Radiografía de la 'okupación' en Cantabria: las diligencias incoadas por la Fiscalía por usurpación de vivienda en 2019 estuvieron por debajo de la mitad de 2018

Las diligencias previas incoadas por la Fiscalía en casos de usurpación de vivienda fueron el pasado año un 51,3% inferiores a las realizadas en 2018, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. En concreto, se incoaron 91 diligencias previas en 2019, menos de la mitad que un año antes en que se incoaron 187. Las sentencias dictadas en Cantabria el pasado año en juicios sobre este delito por 'okupar' viviendas que no son residencia habitual se elevaron a 11.

Radiografiar con precisión los delitos relacionados con la 'okupación' (allanamiento de morada o usurpación) tropieza con la falta de datos actualizados. La Memoria de la Fiscalía es una fuente de ello, así como el Consejo General del Poder Judicial, pero, o bien no son homogéneos, o no están actualizados. Así en su informe de 2019, el órgano de gobierno de los jueces cuantifica en 34 los juicios verbales posesorios (aquellos centrados en recobrar una propiedad) celebrados en Cantabria.

Otras fuentes como el Servicio Estadístico de Criminalidad (SEC) no tiene desagregados los datos hasta concretar el alcance de la usurpación dentro de su tipología de delitos contra el patrimonio.

Pese a la disparidad de datos, cuando los hay, los representantes políticos cántabros se han metido en una espiral legislativa en la que dan por supuesto que la 'okupación' de viviendas ha crecido 'exponencialmente', como señaló días atrás el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

Este lunes, el Parlamento cántabro aprobó, con la abstención socialista, instar al Gobierno de la nación a endurecer las sanciones por este delito, prácticamente equiparando la 'okupación' de una vivienda sin habitar con una habitada, es decir, la usurpación con el allanamiento. Imprimiendo una vuelta de tuerca más, los regionalistas aceptaron una enmienda de Ciudadanos para demandar además una ley específica en la materia, cuando la pasada semana anterior no consideraban necesaria nueva legislación.

La proposición no de ley del PRC se vio así complementada por una enmienda de adición de Cs, que instaba al Gobierno central a impulsar “de manera urgente” en las Cortes una Ley Antiokupas que permita terminar con la actual situación de ocupación ilegal de viviendas y locales y que “fortalezca” también la asistencia habitacional de personas en situación de vulnerabilidad respetando las competencias autonómicas. La enmienda de Cs fue aceptada por el PRC al considerar que “complementa” su petición.