El pacto de la vergüenza

Ya podemos dejar de hablar de investigados o de presuntos delitos. Durante años, en el seno de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, —uno de los departamentos más inversores y la joya de la corona a nivel político para asegurarse inauguraciones y ganarse favores a nivel municipal—, operó con impunidad y saltándose todos los controles una trama corrupta que amañó contratos, cobró mordidas y cometió cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación, enriqueciendo a corruptores y corruptos. No hay discusión al respecto, ni tendremos que esperar a una sentencia condenatoria, porque así lo han reconocido todos los implicados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que reduzca a la mínima expresión sus penas.

Los investigados por la trama en el Servicio de Carreteras de Cantabria, que realizaba adjudicaciones irregulares de contratos con un funcionario como cabecilla y principal beneficiario, junto a varios empresarios que pagaban a cambio de quedarse con las obras, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo que cuenta con el aval de la Fiscalía y del Gobierno de María José Sáenz de Buruga (PP), que sorprendentemente se ha quedado muda y ha omitido ninguna valoración al respecto después de que durante meses fue su principal argumento electoral para derrotar al expresidente Miguel Ángel Revilla (PRC) en las urnas.

Podemos hablar abiertamente de pacto de la vergüenza. Un acuerdo como este, que evita el juicio, hurta a los ciudadanos de Cantabria la posibilidad de que la investigación vea la luz con toda la exposición pública que merece el caso. Que se escuche a testigos, a peritos, que se expongan las pruebas, las grabaciones y seguimientos realizados, que los investigados tengan que responder a las preguntas pertinentes y, esta vez sí, paguen también la tan cacareada pena de banquillo. Porque era la ocasión perfecta para ser ejemplar, para demostrar transparencia, para no negociar con corruptos y corruptores. Solo así se pondrá la primera piedra para que no vuelva a ocurrir, para que otros se lo piensen mucho antes de dar un paso sin retorno con el dinero de todos.

El acuerdo alcanzado con las defensas incluye una pena de siete años y un día de cárcel en el caso del principal encausado, el funcionario considerado cabecilla de la red, que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa en la que se enriqueció ilícitamente. También deberá pagar una multa de más de un millón y medio de euros, mientras que su mujer será condenada a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón de euros.

El resto de procesados, —el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina, el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa— han pactado dos años de cárcel y multas económicas sustancialmente más bajas, asequibles para sus bolsillos, lo que traslada la inmediata sensación a la sociedad cántabra de que el 'riesgo' que corrieron estos empresarios corruptos con sus actividades ilícitas les mereció la pena. Durante años, se impusieron a su competencia y medraron dentro de la Administración. Una vez que una persona anónima puso sobre la pista a las autoridades y les cazaron, el saldo sigue estando en positivo para ellos. Y otra vez, los corruptores quedan fuera del radar de la justicia y de la opinión pública. Muy pronto estarán rehabilitados y aquí no ha pasado nada. Hasta que vuelva a pasar.