El 25% de las irregularidades detectadas en 2018 por la Inspección de Trabajo fueron por dar empleo sin contrato

El mercado laboral canario sigue siendo una caja de sorpresas y en él parece que las irregularidades cometidas por algunos empresarios en las relaciones con sus trabajadores no tienen fin, sobre todo en el sector servicios, el que más a fondo se analiza por ser el dominador en las islas debido a la influencia suprema del turismo.

El panorama sigue siendo así, e incluso hasta peor, pese a que las inspecciones laborales, gracias a un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (dependiente del Estado), se han extremado al menos en los tres últimos años, de 2016 en adelante. En este año, el convenio se formalizó e inició con el PSOE en el pacto de gobierno regional, entonces con Patricia Hernández como vicepresidenta y consejera canaria de Empleo.

El balance de las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social durante 2018, dado a conocer estos días por la Consejería de Empleo del Ejecutivo autonómico (cuya consejera es Cristina Valido, de CC), vuelve a ser desalentador, principalmente porque las actuaciones, que pudieron ser más que en el ejercicio anterior, logran la detección de más irregularidades laborales cometidas por los empresarios locales, con 19.461 el año pasado por las menos de 16.000 registradas en 2017. Se trata de datos oficiales en ambos casos.

Además, siempre según los registros aportados por Empleo, de las 19.461 actas levantadas (que pueden desembocar en sanción) por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2018 en la Comunidad Autónoma de Canarias, el 24% (casi una de cada cuatro) se debió a que los funcionarios pillaron in fraganti a trabajadores sin contrato en las empresas.

Esa ilegalidad supuso el 24% de todos los incumplimientos laborales hallados en las acciones de la Inspección, lo que supuso un valor absoluto de 4.725 personas con trabajo pero sin contrato laboral. Ello representa un promedio diario de 13 empleados localizados sin cobertura legal alguna en todo el año 2018. Sin duda, vuelve a ser un dato muy elevado.

Aparte de esas intervenciones, que condujeron a la contratación de todas esas personas y a la aplicación de la sanción correspondiente, las actuaciones realizadas en empresas de las islas en 2018 propiciaron que 12.208 contratos eventuales se conviertan en indefinidos (el 31% más que los del año 2017), que se forzara en 2.528 casos el aumento de las horas en contratos a tiempo parcial y que, como ya se ha mencionado, afloraran de la economía sumergida 4.725 empleos.

El trabajo coordinado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la Consejería de Empleo, con actuaciones ordinarias y extraordinarias a lo largo del año (estas últimas con la aportación de funcionarios llegados desde otras comunidades autónomas para acciones desplegadas de octubre a diciembre), está concebido con el objetivo de poner coto a posibles irregularidades en los contratos laborales, de evitar que se dañe la protección social de los trabajadores, de dar el máximo cumplimiento a la legislación en materia de riesgos laborales, y de extremar el control de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo. Estos dos últimos capítulo son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.