Viajar entre Canarias y la Península sigue siendo un lujo: la eterna espera por un control en los precios máximos

Aeropuerto de Tenerife Sur, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife)

La hija de Miguel Díaz tiene 13 años y reside en Euskadi. Su padre vive en Tenerife y que ambos puedan verse cuando ella tiene vacaciones escolares es un auténtico sacrificio económico que se ha intensificado con la pandemia. Los vuelos se han encarecido en los últimos meses, según han denunciado los usuarios y confirma el Gobierno de Canarias, que ve este fenómeno con preocupación. Sin embargo, la advertencia no es nueva ya que desde que se aprobara el 75% de descuento en los billetes de avión para residentes en el año 2018, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que los precios de los pasajes se han incrementado. Este informe, además, se suma a otro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que llegaba también a esa conclusión. La subida experimentada ronda entre el 20% y el 40% en algunos casos, según indicó además el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, pero es una cifra que para la asociación Canarios sin alas no es del todo real ya que en Navidad, Semana Santa o verano, los precios se vuelven imposibles y según sus cálculos se han llegado a incrementar en un 60%.

Vincular el 75% de descuento al nivel de renta o mantenerlo: los estudios que muestran que los billetes de avión son más caros abren el debate en Canarias

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Miguel Díaz es vicepresidente de esa asociación que lleva años denunciando este fenómeno y reclamando medidas que permitan a los canarios que no son residentes viajar a precios más asequibles. Otra de las propuestas, que fue refrendada en otoño del año pasado en el Parlamento de Canarias, es que los hijos de padres separados puedan acogerse al descuento del 75% de residentes si uno de los progenitores vive en una isla. El acuerdo de los grupos en la Cámara regional fue el de instar al Gobierno estatal a que estudiase esta posibilidad con el fin de garantizar su derecho a crecer en contacto con el progenitor que vive en el Archipiélago. Sin embargo, han pasado los meses y la situación, marcada por la inestabilidad de la pandemia y la reducción de conexiones en estos últimos meses, ha ido empeorando.

“Mi hija tiene derecho a venir a su casa en Tenerife”, afirma. Este verano la menor logró viajar cinco semanas a esta isla, pero el precio del billete resultó para su familia un desembolso de 360 euros, a lo que se sumaron 120 euros por el servicio de acompañamiento, al tratarse de una menor. “A partir de los 12 años es voluntario, pero prefiero pagarlo para no arriesgarme a que se desvíe un vuelo de Bilbao a Madrid por algún motivo y mi hija se quede sola en el aeropuerto”, explica. La menor además no pudo visitar a su familia paterna la pasada Navidad. “¿A dónde tienen que llegar los precios para que ellos lo consideran desmesurado?, ¿Cuánto más tendremos que pagar?”, se cuestiona el vicepresidente de Canarios sin alas, que lamenta que después de haber sido escuchados por la mayoría de grupos políticos el problema se haya enquistado. 

Vuelos más caros para visitantes peninsulares

Según los últimos datos de Promotur, la empresa pública de Turismo del Gobierno canario, en el mes de junio llegaron al conjunto de las Islas 337.184 visitantes, de ellos 118.314 eran peninsulares y 218.870 extranjeros. Una cifra que contrasta con las de 2019, cuando llegaron solo este mes 1,1 millón de visitantes, 178.347 de la Península y 949.020 extranjeros. Ante las restricciones por la pandemia, el turismo internacional se ha desplomado, mientras que la llegada de nacionales en ocasiones se ve ralentizada porque para una familia entera es inviable desplazarse hasta Canarias. “¿Por qué le cuesta más barato a una persona de Madrid irse a Nueva York que a Tenerife?”, se cuestiona el vicepresidente de Canarios sin alas, que lamenta que se pongan más trabas al turismo nacional. 

En este punto, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricúa, recuerda que los estudios han reflejado ese aumento en el precio de los billetes de avión, que es superior en las conexiones con Gran Canaria. Sostiene que los expertos contratados por el Ministerio de Transportes tendrán que asesorar al Gobierno sobre qué medidas tomar ya que son quienes cuentan con la información. De hecho, cabe recordar que además de los estudios de la AIReF y de Competencia, uno de los informes encargados por el Gobierno estatal, el de la Universidad Pompeu Fabra, se declaró información reservada. 

Los beneficiarios son los de mayor renta

“¿Tiene sentido que se financie tanto el billete de primera clase como el billete turista?”, fue la pregunta que lanzó el pasado año el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. El informe de la AIReF detectó una “muy desequilibrada” distribución de la subvención entre la población, dado que “la mitad de los residentes no vuela y que, por tanto, no percibe ayuda alguna”. Otra de las cuestiones que reflejó el estudio es que el 20% de residentes con las rentas más altas concentra el 50% del total de la subvención, mientras que, por el contrario, el 40% de la población con menor renta recibe el 17% del total de las subvenciones en el caso de Canarias.

Negociaciones en septiembre

Desde el Gobierno de Canarias, tanto PSOE como Nueva Canarias, partido que consiguió que se implementara el descuento de residentes en un 75%, han insistido en los últimos años en que se trata de un logro “intocable”. A principios del año pasado se celebró la Cumbre del Transporte en Gran Canaria precisamente para buscar soluciones ante el incremento del precio en los billetes de avión. Entonces, se puso de manifiesto la posibilidad de establecer precios máximos o de que se declarase estas rutas entre el Archipiélago y la Península como Obligación de Servicio Público. Precisamente, esta es la opción que defiende Podemos. “Cuando propusimos en el Congreso la OSP en la ruta Canarias-Península para limitar los precios, nos llamaron comunistas y trasnochados. El tiempo desgraciadamente nos dio la razón y es urgente que el Ministerio de Transportes, en manos del PSOE, actúe asumiendo que controlar los precios evita el derroche de dinero público actual, favorece el turismo estatal y garantiza el derecho a la movilidad de las familias canarias”, destacó el diputado Alberto Rodríguez recientemente en un comunicado. Desde el partido de Casimiro Curbelo (ASG), que actualmente lidera la Consejería de Turismo, también se pide que se valore esta posibilidad, aunque recuerdan que “una OSP limitaría la capacidad de operaciones, ya que sería una única compañía la que operaría las rutas establecidas”. Así mismo, la formación denuncia que es más caro volar entre islas.

Desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda han explicado a esta redacción que en septiembre se retomarán las conversaciones con el Ministerio para trabajar en los objetivos marcados en la Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad, que se han visto condicionados por el desarrollo de la pandemia. Desde esta área que dirige Sebastián Franquis (PSOE) admiten que en los últimos meses, con la reactivación del sector, se ha vuelto a detectar un encarecimiento de los precios, por lo que el consejero ya ha mostrado su preocupación al Gobierno de España. Las conversaciones con el Ministerio se retomarán con la finalidad de estudiar diversas opciones para la regulación de estos precios, entre las que se encuentra por primera vez la posibilidad de que se establezca la Obligación de Servicio Público en los viajes entre Península y el Archipiélago, una “posibilidad que se contempló en la Cumbre del Transporte y que, ahora, el Ministerio baraja entre diversas herramientas que estamos planteando desde el Gobierno de Canarias. Desde el Ejecutivo central plantean la posibilidad de estudiar la OSP, una vez se supere este contexto de crisis y se reactive con total normalidad el sector”, señala el consejero.

Tanto el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como el de la AIReF ya proponían recomendaciones. El primero aconsejó, entre otras cuestiones, mostrar el precio total del billete junto al bonificado y precisamente una de las medidas adoptadas el pasado año fue la de que las compañías aéreas no mostrasen el descuento de residentes hasta en el último paso. Sin embargo, muchas aerolíneas siguen prestando esta opción desde el principio del proceso.  La AIReF proponía sustituir el descuento actual por una subvención de cuantía fija para cada una de las rutas y estudiar mecanismos para lograr “una distribución más igualitaria de la subvención por niveles de renta de las ayudas públicas a la movilidad de los territorios extrapeninsulares”. No obstante, ambos sugerían una revisión y análisis de dicho descuento. Desde la asociación Canarios sin alas, por su parte, han solicitado ya una reunión con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. 

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