Alta participación en la primera jornada de huelga de los médicos temporales del Servicio Canario de Salud

Los médicos especialistas temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) han secundado este viernes de forma masiva la primera jornada del paro indefinido convocado por la denominada Mesa de Confluencia, la plataforma que defiende los intereses de este colectivo de algo más de 1.800 trabajadores, para exigir una solución que garantice la estabilidad laboral en los puestos que ocupan desde hace años con contratos eventuales.

La Consejería de Sanidad ha cifrado la participación en el turno de mañana en un 57,76%. Según los datos oficiales, la huelga fue seguida por 566 facultativos de los 979 que, según el SCS, podían secundarla (excluidos profesionales de baja, de vacaciones o cubriendo los servicios mínimos en las áreas declaradas esenciales).  Desde la Mesa de Confluencia, sin embargo, afirman que la incidencia ha sido mucho mayor. Algunas fuentes la sitúan por encima del 90%. Además, han denunciado que se han producido algunos “abusos” sobre los servicios mínimos pactados con la administración autonómica hace dos semanas, sobre todo en las gerencias del Hospital de La Candelaria de Tenerife y el Doctor Negrín de Gran Canaria. En algunos servicios “se han sentido coaccionados” para no secundar la huelga, han asegurado.

Ese acuerdo garantizaba la cobertura del 100% de la actividad asistencial en los servicios declarados esenciales: Urgencias, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día, Farmacia Hospitalaria, intervenciones quirúrgicas programadas para pacientes con cáncer o con otras patologías no demorables y atención en las zonas COVID. Fuentes de la plataforma afirman que, a pesar de ello, han detectado numerosos casos de “desproporción” en la aplicación de los servicios mínimos en otras áreas, algunos “de suma gravedad”, por lo que a lo largo de la jornada han ido recopilándolos “de manera pormenorizada” para denunciarlos ante las respectivas gerencias y la dirección de Recursos Humanos del SCS, que este jueves había pedido a los facultativos que informaran de estas incidencias para valorar si se habían producido esos abusos y resolver el conflicto. 

Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, la huelga ha tenido más repercusión en Gran Canaria (296 facultativos, un 65,92%) que en Tenerife (244, un 57,01%). La participación en las cuatro islas no capitalinas en las que se había convocado el paro (Lanzarote no se sumó) fue inferior. En Fuerteventura fue del 32,61% (15 especialistas). En La Palma, del 28,57% (14). Siempre según el SCS, ningún profesional de La Gomera y El Hierro lo han secundado.

Los médicos temporales se han concentrado a las 11.00 horas de este viernes a las puertas de dos de los grandes hospitales de referencia de las Islas, el Universitario de Canarias en Tenerife y el Negrín de Gran Canaria. Uno de los portavoces de la Mesa de Confluencia, Jorge Marrero, radiólogo en el Hospital Insular de Gran Canaria, ha recordado que el abuso de la contratación temporal sucesiva afecta a cerca de 2.000 facultativos que llevan “cinco, diez y hasta quince años” encadenando contratos eventuales ante “la pasividad” de la administración, que durante las últimas dos décadas apenas ha convocado una Oferta Pública de Empleo (OPE). Esta circunstancia ha provocado que dos de cada tres especialistas de la comunidad autónoma se encuentre en esta situación de inestabilidad laboral.

El colectivo rechazó este jueves el último intento del SCS para alcanzar un acuerdo y evitar la huelga. “Nos han ofertado la fórmula de la OPE de hace semanas, no cumple con nuestra reivindicación para dar solución al problema”, ha manifestado Marrero. El sistema propuesto por la administración autonómica, según han explicado miembros de la plataforma a este periódico, consiste en una concurso abierto con una fase de oposición en la que los aspirantes deben presentar una memoria y resolver uno o varios casos clínicos relacionados con la especialidad y otra de concurso en la que se añade una puntuación extra a aquellos profesionales que hayan cumplido ciertos objetivos en la sanidad canaria. Los médicos exigen seguridad jurídica para evitar que esa prima en el baremo pueda ser impugnada en los tribunales y les deje en un escenario de incertidumbre.

Para Marrero, la propuesta del SCS “sigue siendo un atajo”. “Es una OPE abierta, de libre concurrencia, de resultado incierto, en la que van a concurrir abusados (por la temporalidad sucesiva de sus contratos) con no abusados. Los primeros pueden perder sus puestos de trabajo después de cinco, diez o quince años de estar sosteniendo la sanidad canaria”. El radiólogo del Hospital Insular remarca que la Mesa de Confluencia ha aportado en este último año soluciones basadas en un dictamen elaborado por dos juristas especializados en Derecho Constitucional y Administrativo. Los médicos abogan por un proceso restringido (solo para trabajadores del SCS) o, en su defecto, un sistema abierto, de libre concurrencia, en forma de concurso de méritos primado, de manera que la prima sea suficiente para que los profesionales “abusados” no se queden sin trabajo. Marrero sostiene que se trata de una cuestión de voluntad política y ha apelado al “talante negociador” del presidente regional, Ángel Víctor Torres, para resolver el conflicto.

“El problema se resume en que el Gobierno de Canarias lleva 20 años sin cumplir la ley. No ha cumplido ni la directiva europea (1999/70/CE, sobre el trabajo de duración determinada) ni la propia norma interna. Las plantillas del SCS, los médicos en los que recae la responsabilidad de la salud de los canarios están contratados en su gran mayoría en situación fraudulenta, sin que se les haya dado la posibilidad siquiera de consolidar sus puestos de trabajo”, ha manifestado otra de las portavoces de la plataforma, Ana Carolina López-Veloso.

Para la neuróloga del Hospital Negrín, la solución “es sencilla”. “La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara y meridiana, no deja a lugar a dudas”, ha señalado en referencia a la resolución dictada por este órgano judicial el pasado 19 de marzo en relación con el abuso de la temporalidad en la administración pública española. Ese fallo abre la puerta a medidas sancionadoras “adecuadas y disuasorias”. “Un final incierto e imprevisible (en un proceso selectivo) no puede ser sanción”, ha advertido López-Veloso, para quien una OPE ordinaria “con algún matiz” que no garantice la continuidad en sus puestos de los trabajadores “abusados” no es una opción.

“No queremos seguir con esto (la huelga), pero seguiremos hasta que se encuentre una solución. No estamos cerrados, no pedimos una cosa en concreto porque nos dé por ahí, pedimos una solución que se ajuste a la legalidad , que dé cumplimiento a la sentencia del TJUE y que, además, fortalezca la sanidad canaria. Las soluciones planteadas supondrían un desmantelamiento de los servicios y una inseguridad total”, ha añadido.