Sin un plan coordinado de primera acogida ante el repunte de la ruta migratoria hacia Canarias

Personas que se quedan en la calle tras recorrer durante días en el mar la ruta migratoria de África a Canarias, pasar 72 horas en calabozos o vivir encerradas en un Centro de Internamiento de Extranjeros han obligado a que en Canarias se habiliten espacios de atención humanitaria urgente. Y a la vez han puesto de manifiesto que el Archipiélago carece de planificación, previsión y coordinación entre administraciones y entidades sociales para establecer un primer dispositivo de atención humanitaria garantista con la dignidad de estas personas.

“Hay que cambiar la óptica. Superar una óptica reactiva, en función de lo que va sucediendo, y tener una visión proactiva de la realidad, tener capacidad de previsión. Hay que analizar los recursos que puedan ser susceptibles de ser usados para afrontar una situación de atención humanitaria frágil y, a partir de ahí, pensar qué pasa con las personas que están acogidas de cara a su potencial proceso de integración, porque la llegada es un primer paso”, afirma Juan Carlos Lorenzo, presidente de CEAR en Canarias.

La ruta migratoria hacia Canarias lleva activa desde hace 25 años de forma intermitente; en 2006 alcanzó su máximo histórico, con más de 30.000 personas en un año. En ese año se recurrió a la improvisación, activando comisarías, naves, polideportivos, campamentos o aeropuertos como espacios de acogida a la espera de trasladar a las personas migrantes, ante la saturación de los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

La medida que aplicó el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero fue pedir ayuda a la Unión Europea para frenar las migraciones. Estas actuaciones se materializaron con el control de fronteras en los países de origen desplegando vigilancia con fuerzas marítimas y aéreas y se ha vendido por el Parlamento regional y España como un éxito, siendo una estrategia repetida, años después, en el Mediterráneo.

Se priorizó el freno a las migraciones hacia las Islas en lugar de aplicar una mejor planificación y prevención de los espacios y los servicios de atención humanitaria en el Archipiélago de forma natural, y así, dar una perspectiva positiva a las migraciones que puedan contribuir al desarrollo social, cultural o económico de una sociedad.

Hoy, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (PSOE), aboga por reforzar precisamente medidas similares a las que se tomaron en 2006, y ha pedido mayor control de las fronteras, recordando que es competencia del Estado, al que achaca lo que ha llamado un repunte de la ruta migratoria hacia las Islas por ejercer menos control de las fronteras.

El portavoz gubernamental ha dicho que desde el 1 de enero hasta el 26 de noviembre han llegado un total de 1.546 personas a Canarias en pateras o cayucos desde África, concentrando un mayor número en el segundo semestre del año. Lo cierto es que las llegadas vía marítima representan una parte minoritaria de las migraciones hacia Canarias, pues la mayoría proceden del continente europeo o americano; de hecho, más de 70.000 personas proceden de Venezuela.

También reconoció que es una obligación y una responsabilidad del Gobierno regional atender a las personas que llegan a Canarias desde África en cayuco o patera, por ello, ha reclamado la posibilidad de crear lugares de acogida, “espacios específicos”, para los migrantes.

El proceso

El procesoCuando una embarcación con personas migrantes es interceptada en aguas canarias, es trasladada al puerto más cercano. Son atendidas en primera instancia por Cruz Roja y derivadas al hospital aquellas personas que lo precisen. “Si hay menores, se activa otro protocolo”, explica Iriome Rodríguez, de Médicos del Mundo en Canarias. “Los adultos que no tengan ninguna necesidad física pasan a comisaría y pasan allí 72 horas”, añade.

En noviembre, tres mujeres que alcanzaron la Isla de Fuerteventura a bordo de una patera con sus bebés, quedaron separadas de sus hijos después de llegar al puerto de Gran Tarajal. Ellas pasaron a disposición policial y los menores quedaron bajo custodia de las autoridades porque Fiscalía de Menores consideró mejor separarlos que dejar a los bebés en el calabozo con sus madres.

Mientras están en comisaría, pasan a disposición judicial, donde se dictamina “si son expulsables o no”, explica Rodríguez, pues España tiene convenios de repatriación con Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania. Si procede de uno de estos países, “se abre un expediente de expulsión y entonces pueden entrar al Centro de Internamiento de Extranjeros”, aunque “no es obligatorio”, puesto que según el Real Decreto de 2014 que regula su funcionamiento, es “una medida cautelar y preventiva” destinado a “garantizar” la expulsión, por lo que pueden estar encerrados, puesto que se les priva de libertad, un máximo de 60 días. Sin embargo, se ha constatado en numerosas ocasiones que el internamiento en un CIE no tiene como consecuencia la expulsión.

En caso de no proceder de países con los que España tiene acuerdos de repatriación, Lorenzo explica que “lo lógico” es que “puedan pasar a un programa de atención humanitaria, que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tiene previsto” y que en el Archipiélago ejecuta CEAR, con 38 plazas en Gran Canaria, y Cruz Roja, con 8 plazas en La Gomera y 8 en Tenerife, unas cifras “insuficientes ante la realidad migratoria que estamos experimentando en los últimos meses”, reconoce.

Este programa tiene una duración de tres meses, que se puede prorrogar hasta los seis en el caso de personas en especial vulnerabilidad. Pero según Lorenzo, “las personas entienden Canarias como un lugar de paso y abandonan el programa a las dos o tres semanas, dependiendo de lo que le ofrezcan. Y continúan su tránsito migratorio”.

Ya sea después de las 72 horas en comisaría o después de su estancia en el CIE, estas personas pueden quedar en situación de calle sin ningún tipo de atención, aunque “lo normal” es que la policía contacte con el Ministerio “para conocer el número de plazas libres que puede haber en el programa de atención humanitaria”, dice Lorenzo.

Sin embargo, un “fallo de comunicación”, según Delegación del Gobierno, llevó en octubre a 40 personas procedentes de Mali y Sierra Leona a pasar una noche en la calle, otra en una parroquia y, luego, alojarse en un pabellón deportivo habilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para, finalmente, ser alojadas en la Casa del Marino, dado que el CIE de Barranco Seco estaba cerrado por unas obras que ya están casi finalizadas y el de Hoya Fría se encontraba saturado. 

En Tenerife, varios grupos de personas migrantes han pasado las noches en la calle. Allí, la Delegación del Gobierno tomó otra medida excepcional al decidir reabrir el centro de Cruz Roja de La Montañeta, ubicado en el municipio de Garachico, para alojar a más de medio centenar personas en noviembre.

“El Ministerio revisa sus datos, contacta con la entidad que tiene plazas libres de atención humanitaria en Canarias y se habilita el procedimiento para la acogida. Sucede que las plazas están llenas, que el número de llegadas está sobrepasando el programa y por eso se ha habilitado esa atención humanitaria de emergencia en la Casa del Marino o en La Montañeta”, explica Lorenzo. El pasado fin de semana habían unas 70 personas en el edificio del instituto social de la Marina, cedido al Gobierno regional, y gestionado por Cruz Roja.

Rodríguez explica que en determinadas ocasiones, cuando estas personas están en la calle “se tienen que buscar la vida sin conocer el entorno ni el idioma y quizá, si tienen suerte, acuden a alguna entidad social que les pueda acoger”. Sin embargo, en un CIE, aunque “dan de comer y alojamiento”, se les priva de libertad y se producen vulneraciones de derechos constatados por organizaciones sociales.

“No hay una planificación, un plan del todo coordinado para prever y poder acoger con cierta normalidad o sin tanta imprevisibilidad de a donde van las personas. Desde la administración del Estado, regional, insular y local junto a las entidades sociales. Se trata de ver de qué tipo de recursos se pueden disponer que sean garantistas con la dignidad de las personas y, por otro, que puedan ser sostenibles, que sean coherentes con la realidad migratoria”, concluye Lorenzo.