Europa y España deben acordar una respuesta común para la pandemia

La semana que acaba de finalizar ha puesto de manifiesto la extraordinaria dificultad de la Unión Europea (UE) para desarrollar una estrategia común de vacunación contra la COVID-19, tras los iniciales y positivos augurios generados por la compra conjunta de vacunas. Se trata de un tropiezo más en la gestión de la pandemia que evidencia la ausencia de una verdadera autoridad sanitaria europea eficaz.

La falta de liderazgo de la Comisión Europea (CE) para proponer y articular una respuesta común tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la vacuna de AstraZeneca vino precedida y ha sido después seguida de una gran diversidad de respuestas de los Estados miembros, lo que está generando incertidumbre en la población, especialmente entre quienes han sido vacunados con dicha vacuna o serán llamados a ello.

La EMA ha analizado los infrecuentes eventos adversos en forma de trombos aparecidos tras la administración de la vacuna de AstraZeneca y ha señalado que existe un “posible vínculo” entre ambos hechos y que estos deben ser considerados como un efecto secundario que ocurre muy raramente.

También ha señalado que, por el momento, no puede establecerse ninguna asociación de esos trombos con la edad, el sexo o el historial médico de las personas que los han padecido. Y ha dictaminado que los beneficios de la vacuna superan ampliamente a los riesgos, por lo que ha concluido que debe seguirse aplicando sin restricción alguna.

Sin embargo, ante la ausencia de una propuesta común por parte de la CE y la anodina reunión de ministros y ministras de Sanidad convocada urgentemente el miércoles 7 de abril, que no produjo ningún acuerdo operativo, varios países miembros de la Unión determinaron limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca en determinados grupos de edad que no coincidían de unos países a otros; todo lo hicieron sin fundamento epidemiológico alguno, y sin basarse en los resultados del análisis efectuado por la EMA. Las cautelas políticas han dejado de lado los análisis objetivos del riesgo y han alentado temores infundados que eclipsan los beneficios de la vacuna.

Conviene destacar la rigurosa tarea de la EMA, que ha trabajado con dos comités de evaluación, uno interno (el habitual) y otro de expertos externos (excepcional) cuyas conclusiones han sido coincidentes. Este trabajo contrasta con la ausencia de una propuesta europea tanto de parte de la comisaria de Salud como del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) en torno a la cual pudiera articularse una posición común de los Estados. De esta forma se ha malogrado gran parte del crédito técnico de la EMA, que es un elemento esencial para mantener y alimentar la confianza de la población en las vacunas, sin la cual, el éxito de la estrategia de vacunación se hace más difícil de alcanzar. Si Europa ha creado una autoridad regulatoria sanitaria en materia de medicamentos y vacunas debe ser para hacerle caso y no para dejar de lado sus dictámenes técnicos privilegiando una lógica política que resulta contraproducente.

A todo lo anterior hemos de añadir las polémicas generadas en torno a las iniciativas de regiones como Madrid o Baviera para adquirir dosis de la vacuna rusa Sputnik, así como el posterior y sorprendente anuncio del Gobierno alemán en el mismo sentido. Sorprendente, en primer lugar, porque esa vacuna todavía no cuenta con la pertinente autorización de la EMA y porque existen serias dudas sobre las condiciones de manufactura y sobre la capacidad real de producción de las dosis necesarias en el corto plazo. Y, además, porque el programa de compra conjunta de la UE ha comprometido la adquisición de un número de dosis que supera, de largo, las necesidades de la población europea.

Los acontecimientos relatados, ocurridos en esta última semana, se unen a las dificultades que se han podido apreciar anteriormente en la gestión de los contratos y a los reiterados incumplimientos en el suministro de dosis adquiridas (en especial los relativos a AstraZeneca), que han contribuido también a emborronar una gestión que suponía una magnífica iniciativa conjunta y que ahora está quedando comprometida.

Por todo ello consideramos que procede una profunda rectificación en el marco de la UE para reconstruir una serie de consensos básicos que fortalezcan y añadan más opciones de éxito a la estrategia de vacunación en Europa. La UE, los Estados miembros y la ciudadanía nos jugamos mucho en esto. El Gobierno de España debería proponer una reflexión profunda en el seno de la UE que, con el aval de la EMA y del ECDC, conlleve incluso una rectificación común de las limitaciones actuales a la inmunización con la vacuna de AstraZeneca.

Desde nuestro punto de vista deberían seguirse los criterios de la EMA y aplicar la vacuna de AstraZeneca sin límite edad (salvo las edades pediátricas). Nada justifica no vacunar a menores de 60 años o a mayores de 69 años. Pero si se siguen imponiendo las reticencias infundadas que nos están llevando a darnos “un tiro en el pie” en la estrategia de vacunas, cuando menos se debería aplicar a la población mayor de 60 años sin límite de edad superior alguno; ello permitiría vacunar con mayor rapidez a las personas con edades de 69 a 79 años, que son muy vulnerables y siguen estando mayoritariamente desprotegidas.

También debería definirse cuanto antes una posición común en Europa respecto a cómo proceder con relación a las segundas dosis pendientes en las personas ya vacunadas con AstraZeneca, asunto sobre el cual algunos Estados ya han tomado también decisiones unilaterales y contradictorias. Nada justifica no poner la segunda dosis de esta vacuna a quienes ya recibieron la primera.

De las tres opciones que se han barajado hasta ahora (aplicar la segunda dosis tal como estaba previsto, aplicar solo una dosis o aplicar una segunda dosis de otra vacuna), la OMS ya ha señalado su oposición a la tercera opción y su preferencia por la primera. Conviene recordar que hasta ahora no hay evidencia científica de que puedan combinarse distintos tipos de vacunas y sería temerario dejar a varios millones de personas que han recibido la primera dosis a mitad del camino en la generación de una inmunidad eficaz contra la severidad del virus.

Por último, en el marco de la UE, debería abordarse un ambicioso plan de comunicación que involucre a voces expertas y acreditadas capaces de desarrollar una intensa acción pedagógica para minimizar el enorme impacto negativo que todos estos acontecimientos crean entre la ciudadanía. Habrá no solo que disipar miedos infundados pero muy presentes en el imaginario colectivo, sino también que reparar el daño que ha causado el despropósito de las decisiones cambiantes, sin fundamento y mal explicadas.

En el caso de España, la semana también nos ha deparado situaciones y decisiones que han creado incertidumbre y perplejidad tanto por su contenido como por el modo como se han producido.

Así, la mañana de miércoles comenzó con la decisión unilateral, precipitada e injustificada del gobierno de Castilla y León de suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a toda la población citada para ese día, que fue seguida por el dictamen de la EMA, emitido por la tarde, y que reiteró que los beneficios de esa vacuna superaban con creces a los riesgos identificados. Después, tras la ausencia de una decisión común en el Consejo de Ministros de Sanidad de la UE, el Consejo Interterritorial (con el voto en contra de Madrid y la abstención del País Vasco y de la Ciudad Autónoma de Ceuta) determinó aplicar la de AstraZeneca solamente a la población de 60 a 65 años. Una decisión que fue modificada apenas veinticuatro horas después por la Comisión de Salud Pública, que elevó la edad límite a los 69 años.

Precipitación, falta de consenso, insuficiente información y una tímida rectificación en menos de 24 horas suponen un cóctel peligroso para la necesaria confianza en la citada vacuna, que comienza a expresarse en forma de rechazo por parte de la población citada para recibirla, si bien con grandes diferencias según la comunidad autónoma.

Y, al igual que en otros países de la UE, en España queda por resolver la cuestión relativa a qué hacer respecto a los dos millones de personas menores de 60 años que recibieron una primera dosis y que están pendientes de la segunda.

La buena noticia es que el ritmo de llegada de las vacunas se ha incrementado, lo cual permitió superar incluso las 400.000 dosis diarias administradas. Sin duda, ese es el camino: incrementar sustancialmente el ritmo de administración y sostener el esfuerzo. Ninguna polémica, ningún interés electoral debería distraernos de ello.

Por otra parte, no se puede olvidar que ha continuado el incremento del número de casos, de la incidencia acumulada y de la presión asistencial en la gran mayoría de comunidades y ciudades autónomas. Trece de ellas están en situación de riesgo alto, con cinco (más Melilla y Ceuta) situadas en un nivel de riesgo extremo. En algunos hospitales se han reabierto las unidades de cuidados intensivos que se habilitaron en la segunda y tercera ola. Todo lo cual está impulsando la adopción de nuevas restricciones cuya variedad y falta de coherencia entre comunidades hacen dudar de que puedan ser suficientes para frenar la expansión del virus.

Y ello sucede cuando aún queda por observarse el impacto de la mayor movilidad debida a la Semana Santa y cuando los actuales niveles de inmunización con la pauta completa (en torno al 7% de la población) seguramente no podrán actuar como muro de contención ante el ascenso de una cuarta ola ante la que, una vez más, no se está respondiendo de forma proactiva.

La evolución de estos dos procesos (pandemia y ritmo de vacunación) durante las próximas semanas arrojará luz sobre la pertinencia de prolongar o no el actual estado de alarma que, según el presidente Sánchez, el Gobierno querría no verse obligado a prolongar más allá de la duración inicialmente prevista. La realidad determinará lo que resulte necesario, pues si para entonces la transmisión sigue siendo elevada se requerirán medidas restrictivas durante más tiempo, para lo cual será preferible contar con el paraguas jurídico del estado de alarma y evitar la excesiva judicialización de las decisiones que tomen las comunidades. Pase lo que pase hasta entonces, convendría tener claro que algunas de las medidas que vayan a ser necesarias podrían afectar a derechos fundamentales y en tales casos solo el estado de alarma ofrece la plena seguridad jurídica necesaria.

Por todo lo anterior, sería bueno plantear cambios en los procedimientos de toma de decisiones que incluyeran un mayor asesoramiento experto en la estrategia de vacunación que, no lo olvidemos, durará varios meses, si no más tiempo, de forma que tanto la rectificación de las limitaciones actuales a la vacuna de AstraZeneca como las incertidumbres sobre la segunda dosis, las acciones informativas y pedagógicas sobre las vacunas o cualesquiera otras que pudieran plantearse en el futuro contasen con un referente de elevada credibilidad profesional ante la ciudadanía.

Y sobre todo para evitar que el ambiente preelectoral o las pugnas partidarias que condicionan buena parte de los debates y de las tomas de posición de los actores implicados termine perjudicando a elementos esenciales de la política de salud pública. La creación de un grupo asesor técnico para el Plan de Vacunación que incorporase, al menos, expertos en gestión de salud pública, epidemiología, virología e inmunología sería de un valor extraordinario en este momento.