El Circuito del Motor de Tenerife vulnera la ley de especies protegidas y su declaración de impacto ambiental está caducada

Nueva sentencia contra el Circuito del Motor de Tenerife. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un fallo en el que se vuelve a concluir que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto, cuyo gasto público supera los 51 millones de euros, está caducada. Además, concluye que la construcción de esta pista en el municipio de Granadilla va en contra de la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas. A raíz de esta sentencia, ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) va a solicitar la paralización inmediata de las obras.

La sentencia fue dictada el pasado 10 de noviembre y estima el recurso interpuesto por ATAN contra una resolución de la Consejería de Carreteras del Cabildo de Tenerife sobre la aprobación definitiva del proyecto de obra denominado ''pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife''.

Esta sentencia es la cuarta y última de las dictadas en los cuatro procedimientos en los que el Cabildo dividió la aprobación del proyecto. Tres de ellas han dado la razón a ATAN y una a la corporación insular.

Este fallo recuerda que la declaración de impacto ambiental del proyecto fue aprobada el 30 de marzo de 2011, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 30 de septiembre de ese mismo año, con 14 condicionantes. El último establecía que la declaración caducaría si no se comenzaban las obras del proyecto en un plazo de cinco años.

El Cabildo de Tenerife defiende que la condición se cumplió porque en agosto de 2016, un mes antes de la fecha límite, se hicieron algunos trabajos como extracción y replantación de especies de vegetación protegida, el desbroce del trazado de la pista, estudios arqueológicos y parte de las excavaciones de drenaje.

Sin embargo, tal y como consta en la sentencia, teniendo en cuenta ''la entidad real de la obra ejecutada'', ''se puede afirmar que lo ejecutado a la fecha en que perdía la vigencia la DIA era de escasa entidad, íntimo, insignificante''.

Desde ATAN han señalado en una nota de prensa que hubo funcionarios del Cabildo que alertaron, antes de la aprobación definitiva de los proyectos, que la declaración de impacto ambiental estaba caducada. ''Los responsables políticos y los miembros de la comisión insular de evaluación desoyeron estas advertencias de los técnicos'', concluyen.

El Cabildo de Tenerife aseguró en septiembre que mantiene el calendario y el ritmo de ejecución de las obras y defendió el interés del proyecto por la ''gran afición'' al automovilismo que hay en la isla, a pesar de las reiteradas protestas en contra de este proyecto que ocupará al menos 650.000 metros cuadrados.