“Los gobiernos deben intervenir en la vivienda y no pueden dejar todo en manos del mercado porque las ayudas no son suficientes”

Eugenia Gómez de Diego (Santander, 1976) tiene claro que la receta para garantizar el acceso a la vivienda pasa por desterrar el liberalismo salvaje y aplicar regulaciones. “Los gobiernos deben intervenir en la vivienda y no pueden dejar todo en manos del mercado porque las ayudas no son suficientes”, asegura la responsable de esta materia del Gobierno de Cantabria. Para ello, y en plena crisis sanitaria y económica que afecta directamente a este derecho fundamental, aboga por ampliar el parque público: más VPO, más alquiler social y más soluciones a situaciones de emergencia habitacional, objetivo que se verá reflejado en los próximos presupuestos autonómicos. Esta abogada de profesión, que lleva un año al frente de esta dirección general, pone a la futura Ley de Vivienda de Cantabria, cuyo anteproyecto verá la luz después de Navidad, como el pilar fundamental para blindar el derecho a la vivienda, en un texto unificado y que “protegerá” al consumidor en las operaciones de compra y alquiler.

En plena segunda ola de la pandemia, ¿Cantabria puede garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables?

Estamos trabajando en avanzar y en garantizar ese derecho. De hecho, es el objetivo de la legislatura y, por tanto, un pilar fundamental, que va a suponer un antes y un después en Cantabria en esta materia, será la nueva Ley de Vivienda. Estamos redactando el anteproyecto, pero nos coincidió el confinamiento con el proceso de participación con todos los agentes relacionados con la vivienda, por lo que ahora en noviembre y diciembre haremos unas jornadas previas de reflexión y de debate antes de presentarlo. Y en el día a día, porque no se puede esperar a la aprobación de la ley, desde hace un año estamos sumando todos los esfuerzos posibles para aumentar el parque de vivienda público. Es una pieza fundamental contar con más viviendas de titularidad pública. Hace unos meses acordamos con la SAREB la renovación de unas viviendas que tenían cedidas para que continúen en el parque público y con Liberbank firmamos un convenio y nos ha cedido 50 viviendas. Unas las tenemos en obras de acondicionamientos y otras incorporadas plenamente y, de hecho, ya hay familias viviendo en ellas con alquiler social. Y, finalmente, estamos en proceso de compra de varias viviendas y en el proceso de recuperación de otras diez de titularidad pública, que se estaba haciendo un mal uso de ellas.

Vamos por partes, sobre la Ley de Vivienda, entiendo que dadas las circunstancias es complicado concretar plazos, pero ¿qué fecha estima para sacarla adelante?

La presentación del anteproyecto seguramente sea después de Navidad. Hemos hecho un proceso de consulta pública, para el que acaba de finalizar el periodo de alegaciones. Ha habido personas a título individual y también organizaciones que nos han presentado sugerencias que estamos analizando para incorporar al texto que se está redactando y después de las jornadas que comentaba anteriormente lo presentaremos. Será pronto, en los próximos meses.

Para que la gente de a pie lo entienda, ¿qué beneficios reportará a Cantabria tener una Ley de Vivienda propia?

El principal es que hay muchas regulaciones que afectan a la vivienda que están desperdigadas. El objetivo con esta norma es tener en un mismo texto, de una manera integral, todos los aspectos de la misma. Además, estamos cuidando mucho que se lleve a cabo con un lenguaje claro, conciso y sencillo de leer. Que no haga falta ser un técnico para comprenderla. Y respecto al fondo, la ley regulará el acceso a la vivienda de todas las personas, pero no solo eso, sino también cómo debe ser esa vivienda: digna, con unos criterios de calidad y sostenibilidad energética y medioambientales, así como su accesibilidad universal. Queremos tener en cuenta todos los parámetros que se nos indican a nivel internacional de cómo tiene que ser una vivienda del siglo XXI. Y otro de los aspectos fundamentales, porque tenemos un parque público muy antiguo, tiene que ver con la conservación, rehabilitación y regeneración de las zonas vulnerables social y económicamente. Y habrá un título, que será muy tangible, dedicado a la protección de los consumidores, tanto para operaciones de compra como de alquiler. Que lo que adquieres se ajuste a la oferta. Así que esos son los tres pilares de la ley: el acceso, el uso y la conservación.

Ha mencionado anteriormente que están adquiriendo viviendas de titularidad pública. En julio el Gobierno adjudicó una veintena de ellas en Campuzano, ¿puede concretar un poco cuántas serán las nuevas y en qué zonas hay más demanda?

La demanda se concentra principalmente en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, por los datos que tenemos del registro de demandantes de vivienda para compra y alquiler. Entonces esas van a ser nuestras zonas prioritarias, tanto a la hora de adquirir vivienda a través de la compra, como de nuevas promociones que se puedan hacer como la de Campuzano o, incluso, sacaremos una bolsa de viviendas de alquiler, que se va a tramitar dentro de poco, en las áreas prioritarias de captación de vivienda: todo el arco de la bahía, Torrelavega y Castro Urdiales.

En las viviendas de Campuzano que mencionabas ya han terminado las obras, quedan unos trámites administrativos y ya se podrá hacer la firma de contratos y las entregas de llaves. Hace un año había 282 viviendas en el parque público de vivienda de alquiler y acabaremos el año con 389. Queremos seguir así porque hemos hecho un esfuerzo importante en solo un año y somos conscientes de que con las circunstancias actuales cada vez es más difícil el acceso a la vivienda y a crédito, sobre todo por parte de los jóvenes, quienes no tienen capacidad de ahorro. Por eso, el presupuesto de Vivienda va a ir destinado prácticamente a los dos pilares que te he comentado: ampliar el parque público y ayudas a la rehabilitación de edificios.

El presupuesto de Vivienda irá destinado a ampliar el parque público y a la rehabilitación de edificios

Ha citado la dificultad que tiene la población joven de acceso a la vivienda. El Gobierno de Cantabria concede una serie de ayudas al alquiler, para las que recientemente ha simplificado sus trámites burocráticos, pero ¿tiene previsto alguna medida adicional como ampliarlas o relajar los requisitos para poder acceder a ellas?

Estamos evaluando el plan vigente y todas sus líneas, porque es verdad que tenía una vigencia hasta 2021, de manera que tenemos que redactar uno nuevo. Nos parece interesante mantener las ayudas al alquiler y analizar todos los colectivos que entendemos que hay que proteger, y por eso hemos creado un programa de acceso a la vivienda para colectivos más vulnerables. No obstante, ya había colectivos vulnerables en las ayudas ordinarias de alquiler, por lo que queremos reordenarlo. Un programa para familias o personas solas beneficiarios de esas ayudas porque son vulnerables y otro para colectivos que no son vulnerables y se quedan fuera de las ayudas, pero que las necesitan ahora mismo. Lo tenemos sobre la mesa, pero no podemos hacer ningún anuncio en ese sentido.

¿Entonces han notado que ha aumentado la vulnerabilidad?

Sí, sobre todo en personas mayores y solas. Uno de los problemas que nos hemos encontrado es que en el parque público de vivienda la mayoría de las que tenemos son de dos y de tres habitaciones, y ahora nos entran muchas solicitudes de personas solas y mayores. Por eso estamos valorando incorporar viviendas de una sola habitación porque está variando el perfil de los solicitantes.

Siguiendo con los alquileres, sus precios están disparados, una realidad que el Gobierno central pretende revertir con su regulación, contemplada en los PGE que han comenzado su tramitación recientemente. ¿Qué opina de esta medida?

Como aspecto positivo destacamos que la tramitación de la ley estatal va a ir en paralelo a la autonómica, con lo cual vamos a evitar adelantarnos. Queremos ver si la ley estatal va a ir a más o si, por contra, se va a quedar más corta y nosotros podemos ampliarla o complementarla. Desde el Gobierno de Cantabria, nuestra apuesta para reducir el precio del alquiler es que haya más viviendas en el mercado. Ahora mismo nuestros esfuerzos, que se verán reflejados en los presupuestos del año que viene, se centran en tener más vivienda pública y captar viviendas privadas que están vacías. Queremos incentivar la movilización de la vivienda vacía. Con los grandes tenedores estamos en conversaciones, con las entidades que están en Cantabria, para que las comercialicen y, en caso de que no lo hagan, que nos las cedan para ponerlas nosotros en alquileres asequibles. Además, queremos lanzar la bolsa de vivienda en alquiler porque nos parece interesante para los particulares que tienen un piso vacío y no lo ponen en el mercado, por miedo a impagos o a que se produzcan daños en el inmueble. Queremos sacar un programa atractivo para llegar a un acuerdo. El objetivo es que pasen al parque público de vivienda durante un periodo de tiempo y el Gobierno les garantiza que todos los meses van a recibir su alquiler y que se les va a devolver la vivienda vacía y en perfectas condiciones. Lo que es cierto es que los gobiernos no pueden dejar todo en manos del mercado, sino que debe haber una intervención porque las ayudas no son suficientes.

Otro de los asuntos delicados relacionado con la vivienda es la problemática de los desahucios. Colectivos como la PAH o STOP Desahucios han suspendido recientemente varios actos previstos por lanzamientos que finalmente no se han ejecutado. ¿Cómo actúa la Oficina de Emergencia Habitacional en estos casos?

Hacemos un balance muy positivo del funcionamiento de la Oficina de Emergencia Habitacional. A veces nos sorprenden las críticas que hacen esos colectivos porque en este último año, que es de lo que yo puedo hablar, todas las familias que se encuentran en una situación de desahucio y que solicitan los servicios de la Oficina de Emergencia Habitacional, porque no podemos actuar de oficio, han tenido respuesta. A todos los que cumplían los requisitos se les ha dado una solución habitacional. Y los requisitos son fundamentalmente encontrarse en una situación de vulnerabilidad por una circunstancia sobrevenida, bien por una catástrofe natural o bien porque las circunstancias económicas han variado y no puedes hacer frente al pago de una hipoteca o de un alquiler. También es cierto que desde el Gobierno de España se han tomado medidas para que por la pandemia se paralicen los desahucios, lo que nos da un respiro, tanto a las familias como a la propia Administración.

Por sus palabras iniciales, en las que hablaba de las críticas que reciben de los grupos antidesahucios, deduzco que la relación entre ambas partes no es especialmente buena…

No, para nada, es muy correcta. A lo que me refiero es que no se entienden las críticas a la Oficina de Emergencia Habitacional que vemos a veces en las noticias porque la Oficina atiende, recaba la información, ofrece una vivienda, hace intermediación… Me parecen injustas. Pero no hay ningún problema con la PAH y STOP Desahucios. De hecho, desde que he tomado posesión hemos tenido diferentes reuniones, les he atendido, tanto por teléfono como en mi despacho, cuando lo han necesitado, nos intercambiamos información sobre vivienda y ayudas… En definitiva, les considero un agente más con el que se debe mantener relación porque están muy implicados y hacen una labor de acompañamiento a las familias que están pasando dificultades y de visibilizar un problema importante. Tampoco se les da un trato especial, ya que se trata por igual a las familias que acuden a la Oficina tanto acompañadas por alguna de estas plataformas como solas.

Entonces, la recomendación para una persona o familia que se ve en una situación crítica respecto a su vivienda es que acuda inmediatamente a la Oficina de Emergencia Habitacional.

Sí, cuanto antes mejor, en el momento en que empiezan a tener dificultades. Cuanto más tiempo tengamos encontraremos un recurso más adecuado. No tenemos viviendas en toda la comunidad y siempre tratamos de adaptarnos a lo que más convenga a la familia: si hay menores o no, si hay personas con algún tipo de discapacidad, si cuenta con coche… Todo ello se valora y si nos llega una solicitud con un desahucio en dos días tenemos muy poco margen de maniobra.

El problema de las despoblación rural y la migración del campo a la ciudad afecta considerablemente a Cantabria. ¿El Gobierno cuenta con planes de ayudas, sobre todo para jóvenes, para incentivar que esto no ocurra?

Ahora mismo tenemos unas ayudas a la compra de vivienda para jóvenes menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes que llegan hasta los 10.800 euros, y tenemos solicitudes todos los meses que vamos resolviendo. Y el Gobierno de Cantabria, en el proyecto de reactivación económica presentado a los fondos europeos, incluye programas que van en esa línea, en cómo actuar en aquellos núcleos rurales que están en riesgo de despoblación para, sobre el parque ya edificado, regenerar las zonas y rehabilitar los cascos históricos y mejorar las condiciones de habitabilidad. También supone un movimiento de actividad económica en el municipio. Y para las personas sin hogar, un colectivo bastante invisibilizado, hemos presentado un proyecto para que en Cantabria sea una realidad el programa ‘Housing First’, con el que garantizar que tengan un techo, que es lo básico, y a partir de ahí abordar sus necesidades.

En las últimas semanas ha saltado al plano mediático la que, desde algunos sectores, principalmente de la derecha y extrema derecha, consideran como la problemática de la 'okupación', a nivel nacional y autonómico. Los pocos datos con los que contamos desmienten esa teoría de que se trate de un problema social. ¿El Gobierno tiene más información al respecto?

Los datos que tenemos, los que tiene todo el mundo, son los que facilita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los cuales desprenden que en Cantabria la 'okupación' no es un problema. Entendemos la preocupación de familias que les haya podido pasar, porque tampoco es que no exista, pero los datos no son preocupantes. En este sentido, intentamos no alarmar, no generar inseguridades o miedos donde no hay motivos para ello. No hay razones para pensar que si te vas de vacaciones o vas a comprar el pan te van a ocupar tu vivienda.

¿Podría decirse entonces que es una realidad sobredimensionada alentada por la derecha y ultraderecha?

Sí, yo creo que sí.