“La falta de cultura preventiva en las empresas hace que se vea la prevención como un gasto, no como una inversión”

El sindicato UGT considera que aún queda mucho por hacer en materia de prevención laboral en el mundo del trabajo. La tasa de siniestralidad está aumentando y se requiere una mayor implicación de la Administración, así como adaptar la legislación a los nuevos hábitos laborales y a la repercusión oculta que las enfermedades psicosociales no salen a la luz. Marcos Flores, responsable de UGT Cantabria en materia de Salud Laboral, reclama un plan de choque contra la siniestralidad laboral, desde el Diálogo Social, que incluya la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales en el trabajo y nueva normativa que prohíba a las empresas comunicarse con sus trabajadores durante su periodo de descanso e incluir el derecho a la desconexión en la Ley de Prevención. Asimismo, considera básico acabar con la precariedad interna que la privatización de los servicios de prevención ha llevado al seno de las mutuas.

Marcos Flores nació en Santander en 1973 y desde 2023 es responsable de Salud Laboral de UGT Cantabria. Es diplomado en Ciencias Empresariales y Licenciado en Dirección y Administración de Empresas; técnico en Superior Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad, Ergonomía y Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial. Es técnico de Prevención del Departamento de Salud Laboral desde 2017.

¿Cuántos asuntos aborda su sindicato en esta materia y cómo ha evolucionado la demanda de trabajadores a UGT por una circunstancia laboral?

Se ha observado una creciente demanda de información sobre los riesgos psicosociales. Debido a esto UGT Cantabria ha creado un gabinete de asesoramiento en riesgos psicosociales, con la financiación de la Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y el ICASST, con el fin de proporcionar la información y asesoramiento sobre estos riesgos a la población trabajadora de Cantabria. No obstante, se tratan todas las dudas que se nos plantean en materia preventiva.

¿Cómo se explican los 13 accidentes laborales en Cantabria durante 2023, la mayor cifra desde 2010?

Lo primero que hay tener claro es que detrás de las cifras de siniestralidad, hay trabajadores y trabajadoras, personas que van a trabajar y sufren percances desarrollando su trabajo. En lo referente a las cifras de siniestralidad, existen varios factores que influyen y que nos han hecho llegar a estos datos. La falta de cultura preventiva en las empresas hace que se vea la prevención como un gasto y únicamente una obligación legal, no como una inversión y una responsabilidad. Estas empresas no desarrollan la prevención y únicamente se limitan a tener, en el mejor de los casos, la documentación preventiva sin desarrollar en la práctica la prevención. Esta falta de llevar a la práctica la prevención impide las medidas preventivas que podrían evitar muchos de los accidentes de trabajo que ocurren.

¿La Administración hace todo lo que debe o puede?

Por parte la Administración no se ponen todos los medios necesarios, nos encontramos con saturación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con plazos sobre las denuncias planteadas que hace que las situaciones preventivas denunciadas se agraven. Tampoco favorece la falta de coordinación entre las instituciones preventivas.

¿Qué papel juegan las mutuas?

Desde la segregación total de las sociedades de prevención de las Mutuas de Accidente de Trabajo se han producido numerosos movimientos empresariales de adquisiciones, fusiones y/o absorciones que más allá de redundar en una optimización de recursos y mejora en los servicios, ha traído como consecuencia una mercantilización de los servicios de prevención ajenos, compitiendo en precios en lugar de en calidad del servicio prestado. También, asistimos a la aparición de diferentes operadores y buscadores que ofertan la prevención de riesgos laborales 'low cost'.

¿Esta mercantilización de los servicios de prevención ajenos cómo repercute de puertas adentro?

Esta competición en precios, curiosamente no ha hecho mella en la cuenta de resultados de los servicios de prevención ajenos, sino que lo hace directamente sobre las trabajadoras y trabajadores del sector, que han visto incrementada considerablemente su carga de trabajo en estos últimos años: mayor número de contratos asignados, mayor número de reconocimientos médicos a realizar, nuevas funciones y actividades añadidas no propias de cada uno de los niveles de cualificación. Esto ha provocado una situación de profesionales sobrecargados, con niveles de estrés preocupantes.

¿Y de puertas afuera?

Se ha producido un empeoramiento generalizado en la calidad de la prestación de los servicios de prevención ajenos, lo que conlleva una peor evaluación y establecimiento de medidas preventivas para la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores de este país. Es necesario, por tanto, una adecuación de los medios humanos y materiales para que los trabajadores y las trabajadoras del sector no tengan que soportar cargas de trabajo desorbitadas que imposibilitan la realización de las actuaciones preventivas con la calidad que se requiere. El compendio de todos estos factores, junto con otros como puede ser la situación cambiante del mercado laboral, las nuevas formas de trabajar nos han llevado a estas nefastas y preocupantes cifras de siniestralidad.

¿Es algo puntual o marca tendencia? Los accidentes leves han bajado significativamente, hasta un 30%, pero se han disparado los graves.

Desgraciadamente, es una tendencia alcista desde el año 2012. En referencia a los accidentes leves, hay que matizar que este descenso de más de un 30% se basa en un menor impacto de la COVID en el sector sanitario. Los siniestros leves en las principales actividades económicas aumentan: 8% en el sector del comercio; 2% en la hostelería y 3% en el transporte. Se tienen que tomar medidas ante este problema laboral que trasciende a toda la sociedad. Las reformas laborales han generado precariedad laboral y la precariedad laboral se traduce en precariedad preventiva.

El descenso de más de un 30% de los accidentes leves se basa en un menor impacto de la COVID en el sector sanitario. Los siniestros leves en las principales actividades económicas aumentan

¿Cuáles son los sectores más expuestos a la siniestralidad?

La siniestralidad mortal del año 2023, según las últimas estadísticas del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), afectó a los sectores de la siguiente forma: el sector primario registró seis siniestros mortales (cuatro en la pesca, uno en la agricultura y otro en la silvicultura y explotación forestal), otro correspondió a la industria extractiva y de energía y los seis restantes se localizaron en el sector servicios (dos en el transporte, uno en las actividades sanitarias, otro en el sector de información y comunicaciones y otros dos in itinere).

Han subido los accidentes in itinere, ¿a qué se debe? ¿Cómo puede evitarse?

Los accidentes in itinere pueden explicarse desde el punto de vista de la situación del mercado laboral. Las nuevas formas de trabajo o la precariedad laboral provocan mayores desplazamientos de trabajadores y trabajadoras, lo que unido a la presión por llegar al puesto de trabajo puede ser una posible explicación de este aumento. La implementación de planes de sistemas de seguridad vial en las empresas puede ser una solución, pero si debido a la situación del mercado laboral los trabajadores y trabajadores tienen más de un trabajo y esto conlleva más desplazamientos y prisas, la solución debe ser estructural.

¿La pandemia marcó un antes y un después en materia de salud laboral?

Desgraciadamente, no todo lo que debería. En la pandemia todos nos volcamos en la prevención, pero fue pasajero. Sí que es cierto que en ese momento hubo mucha concienciación, pero fue pasajera. Las cifras de siniestralidad nos demuestran que esa oportunidad que se tuvo en volcarse en la prevención no fructificó.

¿Qué se puede hacer para frenar esta escalada desde el Diálogo Social?

Los temas de prevención se tienen que tratar dentro del Dialogo Social, donde están incluidos la Administración, las organizaciones empresariales y los sindicatos representativos. Fruto de este consenso se aprobó el año pasado la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo de 2023 a 2028. Ahora toca ponerla en práctica. El actual Gobierno de Cantabria debe tener en cuenta este aspecto, y no segregar o dejar fuera del ámbito de actuación a los agentes sociales, puesto que el consenso de las medidas preventivas es base para su implantación.

¿La legislación está desfasada?

La Ley de Prevención actual es del año 1995, bien es cierto que se ha ido desarrollando con reales decretos que afectan a la prevención que llegan a fechas recientes. No obstante, el mercado laboral de hoy día ha cambiado mucho desde esa fecha, con nuevas formas de trabajo y nuevos riesgos asociados a ella. Desde ese punto de vista, sí que habría que actualizar la Ley más que cambiarla, puesto que es muy garantista con lo referente al derecho de protección eficaz en materia de Seguridad y Salud Laboral para con los trabajadores y trabajadoras.

Y su aplicación efectiva.

Lo que sí que habría que plantearse es la implicación de la prevención desde dentro de las empresas. La actual Ley de Prevención proviene de una directiva de la UE que orienta, propugna y preconiza la utilización de recursos internos y solamente permite acudir a recursos ajenos si las competencias en la empresa son insuficientes, no si los recursos son escasos o no tiene técnicos adecuados. Sin embargo, la ley otorga un plano de igualdad en lo referente a la gestión propia o ajena de la prevención y, como se ha explicado anteriormente, esto ha supuesto una mercantilización del sector preventivo que lo ha perjudicado claramente y satura a los técnicos de prevención de los Servicios de Prevención Ajenos.

¿La prevención en las empresas está entonces desfasada?

Está desfasada en tanto en cuanto no se observe como una responsabilidad e inversión para la propia empresa y para sus trabajadores y trabajadoras. Las empresas tienen unas obligaciones legales que están claramente establecidas en la normativa preventiva. El hecho de cumplirlas redundaría en una mejor prevención en los centros de trabajo y evitaría las cifras inasumibles de siniestralidad laboral.

¿Cómo ha cambiado el panorama el teletrabajo?

A raíz de la pandemia también se fomentó el teletrabajo. Esto supone un reto a nivel preventivo por la evaluación de riesgos laborales del lugar de trabajo, que depende del acceso que se permita al lugar de trabajo y también otro derecho relativo: la desconexión digital. UGT recuerda que son muchas las empresas que han implementado el teletrabajo como nueva forma de organización del trabajo y la utilización de dispositivos electrónicos en el entorno laboral. Por ello, el sindicato viene denunciando que la conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de disponibilidad permanente hacia las necesidades de la empresa.

La conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de disponibilidad permanente hacia las necesidades de la empresa

Estar continuamente conectado, ¿qué riesgos acarrea?

Esta disponibilidad permanente conlleva riesgos psicosociales e incrementa los niveles de estrés. Desde la UGT se recuerda que ya nos encontramos patologías como el “tecnoestrés laboral” o la “nomofobia” y otras adicciones derivadas del uso continuado y no racionalizado de las nuevas tecnologías. Es frecuente recibir comunicaciones de la empresa durante los tiempos de descanso, provocando la mencionada hiperconectividad y la disponibilidad constante. Esto sumado a la falta de políticas empresariales para la correcta gestión del uso de dispositivos electrónicos, como smartphones o tablets, produce estrés y fatiga mental.

¿Cómo ejercer el derecho a la desconexión?

Todas las personas trabajadoras tienen derecho a la desconexión digital, incluidas todas aquellas que trabajan a distancia, según se recoge en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en el artículo 18 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia y que las empresas deben garantizar, por tanto, esta desconexión durante los tiempos de descanso. Desde UGT, y ante los numerosos incumplimientos de la normativa laboral vigente, se reivindica la necesidad de una nueva normativa que prohíba a las empresas comunicarse con sus trabajadores y trabajadoras durante su periodo de descanso e incluir el derecho a la desconexión en la Ley de Prevención. Tanto estos riesgos mencionados como los ligados al trabajo en plataformas, la robotización, la inteligencia artificial o los provenientes de la incidencia del cambio climático y sin perder de vista que los riesgos tradicionales que no se han conseguido desterrar, suponen un reto para la prevención que se ha de afrontar como un problema de origen laboral que afecta al resto de la sociedad.

¿En materia de seguridad y salud en el trabajo dónde queda el acoso? Recientemente una sentencia ha condenado a prisión a cuatro funcionarias del Hospital Sierrallana.

Los riesgos relativos a este aspecto, los psicosociales, normalmente no están evaluados, aunque la Ley establece la obligatoriedad de evaluar todos los riesgos, sin establecer diferencia entre ellos. Una correcta evaluación de los riesgos, con las consiguientes medidas correctoras preventivas, llevaría a atajar gran parte de las situaciones de acoso u hostigamiento laboral en los centros de trabajo. La problemática de estas situaciones es la capacidad probatoria sobre el acoso, que además debe ser continuado en el tiempo para ser calificado como tal.

¿Tienen datos sobre el suicidio a resultas de las condiciones de trabajo?

Según datos de la OMS, nuestro país tiene una ratio de profesionales de la salud mental tres veces inferior por población respecto a los países de nuestro entorno. En 2018, por cada 100.000 habitantes había cerca de seis psicólogos y 11 psiquiatras, mientras que la media de la UE rondaba los 38 y 18 profesionales respectivamente. En el año 2023, desde enero hasta julio, se tramitaron casi 338.000 bajas de trabajadores por motivos de salud mental, alcanzando máximos de este periodo en los últimos siete años, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), duplicando la cifra de 2016, que alcanzó las 163.000 incapacidades. La depresión es un trastorno mental frecuente que puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria y en su forma más grave, puede conducir al suicidio. Según el INE, en 2021 se suicidaron 4.003 personas en España, un 1,6% más que en 2020, una cifra que no para de crecer.

Sin embargo, este campo parece totalmente desregulado y que la alternativa es estrictamente sanitaria.

El problema viene nuevamente por la falta cultura preventiva empresarial y la falta de evaluación de los riesgos que provocan esta situación, los psicosociales. La Ley de Prevención, que data de 1995, establece que en el caso de no poder evitar los riesgos, estos deben ser evaluados y no establece distinción de riesgos. Los riesgos psicosociales deben ser evaluados y tomar las medidas preventivas que se consideren oportunas, pero desgraciadamente en la mayoría de las empresas no lo está. Debido a esta situación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tuvo que sacar un Criterio Técnico en 2021, reincidiendo en su importancia y obligatoriedad. Aun así, desde UGT se sigue reclamando una directiva comunitaria que regule la forma de gestionar los riesgos psicosociales en los centros de trabajo ya que son los únicos riesgos laborales sin una normativa propia y propone incluir en el Listado de Enfermedades Profesionales patologías relacionadas con estos, siguiendo el ejemplo de la OIT. Las patologías derivadas de los riesgos psicosociales de origen laboral, apenas tienen reflejo en las estadísticas ya que se derivan a las contingencias comunes. El sindicato insiste en que las empresas deben realizar evaluaciones de riesgos psicosociales y aplicar medidas preventivas y reclama un plan de choque contra la siniestralidad laboral que incluya la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte por accidente de trabajo durante la jornada laboral son los infartos y derrames cerebrales, patologías que podrían estar relacionadas con la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral.

Las patologías derivadas de los riesgos psicosociales de origen laboral apenas tienen reflejo en las estadísticas ya que se derivan a las contingencias comunes

La valoración de pensiones como la viudedad de trabajadores enfermos fallecidos está relacionada con la vinculación enfermedad-causa muerte. ¿El probatorio es difícil? ¿Los jueces son sensibles?

El probatorio es difícil, puesto que estas enfermedades no se suelen detectar a largo plazo. De ahí la importancia de la coordinación entre la salud laboral y la pública, con el fin de crear registros de trabajadores y trabajadoras expuestos a sustancias tóxicas. Hay registros de empresas de amianto y radón, pero no de los trabajadores, con lo que dificulta la probatoria del caso. Los jueces pueden ser sensibles, pero al final hablamos de un juicio y lo que determina la resolución son las pruebas aportadas. Lo que se debería facilitar en estos casos es la tramitación de los mismos, puesto que bastante desgracia se tiene con la pérdida de un familiar.

Dice que sigue sin haber registros y medidas para trabajadores expuestos al amianto, el gas radón... ¿La situación es preocupante? ¿Por qué no interviene la Administración?

Pues habría que preguntar directamente a la Administración. La situación es preocupante, puesto que las personas afectadas por el amianto se encuentran con dificultades para probar la relación entre enfermedad y trabajo y luego, en el caso de probarlo, de acceder a los fondos sobre víctimas del amianto. Falta un registro de personas trabajadoras en las empresas de este tipo, que solucionaría, en parte, el laberinto burocrático al que se tienen que enfrentar. Vemos falta de voluntad en solucionar estos problemas relativos a la creación de registros de las personas afectadas, tanto del amianto como del radón, y de dotar de los medios económicos al Fondo de Víctimas del Amianto.

¿Cuáles son los trabajadores más expuestos para caer enfermos por sus condiciones de trabajo en ambientes con potencial toxicidad?

La exposición a los materiales es la que determina su toxicidad, es decir, hay que tener en cuenta, además de los trabajos, los productos que utilizan o manipulan los trabajadores y trabajadores para ver su exposición. Por eso son fundamentales las evaluaciones de los puestos de trabajo hechas con rigor, para determinar los riesgos del puesto de trabajo y lo que le rodea.

¿Las bajas laborales están inflacionadas? ¿Hay picaresca en la materia?

Esta pregunta habría que planteársela desde otro punto de vista: ¿Cuántas bajas laborales se trasladan al Servicio Cántabro de Salud?

Se lo planteo: ¿Cuántas bajas laborales se trasladan al Servicio Cántabro de Salud?

La Ley General de Seguridad Social, establece el concepto de accidente de trabajo y establece cuáles pueden tener la consideración de ellos. Desde el Sindicado UGT consideramos que la presunción de accidente de trabajo y el agravamiento de lesiones preexistentes y que constituyen accidente de trabajo según la ley mencionada son desatendidos de manera sistemática por las mutuas. La realidad preventiva que nos encontramos es la derivación sistemática a los servicios de salud público de los trabajadores, lo que implica perjuicios para la empresa, las personas trabajadoras y la sociedad. Para la empresa; al contar con una persona trabajadora en un proceso de incapacidad cuyo trabajo no va a desempeñar y que, en la inmensa mayoría de los casos, va a asumir el resto de la plantilla, con la consiguiente sobrecarga de trabajo. Lo que a su vez puede ser el origen de nuevas incapacidades, sobre todo si la incapacidad es referida a los trastornos musculo-esqueléticos, que representa en España la principal causa de Incapacidad Temporal y Permanente y suponen cerca del 25% del total de los días de Incapacidad Temporal. Además, el coste del periodo de incapacidad es soportado por la empresa.

¿Para los trabajadores?

Para la persona trabajadora, en primer lugar por una lesión que se presupone que es de carácter profesional y la derivación al servicio público de sanidad puede suponer una dilatación en su tiempo de curación; en segundo lugar, por la diferencia en el aspecto económico, al existir una diferencia en el salario en función del origen de la contingencia, sobre manera en empleos de bajos salarios, y, en tercer lugar y en relación al punto anterior, aquellas personas trabajadoras que no acuden al médico del servicio público por cuestiones económicas y van a trabajar con lesiones.

¿Y para la sociedad?

Para la sociedad, puesto que la derivación de incapacidades de origen profesional al sistema público sanitario conlleva que las listas de espera a los profesionales médicos se incrementen, perjudicando al resto de la sociedad y alargando lesiones cuya curación se presupone a las mutuas. Este incremento de tiempo de atención médica en los servicios públicos puede derivar su atención médica a los servicios privados, con los consiguientes gastos económicos que recae en los contribuyentes.