complicado entendimiento.

Sin embargo, bajo su abrumadora acumulación de números se ocultan las claves que determinarán la vida cotidiana de los españoles durante el próximo año, desde el precio que pagaremos por el recibo de la luz al mantenimiento o no en la parrilla de TVE de nuestra serie favorita; desde la posibilidad de presentar la declaración de la renta desde nuestra casa a las exposiciones temporales que podrá traer el Museo del Prado durante 2014.

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Expertos fiscalistas creen que Montoro debe asumir la factura de eximir a la Iglesia de pagar el IBI

Se trata de una circunstancia tan conocida como controvertida. La normativa fiscal española exime de forma “total y permanente” a la Iglesia Católica de pagar siquiera un solo euro en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -la antigua Contribución Urbana- por los bienes de su patrimonio inmobiliario, en aplicación de lo que quedó reflejado de forma explícita en el anexo de condiciones económicas del Concordato suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede en enero de 1979.

En los más de 35 años que han transcurrido desde aquel acuerdo, las arcas de los ayuntamientos no han ingresado absolutamente nada por los miles de inmuebles (iglesias, sedes episcopales, monasterios, residencias, conventos…) que la Iglesia católica tiene repartidos por todo el territorio. Como tampoco ha recibido un solo euro de las sinagogas, mezquitas e inmuebles utilizados por otras confesiones religiosas para el desarrollo de sus cultos, según un régimen fiscal que el Gobierno español ha consolidado con sus decisiones.

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Los ayuntamientos se niegan a pagar los nuevos ‘distritos de compras’ ideados por Guindos

Las Áreas Comerciales Urbanas (ACU), la última idea del Ministerio de Economía para diversificar la oferta turística nacional y resituar a España como uno de los principales destinos mundiales, también en el ámbito del turismo de compras, se han topado con un importante escollo: la oposición frontal de los ayuntamientos a que se financie con cargo al IBI los servicios adicionales asociados a la puesta en marcha de estas zonas comerciales.

Las ACU o BID, Business Improvement District, según su denominación original en inglés, son una novedosa fórmula de gestión público-privada de espacios comerciales abiertos que permite a los comerciantes de un barrio determinado implicarse en la gestión y prestación de servicios del mismo para mejorar su imagen y resultar así más atractivos para los consumidores.

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Pagar el IVA una vez cobrada la factura: la medida estrella acaba en gran fiasco

No es la primera vez que ocurre. Una medida largamente esperada, cuya importancia se subraya durante años como crítica por unos y otros, acaba finalmente, tras mucho esfuerzo y no pocas tribulaciones, materializada de forma triunfal dentro de un proyecto legal. La decepción viene después, cuando resulta que su aplicación práctica está lejos de responder a las elevadas expectativas y termina revelándose como insustancial.

Algo así es lo que ha ocurrido con el célebre IVA de caja, aquel régimen fiscal especial que el Gobierno aprobó contra viento y marea a finales de 2013 para ‘salvar’ a pymes y autónomos de la ingrata obligación de tener que adelantar a Hacienda el IVA de facturas cuyo importe aún no habían cobrado y proporcionarles, de paso, un alivio fiscal a su apurada situación financiera.

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Un grupo de expertos pide a Montoro que cargue la factura fiscal de los desahucios a los bancos

A última hora, casi sobre la bocina, el Gobierno se decidió finalmente a incluir en su propuesta de reforma fiscal una medida largamente esperada por los afectados por alguna clase de problema hipotecario e incluso recomendada encarecidamente por el propio equipo de asesores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: la exención de las cargas fiscales asociadas a la transmisión de una vivienda para las personas y familias afectadas por una ejecución hipotecaria o una dación en pago.

El Ejecutivo no se limitó a enunciar la medida sino que días después de presentar al escrutinio público su propuesta de Reforma Fiscal aprobó un Real Decreto que eximía de cualquier obligación fiscal en el IRPF y en el Impuesto local sobre el Incremento del Valor en Bienes de Naturaleza Urbana –conocido como impuesto sobre la plusvalía- todas las operaciones de transmisión de de vivienda por estas causas acaecidas desde el inicio de 2014.

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