Movilizaciones contra la Ley de Función Pública
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) han anunciado este miércoles movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que “supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar”.
Las centrales sindicales han explicado en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto “salir a la calle” en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año. Antes, el jueves 29 de julio están convocadas todas las centrales sindicales con representación en la Administración canaria a una reunión que se celebrará en la capital grancanaria, para definir el resto de actividades y el ideario de las movilizaciones.
Los portavoces explicaron que la modificación de la Ley de la Función Pública que pretende el Ejecutivo regional no persigue “modernizar” sino que “fomentará el clientelismo partidista en la Administración”, y “secuestrará la independencia” de los funcionarios públicos. Con la nueva Ley, según Ángela Hernández de Convergencia Sindical Canaria, “no se sabe en qué manos caerá la Función Pública”, porque pretenden restar capacidad al empleado público para que cumpla con su función principal que es “la de dar fe de que se cumpla con la normativa vigente”. A partir de ahora, afirmó Hernández, podrán “sancionarlo o trasladarlo, si consideran que no cumple con su obligación”.
Los sindicatos critican la tramitación de este proyecto, porque “no se ha informado ni a las centrales sindicales, ni a la Fecai y Fecam”, señaló el portavoz de SCPA, Manolo González. Asimismo, protestan por el contenido. En concreto se oponen a seis puntos relacionados con “la evaluación de desempeño” para “medir las funciones”; el establecimiento de criterios externos de evaluación “que castigarán al funcionario”; en las Incapacidades Laborales Transitorias “primarán los criterios economicistas frente a los médicos” y se pretende “un ERE encubierto”, denunció Javier Godoy, de CCOO. Según este “se piensa plantear un recorte de personal laboral” con la excusa de la necesidad de recortar el gasto público, con lo que “no se garantizan los puestos de trabajo de hoy”. Para ello “se rompen todos los acuerdos establecidos para garantizar el empleo”, insistió.
Los portavoces sindicales recordaron que el Estado de Bienestar “descansa” en el trabajo de los funcionarios públicos, y sin embargo, este es el apartado que “menos ha crecido en los últimos años”. Lo contrario que el número de “amigos de los políticos a colocar” a través de “chiringuitos, fundaciones y empresas externas subcontratadas por la Administración”, afirmó González. Por esto, rechazan las críticas sobre “el engorde de la Función Pública”, ya que “no se puede adelgazar cuando existen más de un centenar de cargos públicos asistidos por casi 200 asesores privados, que hacen el trabajo de los funcionarios”.
