El PSOE se opone a que el Gobierno canario pague la condena por delito ecológico de Antonio Plasencia
La Ejecutiva de la PSOE canario ha trasladado a su grupo parlamentario que se oponga a la Ley que impulsa el Cabildo de Tenerife si “existe la mínima duda” de que sea el Gobierno quien repare con dinero público el daño ecológico por el que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por arrasar los barrancos de Güímar.
Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, antes de añadir que “a la mínima duda de que puede conllevar un coste que no procede asumir al Gobierno de Canarias, nuestro voto será en contra de que la proposición de Ley se tramite”.
Precisamente, la iniciativa que impulsa el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, desde 2012 hace recaer en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma (porque “la problemática de ese espacio tiene una dimensión autonómica, que excede lo municipal y lo insular”) el desembolso de los 344.916.676,57 euros que, según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), costará “la restauración y ordenación del espacio hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, así como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras”.
“Por ahora, nos estamos entrevistando con diversos expertos y con nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Güímar y del Cabildo, pues tenemos informes que alertan de un posible asunto de responsabilidad patrimonial en el que se puede incurrir y cuyo coste es imposible de calcular”, añade el portavoz socialista.
Informes como el del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (asegura que la propuesta legislativa “puede dar lugar a reclamaciones económicas en un futuro”) o el de la Dirección General de Industria y Energía, para el que es “gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración”.
El propio escrito del Gobierno remitido a la Mesa del Parlamento dando vía libre a la tramitación de la proposición legislativa del Cabildo tinerfeño también alerta de que “de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios”, e insiste en que “la lesión” de posibles “derechos subjetivos” pudiera dar lugar a “posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan”.
Todos estos recelos han hecho que el PSOE (que ya se opuso a tramitar el texto en la pasada legislatura) esté ahora recabando toda la información para evitar tramitar o aprobar una norma que puede obligar a las arcas públicas a desembolsar más de 349 millones de euros.
“Si el Gobierno de Canarias debe pagar, no apoyaremos esa Ley”, concluye.
