Prácticas mafiosas en el Hospital Universitario de Canarias (y II)

Creo que en actuaciones como las descritas, provenientes de los estamentos directivos de los hospitales, no solo existe vulneración de leyes y normas sino que se condiciona una merma de calidad en la asistencia que repercute en la salud de los pacientes. Y son fallos debidos a la organización, nunca imputables al facultativo que se responsabiliza del tratamiento a efectuar y con un nivel de prioridad para ejecutarlo. Porque estos fallos técnicos de gestión no deben ser asumidos ni interpretados por el facultativo responsable del proceso terapéutico ante la ley y la justicia, puesto que no son achacables a su trabajo.

En mi caso personal no los admito y defenderé, como profesional libre en un estado de derecho, mi independencia en el ejercicio de la medicina pública, de la garantía que tienen los médicos a su derecho a escribir, denunciar y hablar libre y responsablemente sobre las materias que les conciernen sin que por ello sufran amenazas, presiones o interferencias por quienes dirigen los equipos, gestionen los hospitales, administran la salud u ocupan cargos directivos en sociedades profesionales.

El médico que actúa, sea individualmente o bien por mediación de las organizaciones profesionales, tiene el deber de llamar la atención de la comunidad respecto a las deficiencias en la calidad de los cuidados y a la independencia profesional de sus actuaciones. Por tanto tiene el deber de denunciar las carencias del sistema cuando afectan a la correcta atención de los pacientes, en un empeño permanente a favor de la suficiencia, la calidad y la dignidad ética del sistema sanitario.

En los últimos tiempos los médicos venimos asistiendo a un “dirigismo” de nuestro trabajo por parte de estamentos políticos, directivos, administrativos, de admisiones, de enfermería, de compras y de otros, que han desvirtuado nuestra profesión de verdaderos especialistas y conocedores de lo que precisa un paciente para solucionar su problema de salud. Porque la esencia, el sentido máximo y prioritario de un hospital es el enfermo y el médico y, sobre ellos, debe pivotar todo lo demás.

Los únicos técnicos cualificados para esa labor somos los médicos y, aquí, en este momento, no podemos ejercer nuestros conocimientos por impedirlo un sistema paralelo administrativo, que en ocasiones puede ser corrupto, que ha fagocitado nuestro cometido. Y esta situación da lugar a una ineficacia y a una merma de calidad en nuestras prestaciones profesionales y contra ella hay que oponerse y luchar.

Como médico reivindico una libertad e independencia en nuestro trabajo, tener herramientas para desarrollar nuestro trabajo con eficacia, con calidad de resultados, con productividad. Queremos trabajar mas y mejor con aplicación de nuestros conocimientos profesionales, con gestión de nuestro propio trabajo, ser los verdaderos responsables de lo que hacemos con nuestros pacientes, con los seres humanos que tratamos.

Y recordar que el personal directivo que desarrolla funciones profesionales en una administración pública debe actuar con neutralidad, imparcialidad, honradez y transparencia en su gestión Porque las administraciones públicas no son patrimonio personal de sus directivos o gestores, y pienso que el problema que se plantea es la confusión que experimentan estos responsables directivos cuando permanecen largos periodos en sus puestos creyéndose propietarios del sector público como algo personal y privado. Confunden la situación de la gestión pública con su propio patrimonio personal.

Como he dicho en alguna otra ocasión, no cambiaré mi condición de médico contratado en la administración pública, como empleado público, por mi condición de ciudadano libre, con opiniones e ideas personales que haré conocer en los medios que me permita, en total libertad, este estado de derecho en el que vivo y que a algunos tanto le molesta.

Carlos García