La acusación popular realza al interventor de Emalsa, “un funcionario que hizo lo correcto y no se arredró con nadie”

Agustín Bravo de Laguna, abogado de El sol sale para todos, la asociación ciudadana que ejerce la acusación popular en el caso Emalsa, ha destacado en su informe final la labor ejercida por el funcionario Rafael Bolívar durante la etapa de la intervención de la compañía encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria.

El letrado recordó que este funcionario, fallecido en 2022, lideró el equipo técnico que “sacó a relucir todas las irregularidades” en Emalsa “desde el principio de la concesión” y “puso en solfa” el contrato de saneamiento, adjudicado a Sercanarias en 2008 y que, según la fiscal, causó un perjuicio de 11,1 millones de euros a la compañía, casi la mitad del quebranto total (23,4 millones) en que cuantifica la actuación de los socios privados en el periodo enjuiciado (2008-2012).

Bravo de Laguna calificó a Bolívar como un funcionario “que hizo lo correcto y no se arredró con nadie”. El equipo técnico que lideró elaboró cinco informes sobre los presuntos incumplimientos e irregularidades en los contratos de Emalsa.

El abogado recordó que, tras las elecciones de mayo de 2015, el nuevo gobierno municipal, liderado por el socialista Augusto Hidalgo, decidió “disolver la intervención y desterrar al interventor al servicio de Seguridad y Emergencias”. Además, el Consejo de Administración de la compañía de aguas, “con el voto cómplice abstencionista” de los miembros del Ayuntamiento, del socio público, presentaron contra él una querella que fue finalmente archivada.

El representante de El sol sale para todos ha lamentado que durante el juicio se haya intentado “desprestigiar” su labor. “¿Vale la pena ser funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y defender el bien común y el interés general?. Creo que no, pero espero que esta sala me quite la razón”, ha concluido su alegato.

Antes, el abogado de la acusación popular ha reprochado también la actuación del Ayuntamiento en esta causa. En el escrito de calificación, ya calificaba de “indolente” y de “tolerante con la indolencia” a la administración local. Durante el juicio, la posición de los servicios jurídicos municipales ha sido “absolutamente pasiva” y ha tenido como “colofón” la retirada de la acusación a los procesados, ha añadido.

A su juicio, el escrito presentado en la sesión de este martes por el Ayuntamiento para explicar por qué ahora no considera acreditado el perjuicio a Emalsa “no concilia bien” con el escrito de acusación que presentó hace unos años, en el que pedía una condena para doce de los quince acusados (dejaba fuera a los tres vinculados con Satocan, la constructora propietaria del edificio donde se ubica la actual sede de la compañía).

“¿Cómo puede decir que no se ha producido perjuicio?”, se ha preguntado el letrado, que considera “sangrante” que Emalsa cobre la tasa de depuración a la ciudadanía por agua suministrada y no por agua depurada. Es decir, que los vecinos y vecinas tengan que pagar por un servicio se ejecute o no. A modo de ejemplo, ha aludido al barrio de Jinámar. El agua se depuraba en instalaciones del Consejo Insular de Aguas (del Cabildo, por tanto), pero era Emalsa quien cobraba. “Eso lo advirtió el interventor”, ha asegurado.

Prestaciones especiales

También ha ejercido la acusación popular en esta causa el comité de empresa de Emalsa. Su abogado, José Manuel Rivero, ha recordado que el “núcleo esencial” de su escrito de acusación se circunscribía al denominado comité de gerencia que crearon los socios privados de la compañía (Saur y Valoriza) en noviembre de 2008 y al cobro de las prestaciones especiales (los 4,5 millones de euros que se repartieron entre 2008 y 2012).

Rivero destacó que esas prestaciones especiales nunca pasaron por el consejo de administración de Emalsa ni se trataron en el comité de gerencia. “Cuando se pagan, no se justifican en los informes a los que estaban obligados”, ha incidido.

Además, el abogado del comité de empresa de Emalsa ha destacado que los informes de auditoría con los que ahora los socios privados tratan de justificar los servicios por los que se pagaron esas prestaciones especiales están fechados en el año 2018. Es decir, “muy a posteriori”, ya que esos cobros se realizaron entre los años 2008 y 2012.

Rivero considera que se debe dar “más credibilidad” a los informes periciales “imparciales” de Auren (encargado en el seno del Consejo de Administración de Emalsa) o de Godoy Consultores y Auditores (peritos judiciales) que a los de la defensa, realizados “muchos años después” por PricewaterhouseCoopers o Kroll.

El comité de empresa de Emalsa deja fuera de su acusación el contrato de alquiler de la sede de la compañía de aguas.