Visocan da marcha atrás y no ejecuta el desahucio de una familia en Bajamar
La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), encargada de la promoción de viviendas de protección oficial, ha dado marcha atrás y ha paralizado el desahucio de una familia de nueve miembros que habita una de estas viviendas y que se iba a ejecutar mediante juzgado este miércoles
Fuentes de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas (PAH-Tenerife) han informado a este periódico de que los servicios jurídicos de Visocan se pusieron en contacto con esta familia, en principio para analizar el pago pendiente de unos 5.000 euros, que es la deuda acumulada por el alquiler.
En la vivienda habitan tres menores de dos, cuatro y 16 años, una anciana con discapacidad y cinco adultos, todos ellos sin empleo, ha explicado la PAH, que añade que, al menos hasta ahora, “Visocan no negocia y rechaza las ayudas que ofrecen los ayuntamientos para paralizar los procesos”.
Este caso, que por ahora ha quedado parado, se suma al de otras nueve familias a las que Visocan ya ha anunciado el lanzamiento de su vivienda social. El próximo noviembre está previsto el desahucio de una mujer que vive en el municipio de La Laguna con sus tres nietos, también menores.
Tras el anuncio de un desahucio de una familia en el barrio santacrucero de El Sobradillo, por parte de la empresa pública, que preside la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, se ha desatado una fuerte presión mediática en contra, tanto en las redes sociales como en medios de comunicación convencionales, sobre todo después de que los servicios jurídicos de Visocan dieran un giro de 180 grados a su política de mediación y se eliminaran las posibilidades de negociación.
Se da la circunstancia de que quienes cumplen con los requisitos para optar a una de estas viviendas son las familias con menos recursos, jóvenes de entre 18 y 35 años, las familias monoparentales con hijos a su cargo, y quienes ya hayan sido desahuciados.
