Archivada la denuncia del exconcejal de La Laguna que intentó involucrar en una conspiración al denunciante del caso Reparos

Ni siquiera llegaron a ser investigadas las dos personas que el exconcejal de La Laguna Javier Abreu acusó de ser autores de un presunto delito contra la administración de justicia por haberle inducido -según sus manifestaciones- a declarar contra el expresidente de Canarias Fernando Clavijo en el llamado caso Reparos. El juez César Romero-Pamparacuatro ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias que abrió a instancias de la fiscalía después de Abreu dijera en su declaración como imputado en el caso Reparos que había recibido llamadas telefónicas en las que supuestamente habría sido inducido a “portarse bien”, lo que él tradujo en declarar en contra del que fuera alcalde de La Laguna Fernando Clavijo durante la etapa en la que se produjo un masivo levantamiento de reparos para prorrogar contratos de servicios públicos sin concurso, sin cobertura legal y en contra de los criterios de la Intervención municipal.

El juez relata en su auto de archivo y de sobreseimiento provisional (solo se podría reabrir la causa si apareciera alguna prueba concluyente) que durante la instrucción llevada a cabo no ha aparecido ninguna prueba que avalara las acusaciones lanzadas tanto en los juzgados como en algunos medios de comunicación por Javier Abreu. Un pendrive que dijo poseer con grabaciones que recogerían el contenido de ciertas llamadas telefónicas jamás apareció, y la factura conteniendo un listado de números de teléfono que el denunciante presentó solo demostró que había telefoneado a otros abonados y que otros abonados le telefonearon a él. Pero ni una sola prueba de que esas llamadas, intercambiadas con personas con las que el mismo denunciante reconoció haber tenido relaciones de amistad o profesionales, contuvieron algún tipo de coacción destinado a hacerle torcer su voluntad en el acto de declaración como imputado en el caso Reparos.

El juez solo llegó a imputar a una persona, Javier de la Cruz, funcionario del Ayuntamiento de La Laguna a quien Javier Abreu señaló en su declaración ante el juez César Romero-Pamparacuatro como intermediario de los mensajes del denunciante del caso Reparos, Santiago Pérez. Asistido por el letrado Eduardo Lorenzo González, ese investigado, además de negar haber ejercido cualquier tipo de presión sobre Abreu, informó al juez de que con él mantenía una especial amistad, hasta el punto de que le encomendó la tarea de ser el padrino de su hijo. “Existen formas o modos en que por el denunciante se describe que se ejecutó el delito contra la administración de justicia, declaraciones contradictorias entre el investigado y el denunciante, cuyo contenido y ante la ausencia de datos periféricos que permitan dar credibilidad o apoyar una u otra versión, no tienen entidad suficiente para continuar o elevar la instrucción frente al que se ha identificado como autor mediato, Santiago Pérez”, actualmente aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de senador por la Comunidad Autónoma.

Tampoco aprecia el juez indicio alguno para investigar a la abogada Sandra Rodríguez, a la que Javier Abreu señaló en varias ocasiones -tanto en sede judicial como en determinados medios informativos- como emisaria de esas presiones para que señalara a Fernando Clavijo como principal protagonista del caso Reparos. El denunciante no presenta ni una sola prueba, enfatiza el juez: “Las manifestaciones del señor Abreu son insuficientes y constituyen un indicio endeble para obtener la imputación de la señora Rodríguez en la cual, no hay que olvidar, concurre la circunstancia de ser la letrada de Santiago Pérez en el caso Reparos, y por ende, la imputación entra en colisión o conflicto con el derecho de defensa de aquel”. “Y en el hipotético caso de que fuera la colegiada señora Rodríguez quien hubiere conectado con el señor Abreu en las fechas por él indicadas y señaladas en su factura telefónica, la fuerza indiciaria de dicha circunstancia no vence el juicio de imputabilidad para ser llamada a este procedimiento en calidad de investigada, so riesgo de quebrantar el derecho fundamental de su actividad profesional en el ámbito del caso Reparos y, por ende, el de su cliente por el simple hecho de que por parte de uno de los co-investigados en aquel procedimiento se hubiere manifestado haber recibido influencias o coacciones de otra parte procesal”.

Abreu llegó a decirle al juez instructor que el papel de la letrada en la conspiración que él denunció habría sido el de “la fuerza que su pareja pudiera tener” ante el juzgado de instrucción. Sandra Rodríguez está casada con el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La abogada ha declarado a este periódico que, una vez archivada la denuncia de Abreu, ejercerá “las acciones judiciales” que la amparan para “reparar la lesión de mi honor personal y profesional provocada no solo con la denuncia sino con las múltiples apariciones del tal Abreu en los distintos medios de comunicación divulgando acusaciones falsas”.

Este auto de archivo se notifica a las partes solo 24 horas después de que lo fuera el de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que rechazaba las pretensiones de Fernando Clavijo de declarar caducadas las diligencias del caso Reparos.