Xàtiva planta cara al Consell y propone un grupo de trabajo para salvar el Palau de Justícia en Santa Clara

El Ayuntamiento de Xàtiva ha movido ficha para intentar frenar lo que considera un “cambio de criterio sorprendente” por parte de la Generalitat Valenciana respecto al futuro Palau de Justícia. El gobierno municipal ha remitido un informe exhaustivo a la Conselleria competente exigiendo la creación inmediata de un grupo de trabajo técnico que permita desbloquear la construcción de la sede judicial en el antiguo convento de Santa Clara, una ubicación que ahora el Ejecutivo autonómico cuestiona tras casi una década de trámites compartidos.

La negativa de la Generalitat ha generado un clima de incertidumbre sobre una infraestructura que ya se encontraba en fase de licitación y que contaba con el respaldo de informes técnicos favorables desde 2018. El consistorio recuerda que el municipio realizó un esfuerzo económico de 2,2 millones de euros para adquirir el inmueble de Santa Clara, cediéndolo posteriormente de forma gratuita a la Generalitat por un periodo de cincuenta años.

Un proyecto avalado y sin alternativas viables

Frente a las dudas actuales de la Administración autonómica, el Ayuntamiento sostiene que la superficie prevista —superior a los 5.000 metros cuadrados— es plenamente suficiente para las necesidades del partido judicial, suponiendo una ampliación de más de 2.000 metros cuadrados respecto a la sede actual del Palau d'Alarcó. Además, el informe técnico subraya que la parcela de Santa Clara es la única en el municipio que cumple con la calificación urbanística y los requisitos de centralidad y conexión con el transporte público necesarios.

De hecho, la administración local ha sido tajante: actualmente no existen en Xàtiva otras parcelas dotacionales que puedan ofrecerse como alternativa para albergar una sede de estas características, que requiere cerca de 7.000 metros cuadrados construidos en total.

Tensión política y acusaciones de parálisis

Este conflicto administrativo se enmarca en un contexto de fuerte fricción política. Mientras el equipo de gobierno defiende la lealtad institucional y el trabajo realizado durante ocho años —que incluye el anteproyecto y la concesión de licencias para excavaciones arqueológicas—, la oposición local ha cerrado filas con el Consell. Se han vertido críticas que apuntan a que el presupuesto global del proyecto, estimado en unos 40 millones de euros, resulta “desproporcionado” y que la ubicación en el casco histórico respondía más a intereses políticos que a necesidades funcionales de la Justicia.

Ante el riesgo de que el proyecto entre en vía morta y Xàtiva pierda una inversión estratégica para sus 87.000 vecinos, el Ayuntamiento propone sentar en una misma mesa a arquitectos municipales, técnicos de la Conselleria y al equipo redactor del proyecto. El objetivo es analizar con rigor las supuestas dificultades planteadas por la Generalitat y explorar soluciones que eviten tener que reiniciar desde cero un proceso que la ciudad consideraba prácticamente encauzado.