Canarias protege el uso de hoteles para acoger a menores extranjeros no acompañados

El Gobierno de Canarias ha blindado el uso de hoteles, apartamentos y cualquier otro dispositivo de emergencia habilitado para alojar a menores migrantes no acompañados. El carácter “imprevisible” de la crisis migratoria que atraviesa el Archipiélago ha provocado la apertura y puesta en marcha de dispositivos de emergencia para atender de forma inmediata a las personas que llegan a las costas canarias. La respuesta del Ayuntamiento de Mogán ante esta emergencia humanitaria ha sido amenazar con denunciar y sancionar a los complejos hoteleros que cedan sus espacios a la acogida a partir del 4 de enero.

Por ello, la Viceconsejería de Derechos Sociales ha delegado en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia las competencias inherentes a la contratación administrativa y que sean necesarias para la inmediata atención de menores extranjeros no acompañados, a través de dispositivos de emergencia de atención inmediata.

La directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, ha explicado a Canarias Ahora que a partir de este decreto quedan protegidos todos los espacios que acogen a menores. En este momento permanecen en Canarias 2.450 niños y niñas migrantes bajo la tutela del Gobierno autonómico. De ellos, 588 están en tres complejos hoteleros. “No tenemos alternativas para quienes están en apartamentos. Solo hemos conseguido plazas para 25 en otros espacios”. Distintas Comunidades Autónomas se han ofrecido a acoger a un total de cien menores, entre ellas Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Ya el 27 de noviembre, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, levantó un acta de denuncia de inspección urbanística a los dos apartamentos que en ese momento alojaban a menores al sur de Gran Canaria. El motivo de la inspección fue “utilizar instalaciones turísticas -apartamentos- como albergue de migrantes”. La máxima responsable del municipio envió a los establecimientos a un agente de la Policía Local para entregar un oficio. Esta amenaza se extiende además a los complejos turísticos que acojan a adultos llegados en pateras y cayucos a la isla.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico no ven recorrido a la batalla emprendida por la administración moganera. Además, algunas voces advierten tintes electoralistas en la medida anunciada por la alcaldesa, que está siendo investigada por una presunta trama de compra de votos en las municipales de 2015 y 2019. Estas fuentes señalan que no ha habido un cambio definitivo de uso de los hoteles y apartamentos del municipio, sino una utilización temporal de las instalaciones amparada en una situación de emergencia y crisis humanitaria y, además, con la aprobación del Gobierno de España, que es quien firmó los contratos con los establecimientos; con la mediación de la Cruz Roja en un momento en el que la actividad turística está prácticamente a cero en el Archipiélago como consecuencia de la pandemia de COVID-19.