Hay un chiste muy bueno que corre por ahí y que es de los que a mí me gustan, porque es sencillo y su efecto retardado es demoledor:
-¿Qué es más rapido que la luz? -dice la pregunta.
-¿?
-El recibo de la luz.
No sé si cuando lean esto lloverá, nevará o estarán en bermudas, pero seguro que pagarán más y no menos por el suministro eléctrico, uno de esos servicios cuyo precio tiende hacia las alturas de manera secreta e ininteligible, poniéndose al mismo nivel de cosas cuyo precio no ha bajado con la crisis ni con los avatares climáticos, caldos de cultivo como sabe para la 'competitividad' tarifaria: las drogas, incluido el gin-tónic. Ahora cobra un nuevo impulso el recibo de la luz, ese galimatías técnico deliberadamente oscuro, cuya carrera exponencial hacia las alturas lo hace competir con los últimos adelantos de la Nasa y su Jet Propulsion Laboratory. Va como un cohete, vamos.
Nadie puede llamarse a engaño y abundante información se ha ofrecido de lo que pasa, pero mi apelación es más política que técnica y este debate me recuerda una intervención genial del difunto diputado regional Martín Berriolope, quien, en pleno debate técnico-economicista desarrollado en comisión parlamentaria y ante la avalancha de datos que se le venía encima, dijo una cosa que debería ser esculpida en mármol: “Yo soy político y vengo a hablar de política”.
No hay que caer en la trampa economicista en un debate que no es de contables, sino que es sobre todo, y por encima de todo, político, ya que atañe a servicios estratégicos y derechos ciudadanos.
El Estado no sólo tiene la obligación de la defensa de los servicios estratégicos, aquellos que prestan servicio a necesidades básicas, sino que ha de hacerlos accesibles a todos, puesto que todos tenemos necesidades básicas. Y el Estado, sea quien sea el que gobierne, tal vez porque sus altos dignatarios piensen más en muelles puertas giratorias que en la defensa de aquellos que les pagan, se revela una vez más como un árbitro que siempre barre para casa, ese retiro dorado en un consejo de administración de una gran empresa. Esto también es hacer política, mala política.
Podríamos hablar de los costes de producción (en manos de las empresas que actúan con carácter oligopólico y que abren o cierran a voluntad el grifo de los costes), de la doble imposición fiscal que pagamos por el suministro eléctrico, o del desmantelamiento legal de alternativas como las renovables y el autoconsumo eléctrico, con el concurso entusiasta de algún ministro 'panameño'.
Pero un debate 'a lo Berriolope' requiere ver el recibo de la luz bajo 'otra luz': aparte de con dinero, el suministro eléctrico se paga con sufrimiento.
En Europa, paradójicamente, la mayor mortandad invernal de la población se produce en los países cálidos, no en los fríos. ¿No le llama la atención? Malta, Portugal, Chipre y España están a la cabeza en cuanto a defunciones. ¿Cómo puede morir la gente de frío en países cálidos en donde la temperatura roza los cero grados de manera excepcional? Bien sencillo: porque el frío no está en las calles, sino en las casas.
El caso de Portugal es clamoroso (un país, por cierto, que ofrece a los ciudadanos acogerse a tarifas eléctricas con especiales descuentos para personas con escasos recursos). Si la media europea de mortalidad invernal está en un 15%, en Portugal el porcentaje se dispara hasta el 28% y en España se sitúa en el 21%. Más datos. En Portugal, el 23,8% de la población no consigue calentar sus casas, un porcentaje que en España es del 11%, aún por encima de la media europea del 10%. Todas estas cifras esconden un corolario real y físico de seres humanos que sufren y/o mueren de frío.
No es una broma, por lo tanto, que el precio de la luz se dispare. Es un hecho gravísimo que acarrea un coste real y cuantificable en sufrimiento y muerte de personas. Por lo tanto, la alteración artificial de los costes y la desregulación gubernamental para que el acceso a un servicio se rija por las leyes de la oferta y la demanda, ha de ser investigado. Si se demostrara que ha sido así, que ha habido una responsabilidad criminal en la alteración del precio de los servicios básicos que bloquea el acceso a amplias capas de la población, ello ha de tener respuesta de la sociedad no solo en término de sanciones (las grandes empresas tienen contabilizadas en sus cuentas estas contingencias), sino también en términos políticos y penales.
Al igual que hace más frío dentro de las casas que fuera, también se generan dos realidades dependiendo de si estamos en nuestro domicilio o en la vía pública. Nadie va por la calle con un cartel que diga: 'Tengo frío', 'Estoy en el paro', 'Sufro una enfermedad', porque la calle es un espacio políticamente inocuo en donde las excepciones a la regla se esconden debajo de la alfombra.
Es en el interior de las casas, desprovistos ya de la hipocresía social que hemos asumido con docilidad acrítica, en donde miles de ciudadanos pasan meses sin encender la calefacción, donde se suprimen una o varias comidas del día, donde se vive en todo su esplendor el martirio de la enfermedad y la precariedad. Y no pasa nada. Por lo tanto, exigir responsabilidades por lo que todavía está ocurriendo es una manera no sólo de sacar el frío de las casas, sino de devolver al ciudadano la centralidad del espacio público que nunca debió abandonar.
Si la chispa de toda revolución la prendió el encarecimiento del pan, que al menos lo que ocurre con la factura de la luz sirva, si no para revolucionar nada, sí para darnos cuenta de lo que somos y de lo que podríamos ser si quisiéramos.
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