Los cántabros y cántabras con mejor expediente académico podrán en un futuro acceder gratuitamente a la universidad, sin que disponer de una renta familiar alta sea un impedimento definitivo para tener esta ventaja. La retención del talento en Cantabria y el coste que tendrá esta política para las arcas públicas son dos premisas que desde el PRC valoran positivamente y tendrán en cuenta en el desarrollo reglamentario de la futura Ley de Juventud que acaban de pactar con Partido Popular.
Esta norma impulsada por los regionalistas, que saldrá adelante en junio tras introducir medio centenar de enmiendas del PP, incluirá en su desarrollo reglamentario los requisitos para que los jóvenes accedan a ayudas habitacionales, educativas y de movilidad e inclusión laboral. En cualquier caso, desde el PRC consideran que las ayudas con cargo a esta ley no deben de ser incompatibles con las que proporciona el Estado, sin descartar para el caso educativo exclusiones por causa de renta, aunque aún no esté definido este aspecto.
Paula Fernández, diputada y candidata autonómica del PRC, ha presentado este miércoles la proposición de ley en trámite junto al secretario general de Juventudes Regionalistas, Alejandro Pascual, y la parlamentaria y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, como ponente de la misma, tras dar a conocer en la jornada previa el acuerdo firmado con el PP. Los dirigentes regionalistas han manifestado que no se trata de una “gratuidad universal”, sino de buscar la fórmula que “premie la excelencia” académica. “No será universal, sino según el esfuerzo y el talento, y de ahí se determinará el cupo de gratuidad”, ha explicado Paula Fernández.
Fernández no ha ocultado su satisfacción porque la ley siga adelante, toda vez que Cantabria, junto a Extremadura y Andalucía, no tiene regulado el ámbito de la juventud. El acuerdo que permitirá su aprobación se basa en 55 enmiendas del PP, “que no modifican el fondo, sino la técnica jurídica del texto”. También ha declarado que la posición del partido es crítica en general con la labor del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP), con unos compromisos que “no se están cumpliendo”, pero al tiempo ha defendido esta iniciativa, que parte de los regionalistas y estaba condicionada en los presupuestos de este año.
La ley responde a los acuerdos presupuestarios entre ambos partidos alcanzados a finales de 2024. Así, la ley entrará en vigor en enero de 2026, ya con su desarrollo reglamentario aprobado en septiembre, así como el Plan Integral que recoja los proyectos y la financiación correspondiente. La voluntad política del Gobierno de Buruaga a la hora de impulsar las políticas de juventud se verá reflejada por tanto en el presupuesto del próximo ejercicio, según el PRC.
Para los regionalistas hay “un antes y un después” de la aprobación de esta norma y, según la candidata regionalista, “esto va a recuperar la confianza de los jóvenes en la clase política y evitará que se vayan de esta tierra”, ya que “el objetivo es que puedan desarrollar un proyecto de vida en Cantabria”.
El secretario general de las Juventudes Regionalistas ha querido dejar patente, por su parte, “la incapacidad de un Gobierno y una Consejería de Inclusión Social paralizada, sin plantear ninguna política y mucho menos de juventud”. “Es una ley necesaria que ha sido redactada por jóvenes y para jóvenes”, ha subrayado.
Ayudas
La ley es un paraguas bajo el cual se regularán ayudas a la empleabilidad, el acceso a la vivienda, la gratuidad del transporte (sobre todo en municipios en riesgo de despoblación) y el acceso a “una formación de calidad y gratuita”, ha explicado el dirigente juvenil del PRC: “Si queremos revertir la situación de precariedad de hace casi 20 años. Desde la crisis de 2008, caímos en un pozo del que no conseguimos salir, con situaciones fatídicas para los jóvenes. Se han perdido dos generaciones y se puede perder la tercera, por lo que hay que poner fin a esa tendencia”.
“Lo difícil será ponerla en marcha, con reglamentos, un consejo y redactar el Plan Integral de Juventud. Seremos exigentes para que se apruebe en plazo y con los recursos necesarios. Tenemos que pelear para que no se quede en papel mojado”, ha añadido Alejandro Pascual.
Las ayudas para la emancipación de los jóvenes, en cuanto a vivienda, aún no se han concretado, pero manjan el escenario de que el parque público autonómico disponga de un cupo específico, es decir, un porcentaje destinado a jóvenes que se definirá en el reglamento. En Transportes, se pretende una gratuidad progresiva con especial atención al medio rural. El PRC quiere que haya una “discriminación positiva” para municipios en riesgo de despoblación, con gratuidad total en esos casos.
También ha aludido a las medidas previstas para garantizar el acceso de los jóvenes a la cultura en igualdad de condiciones, promoviendo la participación en su “creación, promoción, difusión y transmisión”, el fortalecimiento de “la identidad regional y cultural como elementos fundamentales para el arraigo juvenil” y la “promoción del liderazgo, el emprendimiento y la atracción y retención de talento joven”.