La cuenta atrás para el desalojo de Amparo Pérez ha comenzado. La vivienda de esta vecina de 86 años se interpone en la construcción de un vial que pretende facilitar la conexión entre la Autovía S-20 y el centro de Santander. El nuevo puente sobre la Vaguada de Las Llamas requiere de la demolición de la casa, pese a la negativa de la propietaria. Después de meses de litigios y protestas, un auto judicial permite al Consistorio desalojar la finca en un plazo de 15 días. La Policía Judicial ha entregado hoy la notificación correspondiente a la afectada y se fija como fecha límite el 2 de febrero.
Este lunes, a preguntas de los periodistas, el alcalde de Santander ha delegado la responsabilidad del desalojo de Amparo Pérez en los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Íñigo de la Serna asegura que serán los técnicos los que decidan el siguiente paso a seguir en relación a un caso que ya provocó una acampada de protesta en la propia finca, escraches, manifestaciones y la paralización de las obras. Además, una campaña de apoyo a través de las redes sociales bajo las etiquetas #Amparosequeda y #Amparonoestásola ha movilizado este fin de semana a personajes de la política nacional como los dirigentes de Podemos Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, José Ramón Blanco, ha asegurado a eldiario.es Cantabria que la asamblea abierta que celebrarán este martes en el Centro Cívico María Cristina (General Dávila, 124) contará con un único punto en el orden del día: el desalojo de Amparo Pérez. La PAH venía realizando una recogida de firmas -más de 4.000 personas se han sumado hasta el momento- y no renuncian a la puesta en marcha de acciones que frenen la expropiación.
Todos los colectivos y grupos políticos que se sumaron a la reivindicación y apoyaron de forma pública el caso están llamados a participar en el encuentro en el que se diseñará la estrategia a seguir. No se dan por vencidos pese al último varapalo judicial que pone las cosas aún más difíciles.
Si la familia quiere, los activistas estarán ahí para intentar evitar el desalojo. Ceden la iniciativa a los afectados, conscientes de los momentos de tensión y el sufrimiento por los que está pasando una mujer que no renuncia a la que ha sido su casa durante décadas. El nieto de la propietaria confirma además que no han tenido ningún contacto con el Ayuntamiento más allá de la notificación oficial. Ningún concejal o representante municipal ha dado explicaciones.
La que más claro lo tiene es Amparo: agotará el plazo y apurará todas las opciones antes de abandonar su hogar. La alternativa, si el Ayuntamiento no da marcha atrás y decide negociar, son los 79.000 euros que fijó el Jurado de Expropiación y que la familia considera insuficientes. O el 'exilio' al piso que le ofrece el Ayuntamiento -a cambio de 89.000 euros- en la zona de Peñacastillo.
De la Serna insiste en que el auto judicial es “suficientemente contundente” en el caso de Amparo Pérez y opina que el trato ha sido “exactamente el mismo” que el que se ha tenido con el resto de familias que han estado implicadas en este proceso de expropiación que se inició el año pasado a raíz del proyecto para construir el vial que conectará Camilo Alonso Vega con la S-20. El alcalde ha defendido en múltiples ocasiones que tomar otra medida distinta desde el Consistorio podría suponer una prevaricación.
El posible desalojo de Amparo Pérez viene precedido de un largo proceso administrativo y judicial, en el que la familia ha denunciado reiteradamente el “poco tacto” del Ayuntamiento con la anciana. Además, incluye un cambio de denominación del suelo en el que se asienta la vivienda, que pasó de ser urbano a rústico tras la aprobación en 2012 del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, con el consiguiente perjuicio económico para la propietaria.
El proyecto para construir el vial que exige la demolición de la casa estuvo paralizado durante años, hasta que el actual equipo de Gobierno municipal decidió rescatarlo y darle un empujón definitivo que se podría concretar en las próximas fechas con la expropiación forzosa del terreno y la finalización de las obras.
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