El partido de Casimiro Curbelo evita que Clavijo tenga que fiscalizar los conciertos sanitarios

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, durante una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamernto regional.

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

El mandato del nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, encabezado por José Manuel Baltar, es usar a la sanidad privada para rebajar las listas de espera que existen en Canarias. Así lo ha reconocido en sede parlamentaria la diputada nacionalista Guadalupe González Taño durante su intervención en contra de la propuesta de Podemos para aprobar que “una auditoría externa” elaborara “un informe de fiscalización que evalúe con criterios de eficacia, eficiencia y economía, la gestión de las prestaciones sanitarias concertadas por el Servicio Canario de Salud de los últimos 7 años”.

“Lo que le pedimos al nuevo equipo de la Consejería de Sanidad que acaba de tomar posesión es que baje las listas de espera,porque nos preocupan los usuarios, aprovechando con eficacia todos los recursos de que se disponen. Todos, los públicos y los privados”, afirmó Taño este miércoles.

Por tanto, parece ser que la estrategia del Ejecutivo regional, lejos de rebajar el dinero destinado a las concertaciones con la sanidad privada (como hizo el ex consejero socialista Jesús Morera) será el de incrementarlo. No en vano, el propio Baltar también había dicho previamente,durante una comparecencia anterior sobre las listas de espera, que “no renunciaremos a ningún recurso para atender de forma efectiva a los pacientes” y agilizar los tiempos de atención.

Es más, el consejero recordó que la herencia de Morera ha sido que la lista de espera quirúrgica aumentara un 5,4% hasta llegar a los 32.887 pacientes con una demora media superior a los 180 días.

ASG cambia de opinión

Los argumentos de CC y del propio consejero para apostar por la sanidad privada no fueron lo sorprendente del debate plenario sobre la propuesta de Podemos. Lo extraordinario fue el cambio de opinión, sobre la marcha, de los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que en el último momento se alinearon con los nacionalistas y el PP para tumbar la iniciativa de la formación morada, visualizando de nuevo la mayoría en la que habitualmente se apoyará el presidente Fernando Clavijo para seguir al frente del Ejecutivo.

Y es que el grupo liderado por Casimiro Curbelo había presentado una enmienda al texto de Podemos (que la formación morada aceptó) apoyando que la auditoría externa determinara las prestaciones concertadas se han llevado a cabo “en la cantidad, calidad y coste más adecuado”. En cambio, cuando el diputado Juan Ramos Chinea tuvo el turno para defender su enmienda, lo que dijo es que “pensamos en los pacientes” y, por ello, “la retiramos y votaremos en contra”, ya que en su opinión el sistema sanitario necesita “sumar esfuerzos y no crear más divisiones”.

Demonizar la sanidad privada

Una tesis que suscribió el conservador Zacarías Gómez, quien dijo que en el Grupo Popular “no sabemos los motivos que llevan a presentar esta propuesta, pues si tienen fundadas sospechas de que algo funciona mal o hay irregularidades, existen otros mecanismos y pueden ir a la ”la Fiscalía“.

Para Gómez, “lo que se busca es demonizar a la sanidad privada” en el afán de apoyar al sector público. “Vamos a votar en contra, porque a lo que nosotros nos interesa de verdad es que los pacientes sean bien tratados”, concluyó.

“Votar en contra de esta iniciativa es votar en contra de las leyes que nos rigen”, replicó el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, tras recordar que “fiscalizar el dinero público es una obligación de los poderes públicos, y tenemos organismos para eso. Si a la Audiencia de Cuentas le faltan medios, se los ponemos”.

Desde Franco

El portavoz de Podemos para defender la iniciativa, Juan Márquez, consideró “insólito” que el presidente Clavijo “encargue un estudio sobre el coste del tratamiento de la hepatitis C, cuyo coste son 30 millones, y no quiera fiscalizar unos conciertos que suponen 200 millones al año”, pues el porcentaje de concertación en la Sanidad Canaria supera el 9% del gasto presupuestario.

“La ley dice que solo con carácter excepcional y por tiempo limitado se suscribirán conciertos con la Sanidad privada, pero en Canarias tenemos conciertos que datan de los tiempos de Franco. ¿Eso es excepcional y por tiempo limitado?”, dijo Márquez.

El portavoz de Podemos también recordó que un estudio realizado en la Universidad de La Laguna en el año 2010 sobre inversiones en la sanidad privada sitúa a Canarias “en el primer puesto de rentabilidad para los inversores

del sector, con valores que superan al doble de los obtenidos en el conjunto de España“.

Una tesis no compartida por la nacionalista González Taño, que aseguró que “Canarias es una Comunidad Autónoma con niveles intermedios de concertación” y, además, “no hay hospitales públicos gestionados por el sector privado, como sí existen en otras comunidades”.

“El nivel de concertación de Canarias es similar al de Baleares, pues tenemos un sector privado potente para atender a millones de turistas”, concluyó la diputada nacionalista.

Sin embargo, desde Podemos, el Grupo Socialista y NC se insiste en que teniendo en cuenta el déficit de financiación que padece la Sanidad, es imprescindible llevar a cabo un estudio “para conocer si este volumen de concertación está generando un sobrecoste presupuestario injustificado”.

Un estudio que se ha pedido, por dos veces, a la Audiencia de Cuentas de Canarias y que este organismo afirma no poder hacer por falta de recursos.

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