El victimismo manipulador de ATI

No ha tardado José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife gracias a una concejala tránsfuga (es bueno recordarlo cada vez que sea menester) en convertir nuevamente a su ciudad y a sus gentes en víctimas del malvado Gobierno de Canarias, esta vez a cuenta del catálogo de exaltación franquista que adorna la capital de la isla. Y lo ha hecho al reprochar a la consejería correspondiente, la de Educación y Cultura, que de momento solo haya dado a conocer el listado de monumentos, calles, honores y distinciones de Santa Cruz y haya dejado para posteriores entregas lo que ocurre en el resto de municipios del Archipiélago. Solo unas horas antes, el mismo alcalde había reclamado públicamente que le enseñaran el catálogo antes de exigirle que derribe el insultante monumento a Franco que se encuentra en la confluencia entre las Ramblas y la avenida Francisco La Roche.

Ahora que tiene catálogo, José Manuel Bermúdez pide equidad, que no sea solo la ciudad de la que es alcalde gracias a una concejala tránsfuga (Evelyn Alonso, conviene recordarlo), y acusa al Gobierno regional de anti chicharrero.

No hace mucho el mismo alcalde acusó al mismo Ejecutivo regional, que por primera vez en tres décadas no es de Coalición Canaria, de haberse inventado un sistema de conteo de personas contagiadas por COVID-19 que claramente perjudicaba a Tenerife, y más concretamente a su capital, lo que las convertía en destinatarias de los mayores niveles de alerta y, por tanto, de medidas restrictivas. Sanidad medía los contagios en Tenerife y Santa Cruz, parece mentira que haya que decirlo, con la misma vara con la que eran medidos los contagios en el resto de municipios e islas, y si bien es cierto que las dos principales ciudades tinerfeñas soportan una alta afluencia de personas de otros municipios que son registradas en ellas cuando se contagian como si en ellas estuvieran censadas, vuelve a ser la misma medición para urbes como Las Palmas de Gran Canaria y Telde, que casi nunca alcanzaron los niveles de transmisión de las dos primeras ciudades tinerfeñas.

Fueron las autoridades de ATI, mayormente el alcalde de Santa Cruz, junto a empresarios y asociaciones patronales vinculadas a ATI, los que lideraron una cruzada contra los datos de la pandemia, dándolos por inciertos, y consecuentemente, contra las medidas restrictivas. Y fueron ellos, soterradamente, quienes animaban a la población a saltárselas en nombre de la economía y en contra del Gobierno anti-tinerfeño que dicen parecer.

Su euforia victimista se le contagió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, concretamente la que tiene sede en Santa Cruz de Tenerife, que en los momentos más duros de la quinta ola emitió unos autos de garrafón desautorizando casi todas las medidas del Gobierno y provocando, por consiguiente, que los contagios no decrecieron y, en algunos momentos, incluso se incrementaran.

Para la posteridad jurídica canaria quedarán algunos pasajes de las resoluciones del magistrado presidente Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, que escribía con pluma barroca los bonitos campos de la isla de Tenerife para contar que sus famosos guachinches estaban siendo víctimas de las políticas de un Gobierno caprichoso.

La postura irreductible de esa Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia con sede en Santa Cruz de Tenerife provocó que el Gobierno hiciera un malabar jurídico, y en vez de aprobar las medidas restrictivas como órgano colegiado, es decir, como Gobierno con sede en esa ciudad estos cuatro años de legislatura, lo hiciera como Consejería de Sanidad, que tiene su sede permanente en Las Palmas de Gran Canaria y, por lo tanto, se las ve con el mismo tribunal, pero en la isla de enfrente.

Las consecuencias fueron que la inmensa mayoría de las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno para toda Canarias (ciertas autoridades civiles, militares y judiciales de Tenerife se las tomaba como si solo fueran para esa isla) empezaron a ser bendecidas por el TSJC, pero esta vez el que tiene su sede en la capital grancanaria.

La resucitada polémica del monumento a Franco tampoco gusta a ATI, que compite en el mercado electoral tinerfeño no solo con el PP, sino también con Vox. La pérdida del poder en la mayoría de las instituciones canarias y la gestión de la crisis de manera al menos decente por parte de quienes les han sustituido al frente de ellas, está produciendo un desgaste atroz a Coalición Canaria. Se ha notado en islas como Lanzarote, pero se ve venir también en La Palma, dando ya por descontado que en Gran Canaria poco o nada se puede recuperar ya. Solo queda Tenerife, el bastión del insularismo, la isla de los orígenes, y ahí se va a enrocar ATI para intentar una nueva reconquista.

Pero necesita votos, y ponerse del lado de la Ley de Memoria Histórica es para sus líderes un problema porque ATI es un partido que hunde sus raíces directamente en el franquismo, que es de donde proceden todos sus fundadores, previo blanqueo de algunos de ellos por la UCD.

Por eso es preferible despejar el problema hacia el Gobierno regional, que parece querer entrometerse en las entretelas de una sociedad todavía adormilada por la manipulación victimista eterna de los insularistas tinerfeños.