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La plataforma Canarias Libre de CIE celebra que ya no entren mujeres en “las cárceles” de Gran Canaria y Tenerife

Entrada al CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria.

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Plataforma Canarias Libre de CIE asegura que en “las cárceles” de Gran Canaria y Tenerife (Centros de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco y Hoya Fría, respectivamente) ya no entran mujeres, algo que supone “una alegría”, según expresa Carmen García, del programa Daniela, de atención a la mujer víctima de trata, prostitución y exclusión social, que promueve la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor, uno de los colectivos que forman parte de la organización junto a CEAR, Médicos del Mundo o el Secretariado Diocesano de La Pastoral de Migraciones, entre otros,

“Las mujeres sufren una violencia extrema durante el trayecto migratorio, con violaciones reiteradas. Muchas vienen con embarazos recientes, otras con embarazos casi a término. Y nos estamos encontrando con situaciones de mucha vulnerabilidad”, señala García.

La plataforma recuerda que esta era una medida que exigía esta circunstancia y asegura que “de forma oficiosa, que no oficial, el Estado se ha dado cuenta que suponía un agravamiento de su situación”.

García añade que, “ahora que está claro que no es necesario encerrar a mujeres en los CIE, se puede dar un paso más y dejar de internar a los hombres, porque existen alternativas que se han visto y están demostradas”, como los albergues, en los que las personas migrantes no están privadas de libertad.

En este sentido, reclama que las plazas se habiliten con previsión: “Debería existir una planificación y no hacer las cosas deprisa y corriendo” porque “van a seguir llegando hacia el Archipiélago dado que se han cerrado otras rutas”.

Un día después de que el juez de control del Centro de Internamiento de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, reflejara en un auto las irregularidades que se cometen con las personas internadas en el edificio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, la Plataforma Canarias Libre de CIE ha incidido en que estos espacios son innecesarios, ineficientes, represores y socavan, sin necesidad, los derechos de los migrantes.

Frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, Mame Cheikh, uno de los portavoces de la plataforma y presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en las Islas, ha afirmado que desde el colectivo saben “que los CIE no son soluciones para la realidad migratoria que vive el Archipiélago”, en los que son “encerradas personas que no han cometido ningún delito en condiciones inhumanas”, porque “en realidad son cárceles”.

Por ello, reclama “trabajar en origen” y “abrir vías seguras y legales” en el tránsito migratorio de las personas que llegan a través de la ruta vía marítima a Canarias desde África. A juicio de Cheikh, “con toda su historia migratoria, el Archipiélago no debería ser un tapón” porque la mayoría de los que llegan “ni siquiera quieren permanecer en España, quieren seguir hacia Francia en busca de trabajo y un futuro mejor”.

El colectivo también rechaza la reapertura del CIE de El Matorral, en Fuerteventura, un día antes de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trasladó al Gobierno regional que volvería a activar el edificio de la Isla majorera después de estudiar el estado de sus instalaciones, tras cerrarlo en 2008.

La plataforma considera que seguir habilitando espacios para privar de libertad durante un máximo de 60 días a personas en situación administrativa irregular que proceden de países extracomunitarios “es una medida superlativa para su situación”, ya que “no es un espacio donde las personas puedan encontrar la serenidad necesaria después del tránsito migratorio que les ha traído hasta Canarias”.

Las personas internadas no reciben su infome clínico

Las personas internadas no reciben su infome clínicoEl colectivo recuerda que las deficiencias que presenta el CIE de Barranco Seco, recogidas por el auto el juez de control, fue “evidenciado en numerosas ocasiones” por la anterior titular, Victoria Rosell y han sido denunciadas varias veces por las ONG. “La situación que existe actualmente es muy parecida a la que ya había antes de que comenzaran las reformas”, asegura Iriome Rodríguez, de Médicos del Mundo.

Las obras para renovar un edificio que fue la antigua prisión provincial de Las Palmas durante la dictadura franquista comenzaron en el verano de 2018 y, según lo que han podido comprobar las ONG, se ha incluido baños en las habitaciones, que constan de seis literas, se ha aumentado la vigilancia y se ha habilitado un espacio para que los internos puedan mantener encuentros en privado. Y para ello se ha invertido más de 1 millón de euros. Actualmente, el CIE de Barranco cuenta con 112 plazas y hay más de 80 personas internadas, según las ONG.

A la falta de asistencia jurídica, los impedimentos para poder comunicarse telefónicamente, los problemas estructurales (con techos que se caen por filtraciones en las duchas), la escasez de mudas de ropa o de calzado, la estética carcelaria o las limitaciones del comedor, la plataforma Canarias Libre de CIE asegura que las personas internadas no tienen acceso a su historial clínico y reclaman que tengan una revisión médica “al entrar y al salir”.

La atención sanitaria en el CIE de Barranco Seco, que continúa prestando la empresa privada Clínica Madrid, está habilitada de lunes a sábado, pero “por las noches y los domingos, si surge alguna urgencia, quien toma las decisiones no tiene criterio sanitario”, asegura Rodríguez. El edificio sí cuenta con una trabajadora social de Cruz Roja y están pendientes de contratar a otra persona. Y en cuanto a traductores, el colectivo entiende que la Policía Nacional, que gestiona estos centros, puede llamar a intérpretes “en momentos puntuales”, pero “habitualmente no están”.

“Emplazamos a las administraciones competentes a trabajar en la gestión de los flujos migratorios con responsabilidad” y a no encerrar a las personas que migran “en centros de internamiento carentes de cualquier atisbo de transparencia y garantía de derechos fundamentales”, concluye el colectivo.

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