El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da marcha atrás en la implantación del día libre en el taxi

El concejal de Movilidad y Ciudad del Mar de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha dado marcha atrás en la implantación de dos días libres en el taxi capitalino a modo de “prueba”. Una iniciativa que el Consistorio tenía previsto que comenzara en febrero por un periodo de cinco meses y que ha quedado pospuesta hasta que sea consensuada en la Mesa del sector.

Ramírez ha tomado esta decisión después de mantener una reunión con cinco asociaciones que aglutinan a más de 200 taxistas que mantienen una postura contraria a la implantación del día libre y que la mañana de este miércoles se concentraron frente a las oficinas del antiguo hotel Metropol: La Asociación Profesional TeleTaxi (APT), ServiTaxi Gran Canaria, la Asociación de Taxis Tafira Alta, Euro Taxi Gran Canaria, La Asociación Proderechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac) y la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas.

El presidente de la APT, Gorky Bethencourt, mostró su satisfacción por la decisión del concejal, porque “se aproxima bastante a lo que solicitamos”. Bethencourt rechazó las “imposiciones” y adelantó la suspensión de la concentración prevista frente a las puertas del Ayuntamiento para este jueves.

Asimismo, definió como “variadas” las posturas de las asociaciones presentes en la reunión respecto al día libre y explicó que la mayoría son minoritarias y dan un servicio de radio-taxi, lo que significa que “la aplicación de una medida como ésta sería bastante drástica para defender el servicio que ofrecen”.

“La posibilidad de haya, por ejemplo, en un solo día diez taxis para cubrir 24 horas resulta absolutamente imposible. El usuario de taxi no es un cliente fijo, sino habitual y lo que busca en un servicio de este tipo es la inmediatez. Si no se la puedes dar, probablemente lo pierdes”, explica.

El edil considera que el encuentro ha sido fructífero y asegura compartir el planteamiento base de los colectivos, que es el de priorizar la regularización de la actividad de una forma “mucho más contundente de lo que se ha hecho durante los últimos años, para poner al sector en el kilómetro cero”, debido a la presencia de los denominados floteros y a las dudas que surgen en torno a la titularidad de viudas y jubilados.

Aunque no da una fecha concreta, Ramírez espera convocar la Mesa del Taxi en la primera semana de febrero y afirma que llamará a participar en la misma a todos los colectivos implicados, para aunar posturas en aspectos como el de la libranza. “No la hemos convocado antes, porque este es un sector complicado, donde hay mucha diversidad de opiniones y entendíamos que no estaba maduro para hacerlo, pero lo vamos a hacer”, apostilla.

La búsqueda de consenso ha pospuesto el inicio de la “prueba” hasta que se debata y aunque dice mantener la propuesta inicial de dividir los taxis en cuatro grupos a descansar durante dos días a las semana, afirma que de la Mesa del Taxi puede salir un nuevo formato para aplicar el día libe u “otra propuesta” o iniciativa “intermedia”. De hecho, deja en el aire el que se pueda llegar a implantar al manifestar que si aunar posiciones “hace que retrasemos la prueba del taxi, si finalmente se hace, pues la retrasamos”.

Ramírez pide un esfuerzo de consenso y entendimiento para buscar puntos en común respecto al “tema estrella” y para “atajar un problema que todos compartimos que existe y es que hay un exceso de licencias y que alguna medida hay que tomar”.

“Repunte minúsculo de la actividad”

Ramírez dice estar a la espera de recibir un estudio que refleje el exceso de permisos que sufre la ciudad capitalina, estimado en unos 400 o 600 de los 1640 totales. Asegura no poder dar un dato concreto hasta contar con el informe, porque “la ilegalidad del sector distorsiona la sensación del numero de licencias que sobran”.

Aunque califica la ilegalidad de “insostenible”, Bethencourt asegura que durante el pasado año se produjo un “repunte minúsculo” en la actividad, más notorio en la campaña de Navidad. Motivo por el que “considerábamos que no era el momento de tomar medidas que puedan coartar ese aumento que se había iniciado de forma casi natural”.

El Ayuntamiento sigue trabajando en unos 140 expedientes, algunos de ellos remitidos por Hacienda al apreciar irregularidades en la explotación del servicio, que pueden culminar con sanciones de 4.000 euros y revocaciones de licencias tras recorrer un procedimiento que durará unos dos o tres años. “Un taxista ya entregó la licencia, pero en la mayoría de los casos, lo normal es que la gente recurra”, recuerda el concejal.

De momento, no indica si los permisos revocados se volverán a poner en circulación o el Consistorio los suprimirá y emplaza su decisión a “dentro de tres o cuatro años”.

Ramírez no descarta un refuerzo del personal que lleva a cabo inspecciones documentales y de los permisos del sector. “Si hay que empezar a sancionar, cuanto antes empecemos, mejor”, concluye.