La plantilla de Gesplan anuncia movilizaciones
“Indignados permanentes”. Es la etiqueta que ha colgado Rafael Castellano, gerente de Gesplan, a los miembros del Comité de Empresa en Las Palmas. El plan de racionalización impulsado por el Gobierno de Canarias para sus empresas públicas ha abierto una nueva brecha entre la gerencia y los representantes de los trabajadores, que ya anuncian movilizaciones ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que planea presentar Gesplan en los próximos días.
Castellano ha planteado tres escenarios diferentes para acometer la reducción del 15% en los gastos estructurales fijos que exige la medida gubernamental, en función del manejo de un presupuesto de 27, 25 o 21 millones de euros. En cualquier caso, el despido de un mínimo de 25 trabajadores “es innegociable para el gerente”, asegura el comité de empresa en base a las informaciones recibidas en las reuniones. La regulación afectaría de forma proporcional a la plantilla en sus sedes en las dos provincias canarias: un 60% en Las Palmas y un 40% en Santa Cruz de Tenerife, aproximadamente.
Los representantes de los trabajadores de la provincia oriental iniciaron el pasado viernes las acciones de protesta con una manifestación silenciosa a las puertas de la sede de Gesplan antes de la celebración del Consejo de Administración de la empresa. ''Entendemos la situación y respaldamos los ajustes por la crisis presupuestaria, pero queremos llegar a un acuerdo y presentar un plan de viabilidad alternativo que no incluya despidos“, subrayan.
El Comité de Empresa acusa al gerente de “falta de transparencia”, al no haber aportado el desglose de los datos de la empresa que han reclamado en varias ocasiones para buscar una solución a los despidos, y de “deslegitimar” su poder de representación en el proceso. “Siempre recurre a pactos individuales, a reuniones con cada trabajador para llegar a acuerdos en un ambiente de miedo”, aseveran al tiempo que denuncian “amenazas e insultos” de personal de dirección.
Ante la previsión del despido colectivo, los trabajadores han propuesto a la gerencia negociar “salidas dignas” para algunos miembros de la empresa, a lo que Castellano se ha mostrado dispuesto “siempre que no entraran en el cupo” de las 25 rescisiones programadas. ''Los despidos ya tienen nombres y apellidos“, concluyen los miembros del Comité de Empresa, que se refieren a los trabajadores ”más incómodos“ para el organismo público y a los que atesoran una mayor antigüedad, con lo que prevén que las indemnizaciones serán mayores.
''Castellano se ha convertido en un abanderado de la reforma laboral“ que ha auspiciado el Gobierno del PP, señalan las mismas fuentes. La indemnización prevista para los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo será, según les ha comunicado el personal de Recursos Humanos de la empresa, de 20 días por año trabajado. ''Lo único que queremos es que nos dejen trabajar, estamos dispuestos a reducirnos el salario y la jornada”, afirman.
El plan de viabilidad de Gesplan incluye, además del despido de 25 trabajadores, una reducción del 10% del sueldo para toda la plantilla, entre un 20 y un 40% para un grupo de entre 46 y 64 empleados, y una interrupción temporal del contrato para otros cinco. El Comité de Empresa denuncia que, con estas medidas, un delineante que en las actuales circunstancias podría estar cobrando en torno a los 800 euros, llegaría apenas a los 600.
Por otra parte, aseguran que la dirección ha propuesto a trabajadores que acumulan hasta 7 años en la empresa como asalariados que se conviertan en autónomos para ahorrar costes “y justificar” así su pretensión de externalizar el 70% de los encargos.
El Comité de Empresa ha presentado desde julio de 2009 hasta enero de 2012 un total de 9 escritos solicitando audiencia con el actual consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, sin que hasta la fecha se haya podido producir el encuentro. Los trabajadores también han pedido una reunión a la viceconsejera de Medio Ambiente, Guacimara Medina, de quien ahora depende un área de la empresa, pero tuvo que ser cancelada una semana antes de la fecha prevista por problemas de agenda.
Ahora, los trabajadores podrían plantarse ante el Edificio de Usos Múltiples II de la capital grancanaria a la espera de que “alguien” les reciba.
