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Samuel Martín-Sosa Rodríguez

Doctor en Biología por la Universidad de Salamanca. Creció en un ambiente familiar de militancia antinuclear contra la fábrica de Juzbado y la minería de uranio, lucha que se hizo pronto extensiva a la defensa del medio ambiente en general, de la que fue partícipe desde muy temprano. Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción desde hace más de una década, ha sido representante español, durante varios años, del European Environmental Bureau (EEB). Desde esos espacios desarrolla tareas de seguimiento de las políticas ambientales europeas. En el 2009 dirigió el documental Marcha Atrás (EcologistasTV), sobre el impacto ambiental de los vehículos 4x4. Ha colaborado con revistas y medios como Ecologista, Diagonal, ElDiario.es, Público, Planeta Futuro (El País), Ecología Política, La Marea, El confidencial, Números Rojos, Alternativas Económicas,  Viento Sur, Papeles, sobre diversos temas ambientales, incluyendo energía y cambio climático, emisiones contaminantes, política ambiental europea, uso de recursos,... Ha participado en la gestación de diversas alianzas europeas como la Resource Cap Coalition o la red europea Contra el Fracking.  Ha coordinado el libro "Resistencia Global al fracking" que visibiliza luchas contra esta técnica en distintos continentes. Dirige un curso de postgrado de FLACSO sobre cambio climático.

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Negociaciones climáticas: la historia de una larga huida

Las cumbres del clima representan el ejercicio más sangrante de procrastinación de la historia de la humanidad. El historial de negociaciones climáticas es un historial de fracasos y la COP25 de Madrid no ha sido una excepción. El mandato científico que establece que, para contener a final de siglo el aumento de temperatura por debajo de 1,5ºC, hay que dejar los combustibles fósiles sin extraer, ha sido nuevamente ignorado. Los países han evitado una vez más garantizar que las contribuciones a la reducción de emisiones estén alineadas con lo que la ciencia marca como necesario.

En Madrid se ha constatado una contradicción fundamental que se arrastra desde el Acuerdo de París: la imposibilidad de hacer una cosa y la contraria a un mismo tiempo. Los objetivos de temperatura de dicho acuerdo son lo único que se ajusta a la ciencia: hacer esfuerzos para contener la temperatura por debajo del grado y medio, como se establece en el texto, establece un umbral de seguridad que evita la muerte de miles de personas, especies y ecosistemas. Pero ese reto implica de forma directa dejar la mayor parte del carbón, gas y petróleo en el subsuelo para siempre. Y justo es en ese punto donde los países, especialmente los más contaminadores, empiezan en seguida a mirar para otro lado y a silbar con las manos en los bolsillos.

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Una ola de rebelión climática que empuje la transición

El 8 de octubre se cumple un año desde que el Grupo de expertos para el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) emitiera su informe especial 1,5ºC. En el informe advertía que no sobrepasar ese aumento de temperatura a final de siglo implicaba reducciones de emisiones profundas, y cambios de gran calado, de largo alcance, y urgentes en todas las esferas de la sociedad. Ha transcurrido un año y los cambios no asoman, mientras la clase política sigue en la parra, enzarzada en sus disputas.

El día anterior de este primer aniversario de inacción política en torno a esta advertencia, la sociedad española está convocada a una acción, centralizada en Madrid, de desobediencia civil no violenta. 2020 Rebelión por el clima y Extinction Rebellion son las dos plataformas que hacen el llamamiento. Las personas que quieran participar tienen que registrarse en un formulario; es decir, la acción requiere un esfuerzo deliberado y una intencionalidad expresa de participar, y conlleva posibles implicaciones legales para las personas participantes. Aún así, eso no está arredrando a mucha gente, que se está apuntando dispuesta a dar ese paso.

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La política energética también requiere de gestos a corto plazo: España debe rechazar el MidCat y la autopista eléctrica del Golfo de Vizcaya

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha entrado fuerte en la dialéctica de la transición ecológica, para empezar poniéndole ese nombre nada menos que a un ministerio. Que la ministra de Medio Ambiente sea la también la Ministra de Energía puede verse a priori como una buena noticia o como una mala noticia. La experiencia en España hace temblar a los que saben que cuando el medio ambiente ha ido acompañado de otra cartera, por lo general ha acabado subyugado a esta. La política del agua respondiendo a intereses del sector agroindustrial en detrimento de los caudales ambientales, son solo un ejemplo en ese sentido.

Sin embargo el nuevo Ministerio de Transición Ecológica suena desde luego mucho más a una oportunidad que a una amenaza. Llevamos años criticando, por ejemplo, que mientras los ministros de medio ambiente se reúnen en la cumbres de cambio climático para marear la perdiz y hacer declaraciones de buenas intenciones, sus colegas del ramo energético se quedan en casa firmando permisos de exploración y explotación de hidrocarburos y otorgando subvenciones a la industria fósil, como si las negociaciones climáticas no fueran con ellos. En nuestro país la política ambiental/climática y la política energética han sido dos realidades que no se han tocado apenas. Han vivido de espaldas y en residencias desiguales; energía en una mansión en la parte alta de un rascacielos, medio ambiente abajo en una chabola, si se me permite la expresión.

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No, comprarse un coche a gas no es ecológico

Cada vez es más frecuente toparse con publicidad como la que encabeza este artículo. SEAT ha emprendido con fuerza una campaña para promocionar sus nuevos híbridos de gasolina y gas, y el reclamo eco (económico y ecológico) es tan potente que hasta se llega a afirmar que si quieres ahorrar, debes conducir más. No se han atrevido a decir que si quieres salvar el planeta, debes pisar el acelerador, pero casi. El fabricante de coches, que ha elegido nuestro país como cuartel general para el desarrollo de vehículos a gas, asegura que en 2020 espera multiplicar por diez las ventas de coches alimentados por este combustible, para que lleguen a representar en 2025 el 50% total de sus ventas.

Su publicidad afirma sin ningún empacho que los vehículos a GNC (gas natural comprimido) resultan más ecológicos que los diésel, gasolina e incluso híbridos eléctricos no enchufables. La campaña de esta marca a favor de esta fuente de energía no es un hecho aislado y se encuadra dentro de un fuerte impulso general de promoción del gas en todo el sector del transporte –y en todo el modelo energético en general-, aupado por la narrativa dominante de que el gas es un combustible limpio.

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Sin dinero no hay petróleo. ¿Puede el movimiento por la desinversión fósil funcionar como detonante para la lucha climática?

A Donald Trump se le ha formado un motín en el barco. Desde que llegó a la Casa Blanca, su escalada fosilista ha sidoimparable, y ha estado abanderada por tan polémicas decisiones como la reactivación de la construcción de mega-oleoductos, la congelación de las escasas regulaciones federales al fracking, la apertura de Parques Nacionales y Reservas Tribales a la exploración de hidrocarburos, el reflotamiento (al menos dialéctico) del sector del carbón..., Incluso la postverdad climática está siendo introducida en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) al cuestionar el papel del CO2 en el calentamiento global. Pero diversas ciudades y algunos estados le han salido contestones, como puso de manifiesto el movimiento “We are still in”(“Seguimos dentro”, en relación al Acuerdo de París), en la reciente cumbre de cambio climático de Bonn, en diciembre pasado.

La última campanada la ha dado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al hacer la semana pasada undoble anuncio bomba. Por un lado comunicó la voluntad del consistorio de presentar una demanda contra cinco grandes compañías petroleras por sus responsabilidad en el calentamiento global. Segun de Blasio “la avaricia de las compañías fósiles nos ha traído hasta aquí, por lo que deben ser ellas las que paguen para que Nueva York sea una ciudad más segura y resiliente”. Al mismo tiempo, el alcalde anunciaba que Nueva York, que sufre de forma creciente los efectos de huracanes, subidas del nivel del mar, y otros efectos del cambio climático, se convertirá en la mayor ciudad estadounidense en retirar la parte de sus fondos de pensiones que esté invertida en combustibles fósiles. El compromiso se materializará a lo largo de los próximos cinco años. Cinco mil millones menos de dólares para la industria fósil.

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Crecer sin contaminar

Un artículo científico aparecido este verano afirma que la probabilidad de no incrementar en 2ºC en 2100 la temperatura del planeta respecto al periodo preindustrial (cumplir con los objetivos de París de cambio climático de 2015) es de solo un 5%. Es un argumento más que desmonta el último (y efímero) triunfo dialéctico del capitalismo: haber convencido a unas cuantas esferas de la sociedad, algunos grupos ecologistas incluidos, de que se puede crecer sin contaminar.

Esta afirmación parte de una foto fija de corto recorrido mostrada en la figura 1. En ella, se observa cómo las emisiones de CO2 se han estancado desde 2014. Esto, mientras el PIB mundial creció a un ritmo del 2,6% en el periodo 2012-20161. Sería por fin la materialización del tan teorizado desacoplamiento entre crecimiento e impactos reivindicado como posible por las voces más tecno-optimistas.

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Su futuro depende de las emisiones negativas y usted sin saberlo

Los gobiernos han fiado nuestro futuro climático a las emisiones negativas. Sin embargo probablemente usted no haya oído hablar nunca de ellas. No es de extrañar, dado que no han recibido apenas atención política o mediática. Es necesario por tanto arrojar luz sobre este asunto y es urgente hacerlo ahora. Vamos a intentar explicar por qué.

¿Que son las emisiones negativas?

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Acción Ecológica: Defender palmo a palmo la vida en Ecuador

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana de reconocido prestigio internacional, querida y respetada por un historial de 30 años de trabajo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, sobre todo los de los pueblos más vulnerados. A finales de 2016 el gobierno de Rafael Correa inició los trámites administrativos para su disolución. Entre los argumentos oficiales para decretar el cierre se esgrimía que Acción Ecológica se desvía de los fines y objetivos para los que fue constituída o que Acción Ecológica se dedica a denunciar los impactos que el extractivismo tiene en Ecuador. Faltaría más. Precisamente es esa una actividad que encaja perfectamente en el objetivo para el que fue creada, como se puede comprobar en sus estatutos: la defensa de la naturaleza. Por tanto la notificación de cierre es ridícula y trata inútilmente de esconder una clara acción política de represión, silenciamiento de la disidencia e intento de domesticación de aquellos que se rebelan cuando los principios constituyentes son violados.

Afortunadamente, Acción Ecológica no está sola y su empeño y resistencia, combinada con el apoyo y presión solidaria dentro y fuera de Ecuador ha terminado forzando que el Ministerio del Ambiente rechace la pretensión del gobierno. Sin embargo, no es posible bajar la guardia. No se trata de un capricho coyuntural de Correa, sino que, mientras el modelo económico que se persiga sea el que se basa en el extractivismo y la expulsión de personas, el trabajo de Acción Ecológica o de organizaciones afines, seguirá siendo incómodo, molesto e inevitablemente confrontativo. Acción Ecológica se ha significado en la defensa de los pueblos originarios y, en concreto, en la del pueblo Shuar, que desde hace años está viendo amenazada sus superviviencia en el sur del país por la actividad de empresas mineras y petroleras. El avance del extractivismo en esa zona conlleva un acaparamiento y contaminación de tierras y agua que son una sentencia de muerte para esta comunidad, que vive en íntima relación con los bosque y los territorios ancestrales que habita. En los últimos años han muerto tres dirigentes Shuar, en unos acontecimientos no esclarecidos hasta la fecha y sin que se hayan encontrado culpables. Actualmente en la provincia de Morona Santiago el pueblo Shuar intenta resistir a los ataques del gobierno, que les ha expulsado de sus tierras ancestrales para permitir un mega-proyecto de minería de cobre a cielo abierto de la empresa china Explorcobres S.A., con una escalada de tensión en las últimas semanas que ha devenido en unos lamentables enfrentamientos con la policía con final trágico. El proyecto se encuentra en fase exploratoria y avanza a buen ritmo sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas, cuyos recursos legales y alegaciones son sistematicamente ignoradas por el gobierno. Es importante resaltar que Ecuador se encuentra inmerso en pleno período pre-electoral; a mediados de febrero el pais andino eligirá un nuevo presidente y el candidato oficialista lidera los sondeos. Es patente el nerviosismo porque proyectos mineros como el mencionado, salgan adelante. Y para ello el gobierno no está escatimando medios: ha procedido a una absoluta militarización de la zona, decretando el estado de excepción, que suspende derechos, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias. Se suceden las denuncias de campesinos por violaciones de los derechos humanos. Todo con tal de tranquilizar a los inversores. Es muy significativo que el gobierno chino haya mostrado su preocupaciónpor los enfrentamientos y haya agradecido al gobierno de Correa su rápida respuesta para controlar la situación. Acción Ecológica ha brindado apoyo y asesoramiento al pueblo Shuar durante años, en relación a los impactos ecológicos del extractivismo minero y su afección a los derechos humanos. Por tanto el cierre de Acción Ecológica es un castigo del gobierno, una represión en toda regla del ecologismo más político; aquel que da voz a las comunidades, a los “ecologistas pobres”, como diría Martinez Alier, que siendo los que viven en mayor armonía con su medio, son los más castigados por un modelo de desarrollo que les ignora y aniquila.

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Soy científico, no me meto en política

Dice Mikael Höök, ingeniero de la Universidad de Uppsala, que un investigador debe proporcionar los datos objetivos que observa en la realidad sin dar recomendaciones influidas por sesgos ideológicos. A este ideal aspiran en general la mayoría de los científicos. Hace unas semanas entrevistaron en la radio a un profesor de Bromatología de la Universidad de Córdoba sobre su investigación encaminada a estandarizar la receta del salmorejo cordobés, cuyo fin era concretar una referencia de sus aportes calóricos y nutritivos. En su investigación contó con la colaboración de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, entidad dedicada a difundir las ventajas de este producto. Ante la pregunta medio en broma de si tras el estudio le habían nombrado Cofrade honorífico, el profesor contestó bastante serio que no, pues la independencia de la Ciencia le obligaba a mantener cierta distancia. Es una interpretación quizás llevada al extremo pues el componente político de recomendar o no la ingesta de salmorejo es de difícil argumentación.

Pero no tenemos que salirnos del campo de la alimentación para pensar en otro ejemplo bien distinto y por todos conocido que cuestiona la perseguida neutralidad axiológica de la Ciencia: la reciente carta abierta de los premios nobeles a la labor de Greenpeace y otras organizaciones ecologistas contra el cultivo de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs). El daño que esta carta hace a la Ciencia, en una sociedad que de algún modo sacraliza la opinión científica, es irreparable, pues cualquier crítica será calificada de retrógrada. A riesgo de ello es preciso insistir en que estamos aquí ante un magnífico ejemplo de científicos metiéndose en política.

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El paripé europeo en el #AutoGate: no era solo Volkswagen

El VolkswagenGate, surgido a mediados de septiembre de 2015 tras una investigación estadounidense, provocó el reconocimiento por parte de la marca alemana de un fraude generalizado que afectaba a 11 millones de vehículos en todo el mundo. Pero pronto el escándalo se convirtió en el DieselGate, al comprobarse que modelos de otras marcas también presentaban niveles de emisión de óxidos de nitŕogeno (NOx) superiores a los permitidos. Y del DieselGate pasamos al AutoGate al descubrirse que existían casos en que también se veían afectadas las emisiones de CO2.

Los intentos de control de daños, circunscribiendo el engaño a una mala praxis puntual de una empresa, hacían aguas, y poco a poco fuimos descubriendo con estupor que la industria automovilística había estado engañando sistemáticamente, y lo peor de todo, que lo había hecho impunemente y al amparo de las instituciones y gobiernos encargados de controlarla y de protegernos. 

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