Cantabria espera cobrar los 45 millones que le debe el Estado del IVA de 2017 tras la victoria de Castilla y León en el Supremo

La decisión del Tribunal Supremo de estimar la reclamación de Castilla y León al Gobierno de España para que le pague la deuda del IVA de 2017 ha generado una gran confianza en el bipartito PRC-PSOE presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla a la hora de que Cantabria acabe ingresando los 45 millones de euros que reclamó judicialmente por la misma causa en la Audiencia Nacional en 2020.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha asegurado a elDiario.es que con el fallo del Supremo se ha generado “un hilo de esperanza” de que genere jurisprudencia y con ello una catarata de decisiones judiciales estimatorias para todas las autonomías reclamantes. “Hay una esperanza fundada de que se hizo lo correcto pese que no parecía tarea fácil. La sentencia de Castilla y León es muy positiva ya que es un hito a la hora de obtener la reclamación de los 45 millones de euros”, ha añadido la consejera.

A su juicio la situación de la comunidad vecina y Cantabria son extrapolables por lo que se espera un fallo estimatorio en la Audiencia Nacional. Indirectamente, se considera también que la decisión tomada en su día de acudir a los tribunales estaba bien fundamentada por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria.

El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, no dudó en recurrir la decisión del Estado de no pagar el IVA, lo que calificó sin ambages como “apropiación indebida”. Consumado el recurso ante los tribunales, Cantabria espera cobrar no solo el IVA de diciembre de 2017 impagado sino también los intereses derivados con el tiempo. Las cuentas que se hicieron entonces desde el bipartito rondaban los 45 millones de euros, algo que pudiera concretarse en una segunda fase tras un hipotético fallo estimatorio, ya que, al menos en el caso de Castilla y León, el Tribunal Supremo no ha cuantificado el importe que el Estado ha de abonar.

Revilla, en febrero de 2020, se mostraba convencido de que el Estado acabaría reconociendo su deuda, pero Cantabria ha tenido que hacer valer su derecho en los tribunales como otras autonomías. En esa fecha, el jefe del Ejecutivo cántabro advertía a Madrid de que “no descartamos la vía judicial”.

El origen del problema se remonta a un cambio normativo que afectaba a la fecha de liquidación del impuesto de 2017 por el entonces ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. Con la nueva gestión socialista hubo un intento de arreglar el desaguisado vía ley de presupuestos pero quedó sin consumar al no conseguir Pedro Sánchez el apoyo parlamentario a sus cuentas. Pasado el tiempo, el plazo para reclamar expiró y se abrió la vía de los tribunales ya que el Ejecutivo central no posibilitó un acuerdo que compensara ese IVA impagado.