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Silvia Pérez-Espona

Silvia Pérez-Espona es doctora en Biología Evolutiva por la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). Actualmente es investigadora visitante de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

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La importancia de ser autor

La mitología asociada a la ciencia y a los profesionales de la ciencia es gigantesca. Para hacernos una idea basta recordar ese estereotipo de científico que aparece en las películas: un señor, hombre por supuesto, canoso y de pelo revuelto, con un matraz humeante en la mano, una pizarra detrás llena de ecuaciones, extraordinariamente distraído y vestido con una bata blanca. En realidad, los científicos somos tan diversos como ocurre en el resto de actividades humanas y nuestro único denominador común es que generamos conocimiento que, normalmente, sintetizamos en publicaciones científicas. 

Así resumido es muy desmotivador y probablemente muy poco romántico, pero es la verdad. Lo que hacemos es publicar lo que somos capaces de ir resolviendo para que el resto de nuestros colegas puedan ir subiendo el listón de lo conocido con nuestra contribución. Poco glamuroso, pero es una visión realista y profesional. No somos superhéroes, sólo artesanos de la ciencia que en vez de levantar botijos en un torno y luego venderlos como haría un alfarero, planificamos y llevamos a cabo experimentos y observaciones del mundo que nos rodea, analizamos los datos que generamos y producimos publicaciones científicas. 

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El valor ambiental y económico de no hacer

Nadie hubiera pensado que dejar sin edificar las hectáreas de bosque y jardín que ahora conforman Central Park en el corazón de Manhattan traería tanta riqueza. La ocasión perdida de construir más rascacielos se convirtió en algo que no sólo mejoró la calidad de vida de miles de neoyorquinos, sino que aumentó desproporcionadamente el valor de las viviendas construidas en sus alrededores y acabó confiriendo un estilo irrepetible a la Gran Manzana.

Si a los miles de urbanistas e ingenieros que hoy están haciendo planes para edificar y artificializar millones de hectáreas del planeta pudiéramos mostrarles el valor que esas hectáreas podrían tener si al menos una parte se dejan como están estaríamos contribuyendo decididamente a aumentar la sostenibilidad global de nuestro desarrollo. Pero para lograr detener algunas de estas actuaciones necesitamos bastante más que la difusión del conocimiento ecológico y socioeconómico moderno. Necesitamos que alguien nos haga un préstamo. Un préstamo para hacer frente a la tentación del dinero fácil. Y hablamos de mucho dinero y a un plazo muy largo.

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La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

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La política del maquillaje no funciona con la ciencia

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

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¿Por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación científica?

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.

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Lo que no dicen los números: la brecha de género en puestos de liderazgo de la universidad pública

El porcentaje de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior pública en nuestro país ha oscilado alrededor del 41% en los últimos diez años. Sin embargo, la representación femenina en los cargos unipersonales de gobierno de dichas universidades está muy por debajo de este porcentaje. De las 50 universidades públicas españolas, únicamente cuatro (Autónoma de Barcelona, Granada, Huelva y País Vasco) están lideradas por una mujer, apenas el 8% del total.

La presencia de mujeres en la carrera universitaria sufre una drástica disminución cuando se pasa a situaciones laborales más estables y de mayor responsabilidad. Según los datos recabados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 54% de los alumnos de grado, el 58% de los estudiantes de máster y el 50% de los nuevos doctores son mujeres. A partir de este momento, la situación se invierte. Frente al 41% de mujeres docentes e investigadoras en la Enseñanza Superior en nuestro país, sólo el 21% de las cátedras pertenecen a mujeres, condición indispensable para ocupar el cargo de rector/a de una universidad.

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El uso excesivo de métricas y la lógica capitalista pervierten el trabajo científico

Dentro de los planes para estabilizar los puestos de científicos y tecnólogos que el Gobierno supuestamente pretende incluir en los presupuestos generales de 2018, el todavía ministro de Guindos ha incluido la creación de una nueva “comisión evaluadora del desempeño de la actividad científico-tecnológica”. Esta comisión determinaría cuándo o qué científicos deben ser estabilizados, así como su nivel salarial. Sorprende un poco la necesidad de crear una nueva comisión para evaluar a los científicos, cuando sus funciones ya existen dentro de la ANECA ( Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Científica y Acreditación). Más aún dado que España carece de sistemas consistentes de evaluación para departamentos, universidades y centros de investigación similares a los de otros países de nuestro área (como el Research Evaluation Framework del Reino Unido).

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La política científica entra en la era de la post-verdad

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un  artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

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¡Traed madera! La Unión Europea la puede liar con las renovables

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

 

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Rumbo de colisión: segundo aviso de los científicos a la humanidad

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

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