Centinela-Ecologistas en Acción recurre la aprobación del tramo Las Manchas-Tajuya de la LP-2

La asociación ecologista Centinela-Ecologistas en Acción informa que ha interpuesto “un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, del pasado 23 de diciembre, por el que se aprueba el proyecto complementario del tramo Tajuya – Las Manchas de la carretera LP-2”. En el recurso “se cuestiona la legalidad del procedimiento seguido por la administración y se denuncia indefensión, vulneración sistemática de los derechos de participación pública, así como de las garantías ambientales” y se solicita “su anulación, la retroacción del procedimiento para dar cabida al preceptivo trámite de audiencia a las personas interesadas y la suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo, ante el riesgo evidente de daños irreparables sobre un territorio de altísimo valor geológico y ambiental”.

El recurso se fundamenta en torno a “la omisión del trámite de audiencia previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. En febrero de 2025, Centinela había comparecido formalmente en el procedimiento como persona interesada, momento en que, además, se solicitó expresamente el acceso al expediente, mucho antes de que se dictara la resolución. Al no haberse recibido la documentación solicitada ni acceso al expediente, tampoco existió la posibilidad de formular alegaciones durante la tramitación”, dice.

“A lo anterior se añade que el proyecto evadió la tramitación ambiental y los trámites de información pública exigibles. En definitiva, se ha hurtado a la sociedad y, específicamente, a esta asociación toda forma posible de controlar la actividad de la administración y de actuar en defensa del medio ambiente. En estas circunstancias de absoluta indefensión material, la omisión del trámite de audiencia es causa de anulabilidad del acuerdo del Gobierno de Canarias”, asegura.

“Se debe recordar que los campos de lava constituyen hábitat de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación, según la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De hecho, la zona afectada por el proyecto es objeto de protección cautelar mediante la ley autonómica 2/2024, a la espera de su declaración como espacio natural, lo que da una idea de la importancia de los valores geológicos y científicos que están en juego: hasta un Gobierno y un Parlamento de Canarias poco proclives a la preservación del patrimonio natural lo reconocen”, señala.

“A este marco legal se suma un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaborado en 2022, que refuerza de forma muy clara la necesidad de proteger esta zona. El documento identificaba numerosos elementos de gran valor vulcanológico y recomendaba, entre otras medidas, ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja para incluir el nuevo cono volcánico y las formaciones asociadas tras la erupción de 2021. Aunque voces del Gobierno de Canarias aseguraban haber acordado el trazado de la LP-2 con el IGME, las fuentes consultadas por la asociación Centinela desmienten tal acuerdo”, asegura.

“El oscurantismo con el que el Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión refuerzan la sospecha de que se han cometido ilegalidades tanto en el fondo como en la forma. Y que la haya tomado justo el día en que los tribunales tomaban las vacaciones navideñas, impidiendo la solicitud de suspensión cautelar de su ejecución por vía judicial, no hace sino confirmar las formas autoritarias y alevosas de un gobierno que quiere actuar al margen del control ciudadano y también del judicial, para que los hechos consumados se impongan sin remedio posible”, concluye.