Turcón-Ecologistas en Acción pide transparencia sobre las toneladas de residuos generados por las piscifactorías de Telde en los últimos meses

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción pide transparencia sobre las toneladas de residuos que han sido trasladados a los complejos ambientales de Gran Canaria por las piscifactorías de Telde. Los ecologistas han enviado sendos escritos al Cabildo de Gran Canaria y a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. En ellos, solicitan información detallada sobre los residuos SANDACH (Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano).

Este tipo de residuos incluyen cuerpos, partes u otros materiales de origen animal que no son aptos para el consumo humano por razones sanitarias o comerciales, generados en las jaulas acuícolas de la bahía de Telde y pertenecientes a las empresas Aquanaria y Geremar.

En concreto, Turcón-Ecologistas en Acción se ha interesado por los restos depositados en los complejos ambientales de Salto del Negro y Juan Grande durante los episodios de crisis ambiental que tuvieron lugar en el último semestre de 2025. Esta situación, aseguran, ha creado ''un estado de alarma ciudadana en vecinos y usuarios de las playas afectadas''.

Durante dos meses las playas de Melenara, Salinetas, Clavellinas y otras del sureste de Gran Canaria permanecieron cerradas debido a la situación continuada de contaminación orgánica procedente de las instalaciones acuícolas ubicadas en la bahía de Salinetas.

Las empresas ya mencionadas son propietarias de las jaulas acuícolas ubicadas en el litoral de Telde, donde se sufrió un evento contaminante en el periodo señalado. ''Un fenómeno no aislado, sino recurrente cada año durante los meses de calmas marítimas (septiembre-octubre), acumulándose en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una película de grasa que cubre la superficie de la bahía, de la que son buenos conocedores los vecinos de estas zonas costeras que lo sufren en sus habituales usos de esparcimiento y baño'', indican.

El colectivo demanda al Cabildo de Gran Canaria ''la misma transparencia que solicita para los demás'', dando cumplida información de los datos cuantitativos que por su competencia y buen gobierno dispone y no se han puesto a disposición de los afectados.

La petición, insisten, se ampara en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; a la vez que se hace también referencia a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.