La planta de gas en el Puerto de Las Palmas empeora la calidad del aire y supone un “riesgo permanente”, alertan ecologistas
El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha alegado contra el informe de impacto ambiental de la planta de gas licuado que se pretende instalar en el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. La organización considera que supondrá un “riesgo permanente” de accidentes y un deterioro de la calidad del aire en la ciudad, según ha expresado en un comunicado.
La asociación ecologista ha centrado sus alegaciones contra el informe en analizar los riesgos para la población de la capital grancanaria, así como para actividades económicas e infraestructuras críticas de la isla, pero también en los posibles impactos que podrá tener sobre la calidad del aire, el medioambiente y la salud de la ciudadanía.
Para Turcón, esta instalación de generación eléctrica de 70 megavatios y el anteproyecto de terminal de gas natural licuado “suponen un condicionamiento estratégico de la isla en general en cuanto al suministro de fuentes energéticas y circulación de barcos metaneros por sus aguas”.
Debido a la operativa que se desarrollará en torno a estas instalaciones, se producirán emisiones de gases de efecto invernadero por pérdidas directas de metano, que, según ha destacado el colectivo, “tiene un potencial 25 veces mayor que el dióxido de carbono (CO2) para promover el calentamiento global”.
Al mismo tiempo, han subrayado que la descarga del gas natural licuado desde los buques metaneros y hasta la unidad de almacenamiento “es una operación crítica con varios riesgos potenciales e impactos que pueden ser muy graves sobre el medio ambiente y la seguridad del puerto y la ciudad”.
Entre ellos, han reseñado, se podrían formar nubes de vapor inflamable, que pueden llegar a provocar incendios o explosiones “con consecuencias gravísimas”.
En sus alegaciones, Turcón ha apuntado que las viviendas más cercanas al lugar en el que se pretenden erigir las instalaciones, en el barrio de La Isleta, solo se encuentran a un kilómetro de distancia, mientras que la zona de Alcaravaneras, más expuesta en base a los vientos predominantes, solo está a tres kilómetros. La Dirección General de Salud Pública también ha alertado sobre los “potenciales peligros” que podría acarrear para la población capitalina la instalación de esta planta.
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