Contradicciones

Uno nunca termina de conocerse. Se tiene por un tipo racional y luego se encuentra defendiendo causas argumentalmente imposibles. No sé si a Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, le ha pasado un poco al contrario cuando se ha apresurado a oponerse al convenio de patrocinio del Racing, antes incluso de que este se presentara para su debate. En su comparecencia ante la prensa mostró sus carnets de abonado y esgrimió su condición de accionista del club para explicar que, aunque el corazón dicte otra cosa, hay decisiones que es conveniente tomar con la cabeza. Y pienso que algo de razón tiene, pero no termino de estar de acuerdo de él. Un lío.

El problema, en eso seguro que estaremos todos de acuerdo, no es menor. Tras dos décadas largas de trayectoria como sociedad anónima deportiva, tenemos al centenario club en el listado de morosos de Hacienda, con 8,9 millones de euros a las espaldas de todos nosotros. No es, ni de lejos, uno de los equipos de fútbol más incumplidores, pero otros, con deudas de hasta tres dígitos, están formalmente al día en los pagos porque van salvando los plazos acordados para ponerse al día con las arcas públicas. Que en el caso del Racing no haya sido posible llegar a un acuerdo para hacer lo mismo es uno de los grandes misterios de este asunto, y lo que ha llevado a que se articule la solución a la que con tanta presteza se ha opuesto Ciudadanos.

Que el rechazo de Ciudadanos haya sido demasiado prematuro no resta peso a los argumentos expuestos por el partido naranja para explicarse. Porque si las cosas son como se están diciendo, el remedio no solo es cuestionable, sino que tiene muy complicado eludir las leyes que prohíben las ayudas públicas a los clubes de fútbol. Un patrocinio de un millón de euros por temporada durante diez años, a un equipo que hoy milita en la tercera categoría del fútbol español, está tan fuera de mercado que tiene muy pocas posibilidades de convencer a un tribunal de que no es lo que parece: una ayuda encubierta.

Aunque una buena redacción del convenio pudiera eludir esa amenaza, más difícil es que pueda salvar el absurdo que rodea a todo este asunto. Lo que está sobre la mesa es un plan que compromete diez millones de euros de dinero público, en otros tantos años, para contratar un crédito que permita pagar nueve millones de deuda, quedando el millón restante para hacer frente a los intereses de ese préstamo. O lo que es lo mismo, una administración del Estado –la autonómica de Cantabria– abona unas cantidades que servirán para que el beneficiario salde su deuda con otra administración del Estado, la central. El juego de competencias y el enrevesado sistema de financiación autonómica pueden llevar a pensar otra cosa, pero visto desde la óptica del contribuyente ese ir y venir de dinero no es otra cosa que una condonación de deuda, y además cargando con los gastos.

Otra muestra del absurdo y de la incoherencia de todo esto es que hemos llegado a este punto porque hay una imposibilidad legal de alcanzar soluciones menos discutibles. Ya sabemos que no son posibles las ayudas, pero es que además la situación financiera del propio Gobierno de Cantabria le impide conceder avales o préstamos, una alternativa que implicaría un riesgo, pero no un gasto. Aunque la incongruencia más evidente es la de Hacienda, que no puede acordar un plan de pagos con el Racing porque los anteriores propietarios del club –que nada tienen que ver con los actuales– incumplieron acuerdos similares en el pasado. Todos los acreedores privados han aceptado quitas y aplazamientos pero Hacienda, que ya no sé si somos todos, prefiere el impago seguro que resultaría de la desaparición del club antes que torcer la mano, pactar un calendario y cobrar hasta el último euro. Cuesta creer que sea más fácil diseñar un costosísimo plan de patrocinio que convencer a Hacienda para que articule una solución que no costaría un euro a las arcas públicas. Cuesta creerlo pero, si es así, ahí tendrán un argumento inmejorable quienes piensan que el actual modelo de organización del Estado es caro e ineficaz.

Como Rubén Gómez, yo también podría enseñar carnets de abonado y esgrimir mi condición de accionista pero, a diferencia de él y llegado el caso, no sabría qué sentido dar a mi voto. En realidad, si cumplido el trámite parlamentario, discutidas todas las opciones y explorados todos los caminos, si después de todo eso, digo, resulta que la chapucera solución del patrocinio es la única posible, sospecho que votaría a favor. Ya ven, uno nunca termina de conocerse.