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El hombre que esquivó el regreso a la guerra de Malí

Imagen del rescate de varias personas que llegaron en una patera al sur de Gran Canaria.

1.000 euros por salir de la guerra. Es el precio que Ahmed (nombre ficticio), de 37 años, pagó por escapar del conflicto eterno que atraviesa Malí desde hace más de siete años. “No puedes estar tranquilo. Hay asesinatos todos los días”, recuerda. Salir del país por aire es prácticamente imposible ante la dificultad de obtener visados. Por ello, unos optan por traspasar la frontera con Mauritania caminando: “La gente te echa una mano hasta que llegas a un punto concreto”. Otros, como él, ponen su vida en manos de mafias para llegar a Europa. Cualquier opción es arriesgada. Con algunos paquetes de galletas y latas de sardinas, Ahmed y 44 personas más, entre las que había algunos menores de aproximadamente 15 años, se embarcaron en una patera hacia Canarias desde Senegal. El grupo permaneció cinco noches a la deriva sin poder dormir, y al sexto día alcanzaron las costas de Arguineguín. 

Dos meses más tarde, Ahmed ha logrado que se admita a trámite su solicitud de protección internacional y ha logrado ver a sus amigos y familiares en Barcelona, al igual que siete personas más. Para otros catorce hombres que viajaron con él, la suerte fue muy distinta. Tras varios días en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría y pese a haber expresado su voluntad de pedir asilo, el Ministerio del Interior los expulsó el 20 de enero en un vuelo de Frontex aprovechando el convenio de repatriación que España mantiene con Mauritania. Según distintas ONG, las autoridades mauritanas los condujeron de nuevo a la frontera maliense. “A mí no me habría gustado que me pasara, hay un conflicto y pueden matarte”, asegura el hombre de Bamako. 

Al pisar el Archipiélago, Ahmed no estaba en buen estado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria. Cuando salió para declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana todavía llevaba el pijama del centro sanitario, iba sin zapatos y con dos bolsas de plástico en los pies. Fue la jueza correspondiente la que exigió que se le cambiara de ropa. “Me dijeron que eso no era lo normal”, cuenta el maliense.

Después de que se dictara su libertad, obtuvo una plaza en el Centro de Tunte asistido por Cruz Roja y habilitado para acoger a migrantes. El lunes 3 de febrero, después de varias dificultades para salir del centro a pesar de estar en libertad y de tener la documentación necesaria para viajar, emprendió un nuevo viaje hacia la Península. Ahora el propósito de Ahmed, que en Bamako se dedicaba al comercio, es trabajar “de lo que haga falta”.

Bloquear la salida 

El caso de Ahmed es excepcional, ya que semanas más tarde otro hombre maliense intentó salir de Gran Canaria con el resguardo de presentación de la solicitud de Protección Internacional, pero no pudo. El Ministerio de Interior señaló como válido este documento para acreditar la identidad del solicitante durante seis meses, hasta que sea sustituido por la tarjeta roja. Sin embargo, la resolución del 1 de febrero de 2019 de la Secretaría General de Transporte por la que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil limita los documentos válidos que deben aportar nacionales de países terceros a pasaporte, permiso de residencia y el carné de conducir expedido en España. 

Fuentes jurídicas han señalado a este periódico que múltiples resoluciones judiciales han confirmado el derecho fundamental de los solicitantes de asilo de fijar su residencia a su elección dentro del territorio nacional.  “El derecho de fijación de domicilio permite que el solicitante de asilo se reagrupe con su familia en España, con lo que abandona voluntariamente el programa de atención humanitaria del que fuera beneficiario y aminora así el coste público de su estancia”, justifican estas fuentes. Por su parte, el Ministerio del Interior ha explicado que las personas en esta situación no pueden cambiar su residencia sin previo aviso. 

La administración fue condenada en 2018 por “vulnerar el derecho fundamental a circular por el territorio nacional y a elegir libremente su residencia” de solicitantes de protección internacional que pretendían viajar en barco desde Melilla hasta Almería. Así lo recoge la Sentencia 817/2018 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 30 de octubre de 2018. 

“Conforme a la situación que mantenían los recurrentes en la fecha en que formuló la solicitud denegada, no existía impedimento para que pudieran trasladarse al territorio español peninsular, reconociéndoles el derecho a trasladarse desde la ciudad autónoma de Melilla a cualquier otra ciudad situada en territorio nacional”, recoge el auto. 

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