El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impone la prueba de los dos días de libranza a los taxistas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido aprobar un régimen de descanso en el sector del taxi capitalino de dos días a la semana a modo de prueba, de tal forma que entre el lunes y el sábado quedará diariamente fuera de servicio una cuarta parte de las licencias, mientras que los domingos solo trabajará la mitad.
La prueba comenzará el 7 de marzo y tendrá una duración de cuatro meses. Tras ese intervalo serán los taxistas los que tendrán “la última palabra” a través de un referéndum, según asegura el concejal de Movilidad y Ciudad del Mar, José Eduardo Ramírez.
El Consistorio ha trasladado al Gobierno de Canarias el anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente a la aprobación del Régimen de Descanso Semanal para el Sector del Taxi del municipio. A pesar de que este régimen se puso sobre la Mesa del Taxi celebrada a principios de mes, la división mostrada por los diversos colectivos implicados hizo que no se pudiera llegar a un acuerdo.
El documento final contiene unas leves modificaciones respecto al que inicialmente había planteado la Concejalía. Para Ramírez, “la nueva distribución de los descansos entre el domingo y los días entre semana garantiza que los sábados, por ejemplo, no quede desabastecida de taxis la ciudad o que, igualmente, siempre haya un servicio adecuado para las personas que requieran un vehículo para PMR”.
Así pues, el descanso se iniciará a las 06.00 horas del día asignado y se prolongará hasta la misma hora del día siguiente. Además, el texto señala que los vehículos deberán estar identificados con etiquetas adhesivas de vinilo inversas que combinarán el color y la letra – a situar en la parte superior derecha del parabrisas - y que determinará la rotación de los turnos.
Los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida quedarán excluidas de régimen de libranza, así como las licencias que ofrecen servicios de transfer en el aeropuerto y el puerto, señala el Ayuntamiento en un comunicado.
Los titulares de más de una licencia podrán intercambiar el grupo asignado para cada una de ellas siempre que coincidan en el mismo grupo y presenten un acuerdo de intercambio de grupo formalizado con otro titular dentro de los diez días siguientes a la publicación de esta resolución.
Sin previo aviso
Diversos colectivos del sector preguntados por este medio se han mostrado sorprendidos de que el concejal haya tomado la decisión sin comunicarla previamente, como aseguran que se comprometió a hacer en la Mesa del Taxi. Sin embargo, el presidente de la la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, considera la medida como positiva y valora que se vaya a poner en marcha.
Suárez entiende que el Consistorio haya tenido que tomar la iniciativa ante el poco entendimiento mostrado por el sector y mantiene que si no se llega a aplicar la libranza a modo de prueba “nunca sabremos si es positiva o no”.
Muy distinta es la postura del presidente de la Asociación Profesional TeleTaxi (APT), Gorky Bethencourt, que señala la indignación de una gran parte del sector y considera que la Mesa del Taxi se celebró a modo de “paripé, para después materializar la decisión que tenían estudiado llevar a cabo”. “Es un acto de traición absoluta, lo ha hecho peor que Sabroso”, mantiene Bethencourt, que forma parte de las asociaciones que se mantuvieron en contra de la medida en todo momento.
A su juicio, la prueba es una “imposición” por la que anuncia movilizaciones. “Hace cuatro años los taxistas estábamos enterrados, no puedes hacer esto ahora que está despegando el sector”, apostilla. En este punto, pone de relieve la “ilegalidad profunda” que existe en el sector de la capital grancanaria.
Una ilegalidad a la que también se refiere la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, que lamenta que la corporación municipal “se ha cargado la ley de transparencia”. “La Mesa del Taxi se abrió para esto, ha sido un fraude”, insiste.
Para García, este tipo de iniciativas hacen que la Administración “normalice un fraude”, en referencia a la situación de diversas viudas y jubilados de la ciudad que son titulares de licencias pese a no estar dados de alta en la Seguridad Social.
