Canarias inicia la transformación del sistema judicial que pretende impulsar un cambio “sustantivo” en el sector

“Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo”, según ha declarado este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, al termino de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Toledo, presidida por la ministra Pilar Llop, a la que ha asistido acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

Julio Pérez ha manifestado que la Conferencia Sectorial había sido informada del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a “impulsar un cambio sustantivo” en el funcionamiento de la justicia, que son, ha explicado, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia, todos ellos, salvo este último, que se espera que pronto pueda iniciar también su paso por las Cortes, en fase de tramitación parlamentaria.

En la misma sesión, se ha analizado el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos destinados a la mejora de la justicia, de los que Canarias ha recibido más de 25 millones de euros, y que, tal y como quedó establecido en el programa acordado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, se tienen que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas, a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática y a proyectos de ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el denominado Manifiesto del dato, que contiene los principios sobre los que construir un espacio público del dato en el sector judicial, lo que posibilitará, ha dicho el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “un conocimiento directo no solo para los operadores jurídicos, sino para cualquiera, de todos los datos del sector, y permitirá evaluar el grado de corrección y posibles deficiencias de las políticas públicas en materia de justicia”.

Entre los objetivos de este manifiesto están dirigir la gestión del sistema de Justicia como un modelo orientado a datos, promover la innovación y las mejoras del servicio público de Justicia, canalizar a través de los datos el sistema de gobernanza y del espacio público, y promover la cohesión social y territorial.

“Los datos deben ser un medio que nos ayude a definir, diseñar y afinar mucho más las políticas públicas en materia de Justicia, utilizando recursos adecuados para implantar el nuevo modelo de Justicia”, ha subrayado la ministra Pilar Llop.

Oficina judicial

Además, se ha debatido y dado los primeros pasos para la implantación de lo que se llamará oficina judicial municipal, con el objetivo de contribuir a superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Julio Pérez ha mostrado su confianza en que conlleve “mejoras significativas” en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz, que se transformarán en oficinas judiciales.

Este avance se enmarca en el plan Justicia 2030/Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) de implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. La oficina judicial es una figura recogida en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, que tiene entre sus funciones ser una puerta de acceso único a la Justicia para la ciudadanía. 

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los tribunales de Instancia correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

En este sentido, la ministra de Justicia ha recordado que “estamos pendientes de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia. La Justicia es un poder, pero la Justicia es también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las oficinas de justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”.

Llop se ha mostrado convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas, con el objetivo de ofrecer una asistencia comprendiendo sus necesidades y dando una respuesta ágil y eficaz de conformidad con la normativa, protocolos y procedimientos vigentes; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el fin de informar sobre la naturaleza de los MASC, su contenido, efectos de su utilización y recursos existentes.

La oficina judicial también tiene previsto atender servicios de registro y reparto, servicios de coordinación de señalamientos y control de citaciones y emplazamientos, y servicios de tramitación en la ejecución del procedimiento y coordinación con el Registro Civil, entre otros.

Por otro lado, la ministra de Justicia también ha anunciado la constitución de un comité para la preparación de la presidencia europea en materia de Justicia con las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interoperabilidad

En el contexto de la Conferencia Sectorial, la ministra ha anunciado que, “después de muchos años, todos los sistemas de gestión procesal, los siete, son interoperables con el Tribunal Supremo”.

Llop ha indicado que este avance es “una importante novedad”, y ha añadido que la Administración de Justicia llevaba “muchos años esperándolo y trabajando sobre ello”.

En este sentido, la ministra ha destacado que es “un primer gran paso para avanzar en la interoperabilidad y en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios”.

Becas impulsadas desde el Ministerio de Justicia

Por otro lado, también se ha abordado el paquete de becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado impulsadas por el Ministerio.

Las 245 becas, que han sido ya convocadas, tienen una dotación de 1,6 millones de euros. De estas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con 6.611 euros anuales.

Al igual que en otras ocasiones, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad intervino para recordar que el modelo organizativo que se implante con la reforma prevista debe adaptarse a la geografía insular del Archipiélago. Ante la celebración de la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar en noviembre, Julio Pérez ha valorado positivamente la continuidad del régimen de cogobernanza territorial alcanzado durante las reuniones que se han venido celebrando.

En el encuentro con las comunidades autónomas han acompañado a la ministra, por parte del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, entre otras autoridades