Cuando mejorar lo que había no basta

A menudo se marca la aparición del documental “Una verdad incómoda” como un punto de inflexión en la concienciación social sobre el cambio climático; sin embargo hoy día ya no podemos mirar al problema como lo hacíamos entonces. Ni siquiera como lo hacíamos hace una década. Según la NASA reveló hace apenas un mes, la magnitud del problema se ha acelerado por encima de lo esperado: la cantidad de calor que atrapa la Tierra procedente del Sol se ha duplicado en apenas 15 años, desde 2005. 

Con las catástrofes meteorológicas en Europa o Norteamérica, estos días se tiene más claro que nunca algo que en el Sur Global saben desde hace mucho: el cambio climático no va (sólo) de osos polares sino de vidas humanas. Decenas de muertos y desaparecidos bajo las aguas o entre las llamas lo atestiguan. Un estudio reciente indica que el 10% de las muertes globales se deben hoy a episodios de temperaturas extremas que en Europa golpean especialmente a nuestro país. Con este telón de fondo, las medidas anunciadas por Bruselas a mediados de este mes se interpretan como claramente insuficientes.

La Organización Meteorológica Mundial afirma que desde el año de la firma del Acuerdo de París hemos vivido el quinquenio (2015-2019) más cálido desde que existen registros. La nueva normalidad no es ya una foto fija, sino algo en continua redefinición, mutando a una velocidad que asusta a los científicos. De ahí que las ambiciosas propuestas políticas no sean por tanto necesariamente suficientes para el desafío que tenemos por delante.

¿Qué ha anunciado Bruselas?

La Comisión Europea acaba de lanzar el paquete legislativo más importante de toda la historia de la Unión en materia de clima y energía -el llamado paquete “Fit for 55”-. Y sin embargo, es insuficiente y no está a la altura del reto, porque este se va haciendo cada vez más inasible. Estas medidas se han propuesto como consecuencia del nuevo objetivo climático para 2030 que la Unión Europea (UE) adoptó a finales de 2020 y que finalmente se ha consolidado en la Ley Climática Europea en junio pasado, comprometiéndose a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de forma neta -es decir, permitiendo contabilizar hasta cierto punto los sumideros, aunque de forma limitada-. Este nuevo objetivo le obliga a reformar toda la legislación en materia de clima y energía adaptada a ese “al menos 55%”. Ese “al menos” no es inocuo y costó mucha negociación en su día. Quiere decir que el 55% es el nivel mínimo de ambición de esta reforma legislativa, que podría y debería aspirar a más.

Lo que se necesita está muy claro: según la ciencia y según el Acuerdo de París, este paquete legislativo (como cualquier otra medida que se apruebe) tiene que estar en línea con el objetivo de 1,5ºC. Superar este aumento de temperatura media a final de siglo en el planeta condenaría a la muerte a una cantidad ingente de personas y supondría la destrucción de muchos ecosistemas. Para ello la UE debe comprometerse a reducir sus emisiones en al menos un 65% y así contribuir de forma justa y acorde a sus responsabilidad en la generación de este problema con repercusiones globales.

Sin embargo, a pesar de aumentar algo la ambición respecto al 55%, las medidas anunciadas no llegan a ese nivel necesario, y se quedan en torno a un 57-59% de reducciones. Y eso contando el potencial de emisiones a capturar por sumideros como los bosques (emisiones netas), algo truculento y rechazable, pues la retirada de carbono de la atmósfera por nuestros árboles o humedales debería de ser algo adicional y no una compensación por la falta de acción real en la reducción de emisiones. Si no contamos los sumideros, el nivel real de reducción de emisiones prometido es incluso inferior al 55%. 

Las distintas medidas legislativas 

Aunque hay más medidas legislativas planteadas (como un mecanismo para el ajuste de carbono en frontera, la revisión de la directiva sobre la fiscalidad de la energía, nuevos estándares de emisión para vehículos,...) y otras que están por venir (como la directiva de edificios o un paquete sobre el gas), a continuación señalamos algunos de los principales elementos que nos permiten hablar de una ambición insuficiente.

Las renovables: La Comisión propone que el 40% de la energía final usada en 2030 sea de origen renovable, muy lejos del 50% necesario. Este objetivo tan poco ambicioso no se entiende, teniendo en cuenta que las tecnologías para la generación de energía renovable están desarrolladas, disponibles y son viables. Además, la Comisión falla a la hora de no reintroducir objetivos obligatorios por países, algo que podría retrasar la transición energética en muchos de ellos que confiarían en los esfuerzos de los países más avanzados para el cumplimiento del objetivo comunitario.

Eficiencia energética: de forma positiva, la propuesta contempla aumentar el objetivo de eficiencia energética a un 36% para el consumo de energía final y a un 39% para el consumo de energía primaria para 2030. Además se establecen interesantes obligaciones de reducción de la demanda energética para el sector público. Sin embargo, aunque el objetivo será vinculante para UE, se queda lejos del 45% necesario y seguirá sin haber objetivos vinculantes a nivel estatal, lo que significa dejar pasar una oportunidad para implicar a los Estados miembro de forma mucho más efectiva en la aplicación del principio “eficiencia primero”.

Los sumideros: La propuesta de nuevo reglamento del Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo, y Silvicultura -que tiene como objetivo abordar los flujos de carbono en los bosques y los suelos de la UE-, plantea aumentar la capacidad de estos sumideros para que capturen más CO2 de la atmósfera. Sin embargo, la propuesta se queda lejos del potencial de captura derivado de un plan ambicioso de conservación de la biodiversidad. La protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático pueden beneficiarse de forma sinérgica, pero las emisiones “ahorradas” por los bosques nunca deben ser contabilizadas como parte del objetivo de reducción de la UE, sino que deben ser beneficios a mayores.

Sectores difusos: El objetivo de reducción propuesto para los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones, es decir, la agricultura, el transporte por carretera, los edificios, o los residuos es del 40% para 2030. Supone un aumento frente al 30% vigente, y mantiene la responsabilidad de la acción en los Estados miembro, con objetivos de reducción obligatorios por países (un 37,7% para España). Sin embargo el objetivo global se queda lejos del 50% necesario, y además se introducen una serie de flexibilidades y lagunas que debilitan la fortaleza del objetivo.

Régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés): El nuevo objetivo pretende reducir las emisiones de los sectores bajo este régimen (hasta ahora generación eléctrica, industria, y aviación) en un 61% para 2030, lejos del 70% necesario. Una novedad positiva es que las emisiones del sector marítimo, que estaban sin regular, se incluyen ahora en el sistema (incorporando hasta cierto punto también la navegación internacional), pero las emisiones del transporte aéreo internacional seguirán regidas por el ineficiente sistema CORSIA. Y algo que clama al cielo: la industria seguirá recibiendo permisos de emisión gratuitos, lo que resulta totalmente inaceptable cuando llevan ya más de 15 años haciéndolo.

Además, la Comisión plantea un nuevo sistema (ETS2) para los sectores residencial y de transporte por carretera a partir de 2026, con un objetivo de reducción del 43%. Los proveedores de carburantes para estos sectores tendrían que comprar derechos de emisión, lo que repercutirá en los precios en los carburantes, con riesgos de impactar de forma significativa a aquellas familias más vulnerables que ya sufren pérdida de poder adquisitivo, lo que puede derivar en graves tensiones sociales como la vivida con los chalecos amarillos en Francia. 

Fondo Social Climático: La Comisión plantea la creación de un Fondo Social Climático para paliar parcialmente los efectos, dotado con 72 mil millones de € para el periodo 2025-2032, del que a España le correspondería poco más del 10%. Para aplicar a estos fondos los Estados miembros tendrían que presentar planes climáticos sociales, que tendrían que co-financiar al 50%, donde debe detallar cómo pretender beneficiar a hogares y usuarios de transporte en situación de vulnerabilidad, así como a PYMES vulnerables con menos de diez empleados, entre otros.

Sin embargo no está claro que este fondo social vaya a solucionar la magnitud del problema ni a asegurar que llega a quien lo necesita: una transición ecosocial justa requerirá de mucha mayor redistribución de los costes, donde los grandes contaminadores se hagan cargo de lo que les toca según el principio de “quien contamina paga”. Además, será vital  un apoyo decidido para las capas sociales más vulnerables, así como una gobernanza más inclusiva y participativa a nivel local, regional, estatal y de la UE. El hecho de que grandes actores económicos sigan sacando beneficio de forma gratuita mientras que el consumidor final se hace cargo del aumento de la factura es simplemente inaceptable. 

Necesitamos más: una oportunidad para el Parlamento Europeo y el Consejo

Retrasar la acción climática sólo empeorará la situación para todo el mundo, pero especialmente para aquellas personas más vulnerables y para las que menos han contribuido a generar el problema. Quedarse cortos hoy no sólo significa aumentar el costo de la acción mañana de manera exponencial, sino quizás perder la última ocasión para evitar terribles consecuencias en términos de justicia intergeneracional. Por ello, la ciudadanía europea debe tomar conciencia del momento histórico en que nos encontramos y presionar al Parlamento Europeo y a los diferentes Estados miembro para conseguir, en los próximos meses, alinear este paquete legislativo con el objetivo de 1,5ºC.