‘Madres por la Discapacidad’ advierte sobre “la gravedad” del cierre de centros de día y de “las graves consecuencias” de nuevas restricciones en residencias ante el incremento de contagios por ómicron

La Plataforma ‘Madres por la Discapacidad’, entidad constituida en junio de 2020 y valedora de la orden conjunta de las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que reguló la libertad y la recuperación de derechos fundamentales de 7.000 usuarios de residencias en Canarias, advierte en un comunicado sobre “la gravedad del cierre de centros de día y de las graves consecuencias de nuevas restricciones en residencias, ante el incremento de contagios de la variante ómicron en Canarias”. 

Varias decenas de madres de hijos con discapacidad usuarios de centros de día en la provincia de Gran Canaria, han pedido a ‘Madres por la Discapacidad’ evidenciar y advertir sobre las graves consecuencias, para la salud emocional y la estabilidad de sus hijos y de ellas mismas, que está generando el cierre de estos servicios, recursos para personas adultas con discapacidad que constituyen el único medio de apoyo a usuarios y familias, cerrados en virtud de los riesgos de contagio entre los usuarios, con la pauta completa de las tres dosis de la vacuna, incluida la de refuerzo. 

“No estamos dispuestas a que sean de nuevo las personas con discapacidad y los mayores en residencias, los que soporten los costes de esta nueva ola de la pandemia con la merma del acceso a sus servicios y las restricciones en los derechos de visita y pernocta con sus familias”. 

Así lo han explicado las portavoces de ‘Madres por la Discapacidad’, Eugenia Paiz e Inmaculada González, que han querido expresar su solidaridad y apoyo a Teresa Rodríguez, madre de un joven de 35 años con una discapacidad del 94%, privado del servicio del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) San José de Las Longueras, en el municipio grancanario de Telde desde hace varias semanas. 

Paiz y González entienden que “es necesario hacer una revisión de los protocolos, de las medidas que se imponen desde los centros de día, que llegan a ser distintas en función de la administración de la que dependan, lesionando de nuevo, después de un sufrimiento incalculable durante el primer año de pandemia, los derechos de nuestros hijos e hijas”. “Asumimos y respetamos la capacidad de decisión de cada uno de los ciudadanos ya sea para hacer una vida social normalizada o no, pero no podemos tolerar que las víctimas de esta situación sean, de nuevo, los miles ancianos y personas con discapacidad usuarios de residencias, o los beneficiarios de los centros de día, cuya oferta es la única con la que cuentan cientos de familias con hijos con discapacidad en Canarias”. 

La Plataforma ‘Madres por la Discapacidad’ se dirigirá a la gerencia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria, responsable del servicio del centro de Día de Las Longueras, para solicitar una revisión de la medida de cierre. “Es incomprensible que no se busquen alternativas, mecanismos de control y medidas complementarias de la seguridad frente al aumento de contagios, y se opte unilateralmente y sin tener en cuenta las consecuencias, para 79 personas con discapacidad psíquica y necesidad de tercera persona de este centro, de los que 54 son residentes de alto requerimiento y 25 de estancia diurna”, concluyen.