Las cumbres del clima representan el ejercicio más sangrante de procrastinación de la historia de la humanidad. El historial de negociaciones climáticas es un historial de fracasos y la COP25 de Madrid no ha sido una excepción. El mandato científico que establece que, para contener a final de siglo el aumento de temperatura por debajo de 1,5ºC, hay que dejar los combustibles fósiles sin extraer, ha sido nuevamente ignorado. Los países han evitado una vez más garantizar que las contribuciones a la reducción de emisiones estén alineadas con lo que la ciencia marca como necesario.
En Madrid se ha constatado una contradicción fundamental que se arrastra desde el Acuerdo de París: la imposibilidad de hacer una cosa y la contraria a un mismo tiempo. Los objetivos de temperatura de dicho acuerdo son lo único que se ajusta a la ciencia: hacer esfuerzos para contener la temperatura por debajo del grado y medio, como se establece en el texto, establece un umbral de seguridad que evita la muerte de miles de personas, especies y ecosistemas. Pero ese reto implica de forma directa dejar la mayor parte del carbón, gas y petróleo en el subsuelo para siempre. Y justo es en ese punto donde los países, especialmente los más contaminadores, empiezan en seguida a mirar para otro lado y a silbar con las manos en los bolsillos.
¿Qué debíamos esperar de la COP25?
Con el mandato científico en la mano, lo lógico que tendría que haber salido de la COP25 sería un acuerdo que incluyera al menos, como primeras medidas, el final de los subsidios a las empresas de combustibles fósiles por parte de los gobiernos (en torno a 5 billones de dólares anuales, según el FMI), una moratoria a la búsqueda de nuevas reservas, y un plan internacional integral y gradual de reducción de la extracción de las reservas ya conocidas y probadas.
Además se hubiera necesitado un programa de medidas no basadas en el mercado que revertieran todos los incentivos de los sectores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el plano de la producción como en el del consumo, hacia otros sectores como la generación de energía renovable descentralizada y basada en el autoconsumo, los proyectos agroecológicos, o los planes de transporte público, por poner algunos ejemplos.
Se hubiera necesitado también una transferencia masiva de dinero y tecnología desde los países contaminadores hacia los países del Sur global, que permitieran el desarrollo de economías bajas en carbono, unos planes de adaptación a la altura del reto, y una provisión suficiente e independiente para hacer frente a los efectos del cambio climático que ya se están produciendo y a los que no es posible ya adaptarse (lo que en la jerga de NNUU se conoce como “pérdidas y daños”). Además se necesitaban salvaguardas para evitar que esta inyección de dinero acabe siendo generadora de deuda, convirtiéndose en un trampa macabra: es una obligación moral e histórica basándose en la distribución justa de la responsabilidad en la generación del problema.
Todas estas medidas debían estar además atravesadas por la estricta observación de los derechos humanos, la justicia de género, y el reconocimiento de que los pueblos originarios son los verdaderos guardianes de la vida en los espacios más biodiversos del planeta. Traer todas estas soluciones encima de la mesa implicaba poner en el centro la justicia climática, que no es otra cosa que visibilizar la dimensión ética y política del calentamiento global, evitando disociar el cambio climático de la justicia social.
¿Qué ha ocurrido, en cambio?
Nada de esto ha ocurrido. Las aportaciones económicas y los mecanismos para hacerlas efectivas no se han garantizado. Las partes del convenio han fracasado también a la hora de garantizar que las promesas de reducción estén alineadas con la ciencia. Los pueblos originarios y sus soluciones no basadas en el mercado han vuelto a quedar relegados a una colorida foto que aportaba una diversidad solo aparente de cara a la galería.
Los países han dedicado interminables sesiones a debatir sobre si evitar o no la posibilidad de hacer trampas en los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio para, al final, no llegar a ningún acuerdo. En cualquier caso ignorando que los mecanismos basado en el mercado, no son la solución. Aparte de generar dobles contabilidades, estos mecanismos retrasan las reducciones de emisiones necesarias, mercantilizan el clima, abren la puerta de la especulación financiera sobre ecosistemas que juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida, y sobre todo trasladan el foco de la responsabilidad a las comunidades del Sur que no han generado el problema, permitiendo a los sectores contaminantes (grandes transnacionales, empresas de combustibles fósiles, sector de la aviación y del comercio marítimo internacional,…) seguir contaminando.
Una perpetua contradicción
Las medidas basadas en el mercado son la única y estrecha ventana por la que el sistema económico puede mirar al horizonte para autoconvencerse de que puede cumplir con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París sin inmolarse. Pero este pensamiento mágico choca frontalmente con la realidad, que es tozuda. El cambio climático y el resto de manifestaciones de la crisis ecológica, es decir, del hecho de estar chocando con los límites del planeta, son el resultado lógico de un sistema económico que se basa en la acumulación y el crecimiento ilimitado.
Las protestas de Chile que provocaron el traslado de la COP25, reprimidas duramente por el gobierno de Piñera con un saldo oficial de 23 muertos más y 200 ojos menos, no son una mera coyuntura. Las protestas en el país andino contra el sistema de pensiones, un sistema de salud privatizado, el elevado endeudamiento juvenil, o el encarecimiento de servicios básicos como el transporte, son manifestaciones de la crisis de un sistema neoliberal que es el mismo que genera la crisis ecológica y climática. El mismo sistema que ha esquilmado los recursos minerales a lo largo de décadas de extractivismo. El mismo sistema que expolia las reservas de agua para dar gusto a nuestras modas culinarias como el aguacate y que ha llevado al extremo de que en las regiones de los ríos y los lagos de Chile ahora hay épocas del año en que necesitan abastecer a la población con camiones cisterna. Y el mismo sistema neoliberal que ha violentado sistemáticamente a los pueblos originarios para dar cabida a los intereses de empresas transnacionales del norte global.
El bloqueo continuo por parte de grandes contaminadores como EEUU, Brasil, China o Arabia Saudí ha sido absolutamente desesperanzador. Demuestra un proteccionismo de los intereses fósiles sin paliativos, algo que de alguna forma impregna al espacio de Naciones Unidas en general. Es sintomático que mientras que 300 delegados de la sociedad civil, con los pueblos indígenas a la cabeza, fueron expulsados el miércoles de la COP cuando protestaban por el lento avance de las negociaciones, las empresas contaminadoras sean siempre bienvenidas, no se les expulse y se les permita una labor de lavado verde intolerable. Es como si a las empresas tabacaleras se les permitieran no solo hacer publicidad en un congreso de la Organización Mundial de la Salud, sino opinar e influir directamente en las políticas de salud pública.
Si para algo ha servido esta COP25 es para visibilizar la gran y creciente brecha entre las decisiones políticas y las demandas de la calle. Los gobiernos siguen pisando el acelerador en esta (ya) larga huida hacia adelante. Suben las emisiones de forma imparable. Pero también sube el cabreo y la reacción social. El nivel de movilización en las calles es aún insuficiente, pero es indudable que se encuentra en claro aumento. Y a medida que siga creciendo, a los gobiernos les resultará más difícil ignorarlo. Tienen que sentir el aliento en la nunca para que se vean obligados a enfrentarse al poder económico, que va a hacer todo lo posible por mantener sus privilegios. Cada día que no avancemos en esta dirección, se traduce en vidas perdidas.
