Podemos marca la línea roja de los informativos públicos para salir de la crisis tras la dimisión de Negrín

El diputado de Podemos Juan Márquez en el Parlamento de Canarias

Canarias Ahora / Agencias

Las Palmas de Gran Canaria —

La dimisión de Santiago Negrín como presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC) es para Podemos el cierre de posiblemente uno de los capítulos más complejos del ente y sirve para abrir una nueva etapa que, para Juan Márquez, diputado de esa formación, debe pasar por una gestión pública.

En Podemos entienden que ahora se debe ir en la RTVC hacia un modelo con el que se garantice la objetividad y el servicio público, para lo que fue creada, ha indicado.

El diputado de Podemos ha señalado que desde su grupo se tiende la mano al resto de fuerzas políticas para una salida “lo antes posible, pero con una línea roja muy clara” que es que los informativos de la Televisión Canaria tengan una gestión “100% pública”. 

Desde el Partido Socialista Canario (PSC) han mostrado su “preocupación” debido a la “situación excepcional y dramática” en la que se coloca el ente público tras la repentina dimisión. Su secretario general, Ángel Víctor Torres, señala que en estos momentos, pendientes como se estaba de una postura final sobre el contrato de informativos, “entramos en un escenario inédito que precisa de medidas excepcionales”.

Así, lamenta que se haya llegado a este extremo sin que haya sido posible cubrir las vacantes del Consejo Rector para la normalización del funcionamiento de este órgano. Asimismo, hace hincapié en que “la preocupación es mayor, si cabe”, a la vista de que el presente y futuro inmediato de muchos trabajadores y trabajadoras del ente público “penden de un hilo”. “Hay que correr con la nueva ley y hoy encontramos otra razón más para procurar sacarla adelante. Ya hemos avanzado que podía ser una solución, pero la realidad es que ahora mismo necesitamos una salida inmediata”, subraya.

El secretario general manifiesta la voluntad de colaboración del PSOE pero entiende que es el Gobierno de Canarias el que, “por su responsabilidad institucional evidente”, debe “poner sobre la mesa las soluciones para que la tele no se vaya a negro”. En este sentido, desde el Partido Socialista se hace un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que se sumen a su apuesta por la gestión pública de los servicios informativos.

Por su parte el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha afirmado que la dimisión de Santiago Negrín “llega tarde y mal”.

Asier Antona, en un comunicado, ha señalado que, no obstante, ahora quiere “mirar al futuro” y trabajar para que la televisión no vaya a negro y para garantizar los puestos de trabajo del personal del ente y del subcontratado. 

Esas son las dos prioridades para el PP en las que profundizará “siempre ajustándose escrupulosamente a la ley del ente”, ha añadido.

Mientras, el Grupo Parlamentario Nacionalista ha emitido un comunicado en el que anuncia que buscará los acuerdos parlamentarios necesarios para “garantizar” el servicio público de la televisión y el empleo de todos sus trabajadores.

Por ello, sostiene que resulta necesario tomar “medidas de emergencia” en el ámbito parlamentario que eviten que la señal de la cadena “se vaya a negro” el próximo 30 de junio y se presten los servicios informativos -que son núcleo del servicio público- y con ello se garanticen los puestos de trabajo de la plantilla.

Según los nacionalistas, estas medidas de emergencia se deben tomar en tanto se resuelve el concurso de informativos en el ámbito judicial, que es donde se encuentra ahora, “y mientras se consiga aprobar una nueva Ley reguladora definitiva que venga a corregir los defectos detectados en la gestión y control de RTVC”.

En este sentido, subrayan que las proposiciones de ley presentadas por CC-PP-ASG y PSOE ya se encuentran en el Consejo Consultivo y se ha acordado en Junta de Portavoces un procedimiento común para ambas.

Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG) su portavoz, Casimiro Curbelo, ha pedido “diálogo de todos los grupos parlamentarios” con el fin de “llegar a un consenso, lo antes posible, que garantice la continuidad de la prestación de este servicio público”. 

Curbelo indicó que la dimisión de Negrín deja un vacío en un órgano ya menguado en representación, por lo que esta situación sobrevenida fuerza a que los grupos parlamentarios tengan que llegar a acuerdos.

“Ahora, más que nunca estamos obligados a la búsqueda de un consenso que vele por el mantenimiento del servicio a partir del 30 de junio y aporte seguridad jurídica a las más de 700 familias que dependen del ente, de forma directa o indirectamente”, destacó. 

Para Curbelo, el diálogo se debe producir de forma inmediata y buscar una respuesta, “aunque sea de forma transitoria hasta que se apruebe la ley por la que se regirá el órgano de control”.

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