El CIE de Barranco Seco parece “una cárcel de la dictadura” tres meses después de reabrir, según el juez de control

El juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria), Arcadio Díaz Tejera, ha podido constatar “irregularidades” y “carencias” en el edificio tres meses después de su reapertura: “Parece una cárcel de la dictadura”, ha reflejedado en un auto.

El juez ha exigido a las administraciones responsables del CIE de Barranco Seco -Delegación del Gobierno, Ministerio Fiscal y responsables de la Policía Nacional- que solucionen “de manera urgente” las deficiencias que ha detectado en sus últimas dos visitas, una el 5 de diciembre, con previo aviso y con intérprete, y otra el sábado 11 de enero, sin advertir de su llegada y sin traductores en el centro, al ser fin de semana. Esta función la tuvo que desempeñar una de las personas internas.

Además, ha incidido en que estas carencias no son nuevas, sino que han sido advertidas por sus antecesores en el cargo; de hecho, en 2015 el Ministerio del Interior ya reconoció que en el CIE de Barranco Seco se cometían irregularidades en respuesta a un auto de la por entonces jueza de control del CIE de Barranco Seco, Victoria Rosell. Y las organizaciones no gubernamentales también han podido constatar las vulneraciones de derechos humanos que se producen entre sus muros.

En diciembre, una ONG que visitó sus instalaciones denunció que los 80 internos, todos hombres, solo recibían una muda de ropa al entrar, no podían comunicarse telefónicamente ni tenían asistencia jurídica. Un mes después, la situación no ha variado.

En un auto, el juez asegura que las comunicaciones telefónicas “no han sido previstas”; también ha reseñado el “mal olor”, que exige que hayan disponibles mudas suficientes para establecer unas mínimas pautas de higiene, como ropa interior, camisetas o calzado, que ayuden a evitar a que se transmitan hongos en los platos de ducha. Además, resalta que “solo hay una secadora para todo el centro”.

“Los internos han estado desasistidos de asesoramiento jurídico durante su estancia”, según refleja el auto. Esto “genera una situación preocupante”, sobre todo para las personas que provienen de Malí, “de un país en guerra”, lo que puede provocar que alguna persona merecedora de “asilo y refugio” haya perdido esa oportunidad porque no se le han explicado “suficientemente” sus derechos y los trámites para solicitar la protección internacional. Varias ONG han denunciado que los malienses expulsados por España a Mauritania en vuelos de deportación han sido devueltos a su país de origen.

Díaz Tejera considera que esta situación se podría subsanar con un servicio de orientación jurídica “como existe en Madrid o Calatuña” con un “abogado o abogada en el centro para todos los internos”, aunque matiza que conforme a la normativa vigente, cada una de las personas debería contar con su propio letrado.

Una cárcel franquista

A pesar de los “1,5 millones de euros” invertidos para reformar el CIE, el juez afirma que “no parece que haya habido una auténtica remodelación” e incluso considera que “la estética, los olores y los ruidos” se asemejan a los de las cárceles de la dictadura.

Díaz Tejera ha observado que actualmente mantiene la misma configuración carcelaria sin las características de las prisiones remodeladas de la democracia parlamentaria, poniendo como ejemplo el Centro Penitenciario Las Palmas I, conocido como el Salto del Negro, que tiene las paredes y los barrotes pintados de colores. En Barranco Seco “predomina de forma absoluta el blanco y el negro”.

En el verano de 2018 se decidió comenzar con las obras de reforma para renovar un edificio que fue la antigua prisión provincial de Las Palmas durante el régimen franquista. Se estableció un plazo de ejecución de seis meses que se prorrogó en varias ocasiones. El ya exdelegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, (cesado en favor de Anselmo Pestana), esperaba que reabriese en octubre para dar respuesta a las llegadas de las personas migrantes al Archipiélago, dado que hasta entonces solo estaba en funcionamiento el de Hoya Fría en Tenerife. Esto provocó que algunas de las personas que han llegado en la ruta migratoria marítima hacia Canarias hayan tenido que pasar noches en la calle ante la falta de un plan coordinado de acogida alternativo al de los CIE por parte de las administraciones.

Pero su reapertura parcial se produjo el 27 de noviembre, internando a unos 20 personas, en contra del Sindicato Unificado de Policía, que criticó que se pusiera en funcionamiento sin estar finalizada la obra y se arreglaran las deficiencias detectadas. De hecho, el juez ha detallado que el montacargas no funciona, hay problemas con las puertas y hay techos que se caen por filtraciones de agua de las duchas.

Durante sus visitas, el juez también ha observado que solo está en funcionamiento un comedor “y se necesitan cuatro turnos”, tres veces al día, para que las personas internadas puedan comer. Los otros espacios dedicados al mismo fin no han recibido aún las sillas previstas. A principios de enero, el Ministerio del Interior informó a este periódico que en el CIE hay habilitadas 100 plazas y estaban todas ocupadas.

Tampoco se llevan a cabo actividades formativas, culturales o de esparcimiento, a pesar de que las personas internas, “jóvenes con una media de edad de 20 años”, le han trasladado al juez su deseo de aprender castellano.

El auto especifica que la dirección del centro y Cruz Roja, que tiene a trabajadores sociales contratados en el CIE, tienen conocimiento de todas estas situaciones, pero alegan que no han podido subsanarlas por “las dificultades de contratación”, que dependen del Ministerio del Interior o de la sede central de la ONG en Madrid. Pero el juez considera que en Canarias “se pueden construir sillas y mesas y hay cholas suficientes”.

Las personas en situación administrativa irregular que procedan de países extracomunitarios pueden ser privadas de libertad en los CIE, gestionados por la Policía Nacional, un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión (si bien esto se efectúa en un porcentaje muy bajo). “Pero no les priva de los demás derechos y libertades constitucionales y legales reconocidas por el ordenamiento jurídico a todas las personas que se encuentren en el territorio del estado español”, afirma el juez.