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Más de 500 médicos del Hospital Insular apoyan la denuncia contra el colapso en Urgencias

Profesionales sanitarios de un total de treinta servicios del complejo registran un manifiesto en el Servicio Canario de Salud (SCS) contra “la pasividad” e “indiferencia” de los responsables sanitarios ante la saturación de Urgencias

La iniciativa surgió a raíz de unas declaraciones en las que Fernando Clavijo insinuaba que parte de la responsabilidad del colapso recaía en los médicos

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Pacientes en zonas de paso de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, sin cortina para separarlos

Pacientes en zonas de paso de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, sin cortina para separarlos Cedida.

Un total de 512 profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) de Gran Canaria, casi en su totalidad médicos, ha rubricado un manifiesto de apoyo a los 23 facultativos adjuntos del servicio de Urgencias que han decidido denunciar ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas el colapso en el centro. Según la última memoria publicada por el Servicio Canario de Salud (SCS), correspondiente al año 2017, el complejo cuenta con 723 médicos en plantilla.

Los firmantes pertenecen a una treinta servicios distintos del hospital de referencia del área sur de Gran Canaria. La iniciativa surgió en ámbitos ajenos al de Urgencias como muestra de apoyo a los denunciantes ante las declaraciones realizadas en una emisora de radio por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el pasado 23 de abril, unos días después de que 23 de los 26 facultativos del servicio acudieran a la Fiscalía ante la “desidia” e “inoperancia” de la administración para resolver la saturación. “Igual el problema no es del Gobierno, ni de los gestores y acaba llevándose por delante a los profesionales. Imagino que lo habrán medido”, dijo el dirigente de Coalición Canaria (CC).

La ola de indignación generada por esas palabras obligó a Clavijo a recular esa misma tarde a través de varios mensajes publicados en las redes sociales. Ya era tarde. “El daño está hecho”, respondieron los médicos, que convocaron una concentración para el día siguiente en señal de repulsa. Sus compañeros del complejo decidieron respaldarles con una campaña de recogida de firmas. El manifiesto con las rúbricas ha sido presentado este jueves por registro oficial con destino al gerente del CHUIMI, Víctor Naranjo Síntes; al director del SCS, Conrado Domínguez, y al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

El escrito denuncia la “pasividad” e “indiferencia” de los responsables sanitarios para resolver el colapso en Urgencias y para preservar “la integridad física y profesional” de los médicos del servicio, que en los últimos meses han sido víctimas de “una campaña de linchamiento en redes sociales”, con mensajes amenazantes en los que les responsabilizan del caos.

Los firmantes consideran “inadmisible” la situación del servicio por “el desbordamiento, el hacinamiento de pacientes y el colapso” en Urgencias, un problema que “dificulta la atención” y “afecta a todo” el complejo. 

Según expusieron en su denuncia 23 médicos adjuntos de Urgencias del Insular (todos menos el jefe de servicio, el actual jefe de sección y su antecesor), el desbordamiento ha llegado hasta tal punto que ha habido pacientes que han permanecido meses en un pasillo del servicio, esperando un ingreso hospitalario o una cama sociosanitaria, “en condiciones no aptas para su salud, inmovilizados en camilla, prácticamente encerrados sin luz solar ni aire natural”. Todo ello con el consecuente aumento de las probabilidades “de errores en la cadena asistencial”, advertía el escrito. 

La denuncia de los facultativos ha recibido multitud de apoyos. El Colegio de Médicos de Las Palmas, en un pronunciamiento del que no se recuerdan precedentes, ha respaldado las reivindicaciones de los facultativos de Urgencias, a quienes también arropan, entre otros, el sindicato profesional de médicos y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

La sección civil de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ha abierto diligencias tras quedar descartada por parte de su jefa, Beatriz Sánchez, la posibilidad de infracción penal, ya ha pedido documentación a la gerencia.

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