Canarias, dispuesta a negociar si se retira el recurso

El Gobierno de Canarias condicionó este martes su voluntad de negociar los aspectos más conflictivos de la ley de renovación y modernización turística a que el Estado retire el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra dos apartados del artículo que regula los establecimientos de cinco estrellas y superior.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, hizo esta propuesta en el pleno del Parlamento regional durante el debate de sendas comparecencias presentadas por los grupos Nacionalista Canario y Socialista referentes a los efectos que ocasionará el citado recurso, que fue admitido a trámite hoy.

Domingo Berriel dijo que el Gobierno de Canarias no tiene ninguna posición intransigente respecto a la citada ley y está dispuesto a adelantar su revisión, prevista para mayo, en coincidencia con el primer aniversario de su aprobación, y a introducir variables como la de los parámetros de calidad en vez de las “estrellas” en la categoría turística.

Esta es una de las demandas de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas y Berriel se mostró dispuesto a negociar otras variables para conseguir la excelencia en las plazas que no provengan de la renovación y que den valor añadido al producto turístico canario.

Pero para ello es indispensable, advirtió, que el Gobierno nacional retire el recurso “en el que se ha equivocado de plano” y que haga un ejercicio sano “de me equivoqué”.

“Así mantendríamos nuestra oferta de introducir variables en función de la negociación que se establezca pero primero quítenme el recurso, porque si no me siento incómodo”, ironizó Berriel.

Añadió que el recurso ha tenido más una dirección política que jurídica pese a que el objetivo de la ley es rehabilitar más de 200.000 plazas en Canarias porque si no el sector “se arruina” y la economía no se sostiene.

La portavoz del grupo parlamentario Popular, Australia Navarro, consideró que el recurso “pone en evidencia las vergüenzas legales” de la norma turística autonómica y lo que quiere el Gobierno regional “es ganar tiempo de forma torticera”.

La ley recibió el rechazo mayoritario del sector turístico canario y de las principales instituciones de Gran Canaria por su prohibición arbitraria de hoteles de nueva planta y según dijo Navarro, el Ejecutivo autonómico ha convertido el proceso de diálogo “en una tomadura de pelo”.

José Miguel Ruano, del grupo Nacionalista Canario, dijo que es el PP el que hace un uso torticero de la norma al crear una polémica insular donde no la había y ahora el resultado es que “ni de cuatro (estrellas), ni de cinco, ni de gran lujo, esa es la verdad”.

Añadió Ruano que el recurso supone un ataque directo a la capacidad de autogobierno, mientras que el diputado socialista Emilio Mayoral dijo que el ministro de Turismo, José Manuel Soria, ha sido el valedor de un recurso por razones partidistas y en vez de satisfacer a algunos, va a dejar insatisfechos a todos por lo que lo mejor que puede hacer el PP es retirarlo.

Román Rodríguez, portavoz del grupo Mixto por Nueva Canarias, consideró que a pesar de sus discrepancias con la ley, el Gobierno de España se ha extralimitado por la impregnación de asuntos políticos, partidistas “y hasta personales” en este asunto.

“Aquí la bronca está por delante de los intereses generales y el Tribunal Constitucional se ha convertido en el ”pim pam pum“ de unos y otros”, recriminó Rodríguez.