La acusación apunta a Reyes y a una concejal del PP
La primera ronda de declaraciones de los ocho imputados por la compra de la casa Siliuto en El Toscal ha dado pie para que la acusación particular integrada por los abogados Felipe Campos, Antonio Espinosa y José Pérez Ventura planteen la petición de que sean llamados a declarar en calidad de imputado al ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, y en principio como testigo a la actual concejal del Partido Popular (PP), Ana Zurita.
Sin embargo, será a lo largo de este procedimiento cuando decidan si solicitan que ésta última sea citada también como imputada en base a la elaboración de un informe que según los abogados favorecía a los antiguos dueños de la vivienda. Zurita es concejal, arquitecta y técnica de la Gerencia de Urbanismo y además redactó el primer Plan Especial de el Toscal. Para Campos, “el informe es al menos extraño y no sabemos muy bien en calidad de qué lo suscribió, por ello hemos pedido que sea llamada a declarar”.
En la mañana del lunes comparecieron los exediles y miembros del Consejo de Administración del Organismo autónomo en 2002 José Luis Rodríguez Martín, por el PSOE, María José Gutiérrez Pajarón, del PP y David Sáenz del grupo mixto. Todos ellos respondieron a las preguntas de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1, Nuria Navarro García y de la Fiscalía, pero no a la acusación particular. Excepto, eso sí, Rodríguez Martí,n que en mitad de su declaración se negó a seguir contestado a Campos, Espinosa y Ventura porque le parecían muy duras sus preguntas. Las cuestiones giraron entorno a si no les llamó la atención que se planteara la compra de esta vivienda que iba a ser destinada a Casa de la Juventud por 600.000 euros cuando la propia Gerencia la había valorado en la mitad y si no se dieron cuenta de que el expediente estaba incompleto al faltar los informes de Intervención y el jurídico.
La conclusión que saca Campos de la ronda de comparecencias es que “aquí todo el mundo se ha definido como un cero a la izquierda y han dicho que votaron guiados por el contenido del dictamen elaborado por el entonces secretario de Urbanismo, Víctor Reyes”. Así, Rodríguez dijo desconocer que era necesario contar con un informe jurídico y otro de Intervención pese a que durante su carrera política ejerció como viceconsejero de Asuntos Sociales, concejal y secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT). “Por lo tanto no es creíble que nos intente hacer creer que no tenía ni idea de cómo se tramitaban estos asuntos”, dice Campos.
Otro tanto ocurrió con Sáenz, licenciado en Derecho, vinculado a la vida municipal con diferentes cargos desde el año 1992 y asesor de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. En el momento en el que se aprobó la compra formaba parte del grupo mixto y durante la declaración también recurrió al argumento de que desconocía que el expediente estaba incompleto. Por último declaró María José Gutiérrrez Pajarón, igualmente licenciada en Derecho, que ha ejercido diversos cargos públicos como concejal y consejera insular en el Cabildo por el PP, quien se posicionó en idéntico sentido y dijo ignorar los pormenores de la compra pese a que ésta fue aprobada por unanimidad en el transcurso del encuentro.
De esta primera ronda de declaraciones tanto Campos como Espinosa consideran que queda evidente que “ya hay motivos para que todos los imputados se sienten en el banquillo porque sus declaraciones han resultado poco creíbles, lamentables y vergonzosas”. Espinosa ironizó al indicar que los ex concejales han intentado dar la impresión de que el Consejo de Administración de la Gerencia “era poco menos que una comisión de fiestas de pueblo cuando estamos hablando de un órgano político y técnico en el que cada partido designa a la persona que se considera más cualificada. Por ello, todos son arquitectos o abogados que, al menos en teoría, deben saber cómo se tramita un expediente y de hecho cobran dietas por hacer su trabajo y hacerlo bien”.
En la segunda ronda de declaraciones se da seguro que serán citados los técnicos que integraban este organismo en aquel momento que además de Reyes, eran el entonces interventor José Luis Roca (aunque en aquella reunión fue sustituido por Esther Pérez), el anterior gerente, José Tomás Martín, Epifanio Gómez y Loreto Ariz. Los tres primeros están imputados por el caso de Las Teresitas y los dos últimos ya permanecen como formalmente acusados por la construcción del mamotreto, cuyo juicio tendrá lugar en el mes de noviembre de este año. También comparecerán como testigos Carmen Rosa y Francisco Alonso Siliuto, antiguos dueños de la casona cuya tasación fue la que finalmente se aceptó para cerrar la compra. A parte de la elaborada por la Gerencia, se encargó otra valoración más a Tinsa que fijó el precio del inmueble en 700.000 euros y la Fiscalía presentó otra más que lo estipulaba en 400.000.
