La justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Rey, dice la Constitución. La imparten los jueces y magistrados, cuyo órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, y un grupo de vocales del consejo, respaldados por una decisión extravagante de un fiscal y unas declaraciones indecentes del ministro de Justicia, ha conseguido colocar a la Justicia en su punto de mayor deterioro de la historia de la democracia española. Dívar representa a esos mediocres que alcanzan las más altas cotas de su incompetencia por el muy habitual y deplorable método de ser elegidos por consenso impostado, seguramente ante la imposibilidad de que un magistrado de mayor y más reconocido prestigio se prestara a la fórmula. Entre Zapatero y Rajoy pactaron su nombre posiblemente confiados en que fuera un presidente cómodo controlado por las dos facciones que, cuchillo calado entre los dientes, se han dedicado estos años a hacer y deshacer en el consejo sin que el presidente del Poder Judicial se molestara en poner un poco de orden. Lo único que él quería, como ha quedado ahora demostrado, era vivir a cuerpo re rey aprovechándose de las ventajas del cargo y de una desconsiderada (y por muy poco delictiva) utilización de los fondos públicos destinados a viajes y representación.